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Redacción VISOR21
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emitió un pronunciamiento contra las “acciones de acoso y hostigamiento” que lleva adelante el Gobierno del presidente Luis Arce, en contra de radios comunitarias de los Yungas, en La Paz, a las que se les secuestró equipos e impusieron injustificadas multas. Tres de esas radioemisoras fueron cerradas y otras dos están afectadas por la “sistemática” violación a los derechos de la prensa.
“La ANPB y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresan su alarma y preocupación ante las sucesivas acciones de acoso y hostigamiento que lleva adelante el gobierno central, desde la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT), en contra de medios de comunicación de los Yungas, que han conducido a graves situaciones como el cierre, el secuestro de equipos, el retiro de licencias de funcionamiento y la imposición de onerosas e injustificadas multas”, señala parte del comunicado emitido por el ente nacional de los periodistas.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, junto a los presidentes de las asociaciones de periodistas de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando y Santa Cruz, se encuentran reunidos en la capital cruceña, en el marco del “Encuentro Taller organizado por la ANPB y el Centro de Información y Documentación de Bolivia (Cedib), sobre el derecho a defender Derechos Humanos”.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, señaló que el cierre de las radios yungueñas tiene un factor político, por el interés que tiene el Gobierno sobre ese territorio. “También está la preocupación de otras formas de presión, que no son visibles, como las amenazas que se dan contra periodistas y la presión a dueños de medios de comunicación para destituyan a quienes les genera un problema político, o como fue el caso del cierre del periódico Página Siete”, mencionó Talavera.
Alanes detalló que tres radios yungueñas fueron cerradas y otras dos son víctimas de presiones y podrían sufrir el mismo destino. En esa línea, la ANPB envió notas de reclamo al Viceministerio de Comunicación, los ministerios de la Presidencia y de Justicia, para que intervengan para el restablecimiento de las fuentes laborales de varios periodistas, hecho que repercute sobre el derecho de acceso a la información que tiene la sociedad.
“Coincidentemente, estas acciones se ejecutan contra radioemisoras que tienen una línea editorial de defensa de los intereses de los sectores campesinos productores de coca de los Yungas, y de cuestionamiento a las políticas de represión ejecutas en contra de ese sector. Recordamos al Gobierno que rige en Bolivia que los derechos a la libertad de opinión y de acceso a la información no pueden ser conculcados de ninguna manera, y menos por decisiones políticas y arbitrariedades que buscan acallar las voces críticas al poder”, concluye el comunicado de la ANPB.
Talavera informó que en el encuentro que se realiza en Santa Cruz se analizará problemas como la violencia verbal y física hacia los periodistas, el control y manejo de la pauta publicitaria estatal como mecanismo de premios y castigos, la presión sobre los medios para despedir a periodistas “incómodos” al poder central y la precariedad laboral.
ATT
Por su lado, ayer, el director de la ATT, Néstor Ríos, informó que en lo que va del año, el Gobierno intervino 42 “radios ilegales” en todo el país.
“Se ha aseverado que la ATT está afectando a radios por un tipo de contenido político, nosotros no analizamos ese aspecto, se han cerrado diferentes radios de contenido comercial que podrán tener noticieros, que no podrán tener noticieros, que generaran el uso para cualquier otro tipo de contenido, en eso la ATT no tiene ninguna relación”, declaró Ríos.
El funcionario afirmó que la entidad a su cargo debe continuar con su labor de “proteger” a los “medios de comunicación legales, que apoyan el objetivo de erradicar las radios ilegales”. Reportó que, a la fecha, la ATT hizo operativos en Cochabamba, Sacaba, Vinto, Santa Cruz, Montero, los Yungas, El Alto, Viacha, Coripata, Irupana, Huancané, San Antonio, La Calzada, entre otras localidades. La urbe alteña es donde se identificó la mayor cantidad de radios ilegales.
Ríos también justificó la intervención a los medios de comunicación, con el argumento de que las emisoras ilegales no pagan tasas de regulación, impuestos, ni derechos de uso de frecuencias y afectan a las aerolíneas y al servicio aeroportuario del país porque ocasionan interferencias a las bandas aeronáuticas.