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CARLOS LEDEZMA
Cuentan las crónicas del 30 de octubre de 1983, que Argentina celebraba elecciones generales luego de una dolorosa dictadura militar de siete años. Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, candidatos de la Unión Cívica Radical (UCR), se alzaban victoriosos con un porcentaje del 51,75% de los votos (sobre un total de 15.350.186 de votos ciudadanos). Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre del mismo año en un escenario político, económico y social bastante complejo.
“Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”, había manifestado Alfonsín en uno de sus discursos, aunque le costaría mucho más que un simple discurso el reconducir las riendas de un país seriamente lastimado. El Proceso de Reorganización Nacional de aquella democracia recientemente recuperada, tenía una convicción bastante sólida por parte de sus ciudadanos que estaban seguros de poder superar toda situación adversa, a través del deseo y la voluntad férrea para solucionar los múltiples problemas que la aquejaban.
La agenda de aquel gobierno democrático estaba marcada por la cuestión militar, derechos humanos, sindicatos y política económica. El 22 de diciembre de 1983, el Congreso dejó sin efecto la ley de autoamnistía con la que se había intentado blindar a los responsables de torturas, muertes y desapariciones durante el periodo de la dictadura. Las juntas militares terminarían sentándose en el banquillo de los acusados. La Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP), coadyuvó para que los procesos tengan la celeridad debida, dándose a conocer los fallos de condena en diciembre de 1985, contra Videla, Massera y Viola.
La reforma sindical fue otro tema que concitaba la atención del gobierno de Alfonsín, la propuesta de democratización de la actividad sindical que había sido elaborada varias décadas antes volvía sobre el tapete. Se votó por parte del parlamento, siendo rechazado por un voto en el Senado, por lo que el Ejecutivo se vio obligado a buscar la negociación con los dirigentes sindicales, que consideraron un fracaso aquel intento de reforma llevada a cabo por los radicales, lo que permitió que se fortalecieran y conformen para el año 1985 las viejas conducciones sindicales de corte peronista.
La inflación desatada el año 1984, con las consabidas maniobras especulativas de los comerciantes, la deuda externa que se incrementó durante los gobiernos militares y el déficit fiscal, requerían intervención urgente. Se intentó reactivar el mercado interno, incremento salarial, créditos empresariales, control estatal de precios, que fueron rechazadas por los distintos sectores productivos de Argentina. Los empresarios exigían el fin del intervencionismo estatal, poder manejarse bajo las reglas del mercado, mientras que los sindicatos apelaban a razones más políticas y menos técnicas.
La implementación del denominado “Plan Austral” condujo al congelamiento de precios, salarios y tarifas de los servicios públicos, una política de control de cambios y de la tasa de interés, la supresión de la emisión monetaria y la indexación, incorporando como nueva moneda: “el austral”, en remplazo del peso. Estas medidas lograron – parcialmente – que retrocediera la inflación, los gastos públicos se habían reducido notablemente, aunque los datos tan auspiciosos se diluyeron ante la caída de los precios internacionales del grano y la imposibilidad por parte de los empresarios de mantener las medidas por mucho tiempo, viéndose estrangulados e imposibilitados de cumplir.
El siguiente paso fue tratar de obtener el favor de los organismos de crédito internacional, tratando de conciliar las necesidades de ajuste fiscal y los intereses empresariales, anunciando para el año 1988 la implementación del “Plan Primavera”, que buscaba entre otras cosas reactivar la inversión extranjera y recuperar la confianza de los organismos internacionales, abandonando las medidas de heterodoxia económica, proponiendo claramente medidas más próximas a la ortodoxia liberal.
El fortalecimiento del liderazgo sindical a través de su férrea oposición a las medidas económicas asumidas por el gobierno de Alfonsín, deterioraban cada vez más la gestión. A comienzos del año 1989, una movilización organizada por el Movimiento Todos Por la Patria a la cabeza de Enrique Gorriarán Merlo, ocupó el regimiento de La Tablada, indicando que desde allí se llevaría a cabo el futuro golpe de Estado. La situación no podía ser más preocupante: hiperinflación, deuda externa impaga, la depreciación de los salarios condujo al pueblo a escenarios de violencia social, obligando al gobierno de transición a adelantar los comicios.
El 14 de mayo de 1989 se alzó con el triunfo el candidato del Partido Justicialista, Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, asumiendo la primera magistratura el 8 de julio de 1989. La Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado, fueron aquellas con las que inauguró gestión el nuevo gobierno. Se anularon los subsidios y regímenes de promoción económica que formaban parte de las medidas populistas que se empeñaban en sostener desde el gobierno. Se procedió a la reducción masiva de funcionarios públicos. Se dio paso a la privatización de empresas estatales, lo que se tradujo en el apoyo de instituciones internacionales que vieron con buenos ojos las medidas asumidas, por lo que volvieron a trabajar con la República Argentina.
Carlos Menen logró el consenso necesario para llevar adelante la reforma de la Constitución que introdujo la posibilidad de la reelección presidencial, teniendo la oportunidad de gobernar durante dos periodos, entre 1989 a 1995 y de 1995 a1999. Logró una transformación social y económica significativa, como consecuencia de las reformas inspiradas en las propuestas liberales a las que se adherían los organismos de crédito internacional. Se implementaron de manera exitosa gracias a que pudieron suspender la tutela del Estado en la economía nacional, logrando que pueda abrirse sin reservas a los requerimientos del mercado externo. Medidas de un fuerte calado social, justificadas por la agudeza de la crisis y la necesidad de estabilizar la economía argentina.
Durante el primer mandato, no tuvo casi objeciones, las voces opositoras querían ver que se equivoque para saltar como lobos tras su presa. Para su segundo periodo, comenzaron a emerger las protestas sociales a partir de la creación del Movimiento de Trabajadores Desocupados, otro sector que tuvo una fuerte influencia fue el movimiento piquetero, ligado a la corriente del movimiento obrero. El germen del conflicto comenzó a desarrollarse en los distritos populares del conurbano, que había sido sometido a un fuerte proceso de descolectivización de la clase trabajadora.
Para 1999, Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez, candidatos de la Alianza para el Trabajo – una alianza hecha a partir de divergentes facciones políticas organizadas desde 1994 (Peronismo, UCR, Partido Intransigente) –, llegaban al poder tras una larga campaña en contra de las políticas de su antecesor. Lo paradójico fue, que lejos de revertir las políticas asumidas durante la década de los años noventa, se mantuvieron firmes y subsistentes en ellas. La Argentina arrancaba el nuevo milenio con un recorte en los salarios públicos, un intento por reducir el costo de los servicios, un intento por reducir el presupuesto de las Cámaras Legislativas, sin acertar en ninguna de las medidas, comenzando a desestructurarse a los pocos meses, a partir de un cambio de gabinete precipitado y la renuncia del vicepresidente Álvarez en octubre del mismo año.
Los primeros días de diciembre de 2001, en medio de un fuerte malestar social liderado por los piqueteros y grupos de desocupados, ante una importante fuga de divisas de los bancos, el ministro Cavallo dispuso lo que pasó a llamarse: “el corralito” bancario. Los fondos fueron congelados, se prohibió el envío de dinero al exterior, habilitando las operaciones a través de cheques, lo que provocó un descontento social sin precedentes, volcándose a la calle toda la ciudadanía, que se tradujo en saqueos y desbandadas por parte de grupos organizados que se dieron a la tarea de desmantelar comercios enteros.
En vísperas de las fiestas de fin de año, el presidente decidió decretar el estado de sitio, situación que en lugar de apaciguar los ánimos, enardeció a los movilizados. En Buenos Aires, una multitudinaria marcha salió a protestar a la Plaza de Mayo, siendo reprimidos duramente el día 20 de diciembre con un saldo trágico de muertos y heridos, lo que obligó a Fernando de la Rúa a dimitir del cargo.
Los cuatro últimos lustros del siglo XX sirven para graficar la tragedia que ha vivido la República Argentina a lo largo de su historia. El país que para 1895 llegó a ser el de mayor ingreso per cápita del mundo, tierra de libertad y sueño de emigrantes que se dieron a la tarea de forjarla grande y próspera, se desvanece al compás de una milonga porteña: Como un sol de primavera/ mi esperanza y mi pasión/ sabía que en el mundo no cabía/ toda la humilde alegría de mi pobre corazón/ Ahora, cuesta abajo en mi rodada/ las ilusiones pasadas/ yo no las puedo arrancar/ Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. (Continuará)
CARLOS MANUEL LEDEZMA VALDEZ
Escritor. Investigador. Divulgador Histórico. Consultor de Comenius S.R.L. Ingeniería del Aprendizaje
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21