MAURICIO RÍOS GARCÍA
Chile viene arrastrando serios problemas al menos desde finales de 2019, y el próximo gran hito estará marcado por la aprobación o el rechazo de la que podría ser su nueva Constitución este próximo 4 de septiembre.
De acuerdo con el sondeo Pulso Ciudadano, de Criteria, parece ser que un 45,8% rechazará el nuevo texto constitucional, mientras que un 32,9% se inclinaría por aprobarlo. La diferencia es de nada menos que 13 puntos. El aprubo no ha tenido chance en ningún momento, mucho menos luego del obsceno y decadente acto de ultraje de la bandera nacional por parte de simpatizantes de Boric el sábado pasado.
Pues el escenario macroeconómico para esta votación no es en absoluto alentador: la actividad económica sigue cayendo mientras la inflación no deja de subir habiendo alcanzado máximos de 28 años en el 13%, y a pesar del agresivo incremento de tasas del Banco Central. Esto es un inconfundible camino hacia la estanflación.
Mientras se espera lo que vaya a suceder esta misma semana, el Banco Central ha perdido $1.300 millones en reservas sólo durante la última semana de julio para tratar de defender el peso chileno, y en conscuencia estas ya son menos que las de la mayoría de sus pares latinoamericanos, y donde más rápido crece la tasa del IPC.
Un elemento importante que ha contribuido a deteriorar el cuadro económico chileno de manera considerable, ha sido el anuncio del nuevo impuesto contra el patrimonio a finales de mayo, que sólo atenta contra la acumulación de capital en Chile: los contribuyentes simplemente alejarán su stock de riqueza del país donde residen, así como sucedió en todos los países donde fue aplicado.
Con todo esto, y aunque resulte muy difícil de creer, Chile ha llegado a ser una economía con mayores riesgos de default en los próximos cinco años incluso que el Perú.
De esta manera, y al menos por el momento, las empresas chilenas están vendiendo bonos al ritmo más rápido en al menos cuatro meses, en un intento por asegurar financiamiento mientras todavía sea posible antes del controvertido plebiscito constitucional. Si gana el rechazo el mercado estaría más tranquilo, pero nada está garantizado.
Gabriel Boric y sus socios son muy conscientes de todo esto. En un principio sus votantes le retiraron su apoyo -por eso su popularidad cayó con fuerza en cuanto asumió el mandato- debido a su falta de comprimiso y liderazgo con la causa de un Chile Plurinacional al más puro estilo chavista -para qué explicar más-, aunque a medida que se acerca la fecha ha sido distinto: ha tratado de implementar un plan B que consiste en ofrecer cambios al nuevo texto solamente con el objetivo de fortalecer el apruebo.
Sin embargo, a falta de tiempo, y para tratar de separar la imagen del primer mandatario del fracaso que por el momento se espera del plebiscito (una victoria del rechazo), se esperan cambios importantes en el gabinete de ministros de Boric.
Lamentablemente, y para peor, cuando la opción del rechazo parece imponerse, de repente se observa una táctica de manual del Socialismo del Siglo XXI: durante las últimas semanas se han empezado a registrar masivos cambios repentinos del local y número de mesa de los votantes de los lugares en los que se presume que el voto no sería favorable al régimen.
Debido al caos que se espera alrededor del polémico plebiscito, Chile acaba de obtener una línea de crédito del FMI por $18.500 millones. Probablemente esto sirva para defender un peso cada vez más deteriorado frente a lo que púeda suceder alrededor del pleniscito, pero este nuevo crédito no va a incrementar las reservas del Banco Central a menos que se solicite el desembolso.
Además, el nuevo acuerdo con el FMI se produce a menos de cuatro meses de que Chile acordara una línea de crédito más pequeña por $3.500 millones, y de que descartara otro crédito anterior por $23.400 millones. La decisión de revertir el rumbo y ampliar la línea de crédito con el FMI se debe a al mismo rumbo de estancamiento e incremento de la inflación en la economía global, que es un factor agravante a destacar.
La Constitución actual fue adoptada en 1980, cuando Chile aún era uno de los países más pobres de América Latina. Durante los siguientes 40 años, se controló la inflación, privatizó industrias y redujo drásticamente los aranceles y la burocracia, lo que hizo que su PIB se disparara y la pobreza se desplomara. Claramente, ese modelo ya ha muerto indistintamente de lo que vaya a suceder este fin de semana, sobre todo porque ya se ha destruido el sistema de capitalización individual y las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) -su piedra angular-, que constituía una considerable fuente de financiamiento de todo el sistema financiero nacional.
MAURICIO RÍOS GARCÍA
Economista, socio fundador y director de Crusoe Research, asesor y director de inversiones en el exterior
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21