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“En cualquier auditoría o informe de supervisión de la Contraloría, uno tiene derecho constitucional de presentar descargos; por tanto, no devolveremos nuestros salarios y esperamos el informe definitivo que aclare todo, de lo contrario veremos qué medidas tomar”.
La afirmación es de Richard Mallea, dirigente de administrativos y auxiliares del Hospital Obrajes de Caja Petrolera de Salud, quienes en agosto fueron sorprendidos con un “Informe de Supervisión” de la Contraloría que ordena devolver salarios percibidos durante la Cuarentena del SARS al “no haber cumplido 120 horas” y para “recuperar Bs 1.8 millones”.
“Nos hemos reunido con autoridades de la Caja, ellos asumen representación para presentar esos descargos que por Ley corresponde. Nosotros solo recibimos instructivos para cumplir horarios y trabajamos, especialmente las auxiliares de enfermería que son las afectadas por esa disposición de la Contraloría”, acotó el dirigente.
Mallea indicó que los trabajadores del Hospital decretaron Cuarto Intermedio en sus medidas de fuerza, luego de la protesta en puerta de la Contraloría General del Estado de agosto 2022, algo que no se veía en esa entidad de control de dinero público y alejada de disputa partidaria.
Por su parte, Nelson Mamani, dirigente de los profesionales del mismo Hospital afirmó, tajante: “Nadie va a devolver su salario, menos las Licenciadas en Enfermería que son nuestras afiliadas; las autoridades de la Caja Petrolera deben resolver esto, es un asunto institucional, no de personas”.
“La Pandemia nos sorprendió y llama la atención que, sabiendo que los trabajadores en salud hicimos mucho sacrificio para trabajar en condiciones que no eran normales, ahora se emita un Informe de Contraloría que nos ordena devolver salarios. Falta saber a quién se le ocurrió esto”, precisó.
En este caso, la acción de la Contraloría fue considerada un abuso institucional y “un castigo al personal en salud que trabajó en la Cuarentena”, y el 30 de agosto 2022, más de 200 enfermeras afectadas con este compulsivo descuento protestaron frente a la Contraloría.
Un caso similar es la compra del Acelerador Lineal para el Hospital de Clínicas. La Contraloría NO respetó el derecho constitucional a la presunción de inocencia, y elevó una “Denuncia ante la Fiscalía”, vulnerando la Sentencia Constitucional 21/2007 de 10 de mayo. Este caso derivó en un juicio penal en medio del creciente descrédito de los jueces penales bolivianos.
//FUENTE: ANC//