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Los avasallamientos en el oriente del país, incluidas las reservas forestales, no paran, y la responsabilidad de las autoridades limita con la complicidad.
El INRA, como entidad encargada de regular la tenencia de tierras, no cumple su labor en Santa Cruz por cálculo político. En estos dos años y tres meses de gestión gubernamental han negado su participación en la Comisión Agraria Departamental que convocó el gobernador Luis Fernando Camacho. Los avasalladores aprovecharon el tiempo y hoy amenazan con tomar 6.000 hectáreas en Guarayos.
El INRA es solo parte de esa cadena que fomenta el avasallamiento de tierras, que incluye a los denominados grupos interculturales, que son los colonizadores del oriente. Esa “base social” es intocable e impune, como pasó con el caso Las Londras o la reciente toma en el municipio de San Pedro, con gente armada que se ha acostumbrado a tomar como rehenes a los mismos policías.
Pero la cadena se extiende a grupos extranjeros, de gente que llega a asentarse y logra comprar tierras, para luego cambiar el uso del suelo de vocación forestal a actividades productivas agrarias o ganaderas, lo que constituye un delito contra el medioambiente.
Es el caso de la exconcesión Romano del municipio de San Rafael, donde se realizó el desmonte ilegal con maquinaria pesada desde 2013, luego que el INRA revocó la autorización para la explotación forestal, bajo el argumento de que el Plan General de Manejo estaba inactivo, como informó la ABT, y concedió permiso para nuevos asentamientos a comunidades que se agruparon en un sindicato para ser favorecidos hasta 2022.
El narcotráfico, finalmente, es otro elemento que se comienza a revelar en este tráfico de tierras, porque aquellos residentes, sobre todo que cruzan la frontera con Brasil, y que logran la tenencia de tierras, son vinculados con cárteles internacionales que estarían lavando dinero en Bolivia.
¿Quiénes se benefician con ese tráfico? ¿Quién controla la distribución de tierras fiscales? ¿Quién fomenta los desmontes en reservas forestales?
Los avasalladores son grupos organizados, con respaldo gubernamental y además de provocar daños ambientales irreversibles, también abren la puerta al crimen transnacional.
MARÍA RENÉ ÁLVAREZ
Diputada Nacional