La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó reactivar al Ministerio Público el proceso penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez, por las presuntas irregularidades que se identificaron en contratos que se suscribieron durante su gestión.
“Lo de Wilfredo Chávez está con una petición expresa de la Procuraduría pidiendo la reapertura del caso, los contratos que ha firmado y eso está en manos del Ministerio Público”, afirmó el procurador general del Estado, Hugo León Lafaye.
En septiembre de 2024, el entonces procurador César Siles presentó una denuncia penal contra Chávez porque se encontraron irregularidades en 10 contratos. La denuncia fue por los delitos de resoluciones contrarías a la Constitución, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Lafaye indicó que se observaron al menos 10 contratos que se suscribieron en la gestión de Chávez, entre ellos se observó un convenio que se firmó con el bufete de abogados del argentino Eugenio Zaffaroni. El jurista fue representante legal del expresidente Evo Morales.
En ese sentido, la autoridad dijo que los documentos ya se encuentran en el Ministerio Público y esa instancia será quien asuma una decisión contra su antecesor.
De acuerdo con los antecedentes, entre el 2021 y 2023, Chávez contrató a peritos, abogados nacionales y extranjeros por más de 93 millones de bolivianos.
El 1 de octubre de 2024, el entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se había admitido la demanda contra Chávez. Sin embargo, desde entonces no se conoció el avance de las investigaciones.
Informe en reserva
Esos datos también fueron presentados ante la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, donde se explicó el trabajo que realizaron hasta el momento y las acciones que asumieron en los casos de corrupción.
Cabe resaltar que las sesiones de informe oral son públicas; empero, la sesión se desarrolló en reserva a pedido del procurador.
Al respecto, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Erick Soruco dijo que la Procuraduría está realizando el seguimiento a 409 procesos penales por diferentes hechos de corrupción.
En tres procesos se consiguió una sentencia, entre ellas destacó el caso coimas millonarias que implica al exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz y a otras personas.
A la vez, el procurador les informó que en anteriores días esa instancia concluyó una auditoría sobre la adquisición de equipamiento para Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) donde se detectó un daño económico de al menos 3 millones de dólares.
Asimismo, dijo que esa instancia está solicitando la anotación preventiva de bienes de aquellas exautoridades y exfuncionarios públicos implicados en casos de corrupción para recuperar el daño económico que se generó al Estado.
//FUENTE: ANF//
