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En septiembre de 2020, la Procuraduría General del Estado licitó la contratación de un consorcio jurídico para la representación, asesoramiento y patrocinio de Bolivia en el procedimiento arbitral del caso Zurich Insurance Company Ltd y Zurich South America Invest AB ventilado en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), por un monto de 12.528.000 de bolivianos, equivalentes a 1.8 millones de dólares, según reza en la primera convocatoria.
Hoy se conoce que el bufete argentino Guglielmino Derecho Internacional lleva la defensa de este caso ante el organismo internacional con sede en La Haya. De acuerdo con la página web de la CPA, Guglielmino Derecho Internacional también defiende a Bolivia en el arbitraje internacional interpuesto por el Consorcio Cementero del Sur S.A, Yura Inversiones Bolivia S.A, Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A y la Sociedad Boliviana de Cemento S.A en la misma instancia.
Las suizas Zurich Insurance Company Ltd y Zurich South America Invest AB, propietarias de la aseguradora Futuro de Bolivia AFP, llevaron a Bolivia a un arbitraje internacional el 17 de junio de 2020 por la nacionalización del sistema de pensiones.
Ambas se amparan en un acuerdo entre Bolivia y la Confederación Suiza, que promueve la protección recíproca de las inversiones, firmado el 6 de noviembre de 1987, pero que entró en vigencia el 17 de mayo de 1991.
El 9 de mayo, durante la rendición publica de cuentas de la Procuraduría General del Estado, se informó que el tribunal arbitral determinó “bifurcar el caso, según lo solicitado por Bolivia”. Adicionalmente, el 29 de marzo, el Estado presentó la réplica sobre jurisdicción y hasta el 9 de mayo, Zurich debía presentar su dúplica.
Según esta instancia encargada de resolver controversias internacionales mediante una jurisdicción arbitral, el proceso todavía figura como “pendiente”.
Entre tanto, se conoce que el tribunal está compuesto por el mexicano Hugo Perezcano Díaz (presidente), el británico David Cairns y el malasio Muthucumaraswamy Sornarajah.
LICITACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
Sobre la licitación, el documento base de contratación de servicios especializados para la defensa legal del Estado, rotulado con el código “PGE – SEDLE N° 011/2020”, establecía que el plazo para la prestación del servicio correría desde la suscripción del contrato hasta la finalización del procedimiento arbitral, “que, en caso de llegar al laudo arbitral, incluirá su ejecución, fecha estimada el 30 de junio de 2023; (estas fechas están sujetas a modificaciones por parte del tribunal arbitral y/o la PGE)”.
El mismo documento también especifica que en la evaluación de propuestas regiría la calidad y costo; siendo que la propuesta económica valdría 30 puntos y la calidad, 70. Los recursos serán erogados por el Tesoro General de la Nación.
La información se conoce, luego de que varios frentes de la oposición pidieran conocer los montos por los cuales se contrató a la firma de abogados Guglielmino Derecho Internacional, la cual lideró la defensa de Bolivia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por la cual el Estado debe pagar 105 millones de dólares a la firma española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
Sin embargo, se conoce que los contratos y dineros erogados a los juristas defensores de Bolivia son confidenciales, según el Decreto Supremo 4447.
“Se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”, dice el artículo 5 de dicho decreto.
Una vez realizadas las contrataciones directas, la Procuraduría General del Estado deberá enviar los contratos firmados a la Contraloría General del Estado y registrar las contrataciones directas en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
//FUENTE: DIARIO OPINIÓN//