Un informe de la Universidad Unión Bolivariana (UB), dirigido a la Fiscalía de La Paz, apunta como falso el certificado emitido supuestamente por esa casa de estudios, referido a si la magistrada Fanny Coaquira fue docente en la carrera de Derecho.
El mencionado certificado fue usado en una acción de cumplimiento por Antonio de la Fuente y su abogado, José Uriarte, para pedir a un juez de Coroico que ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión de la jurista, que es titular en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ahora, ambos son procesados por uso de instrumento falsificado y falsedad material.
Este hecho dio origen al caso Consorcio, por el cual hay ocho imputados, entre ellos el exministro de Justicia César Siles (detenido preventivo y hospitalizado); el magistrado suplente de Coaquira, Iván Campero (con detención domiciliaria); el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova (con detención domiciliaria) y la exvocal del mismo tribunal, Claudia Castro (detenida preventiva y hospitalizada).
“Con relación a la certificación que se adjunta, supuestamente emitida por la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Unión Bolivariana, se debe mencionar que, de acuerdo con los informes presentados por las unidades correspondientes que son: Jefatura de la Carrera de Derecho, Jefatura de la Carrera de Ciencias de la Educación y la Unidad de Recursos Humanos, ninguna de estas instancias habría emitido certificación alguna, referente a un caso particular”, señala el primer punto del documento dirigido hacia el fiscal Ramiro Sullcani.
El dato relevante es que el informe de la UB confirmaría que la maniobra legal, por la cual se pretendía alejar del cargo a la magistrada Coaquira, se basó en un documento falsificado, cuyo origen solo lo conoce De La Fuente.
Este informe, al que EL DEBER tuvo acceso, es parte de un segundo caso abierto a denuncia de la magistrada Coaquira, quien el pasado viernes se presentó ante la Fiscalía para declarar en calidad de víctima y ratificar su postura, para ampliar la investigación.
UNIVERSIDAD UB
El documento de la UB menciona en su segundo punto que, “la firma impresa líneas arriba del nombre (del jefe de la Carrera de Ciencias de la Educación) de una autoridad académica, en el certificado que se adjunta a la UB N.º 007, de fecha 14 de mayo de 2025, no pertenece a ninguna autoridad competente” de esa institución.
Asimismo, la UB informó que existen otras irregularidades en la copia simple de la certificación que la Fiscalía les envió para que sea corroborada. En ese contexto, se aclaró que la Carrera de Derecho y la Carrera de Ciencias de la Educación son dos “jefaturas distintas”, y no una sola, como se menciona en esa copia.
Por otro lado, el certificado usado por De la Fuente y su abogado, está firmado por el jefe de la Carrera de Ciencias de la Educación, colocando el nombre de Brayan Peñaloza. Sin embargo, dicho docente sería director de la Carrera de Derecho, además que la firma tampoco corresponde a esa persona. Por otro lado, el dato de la ciudad donde se expidió la cédula de identidad de Peñaloza sería La Paz y no Potosí, como figura en la certificación cuestionada.
EL DEBER llamó y escribió mensajes a la secretaria general de la Universidad Unión Bolivariana, Patricia Espinoza, pero no atendió a las consultas.
ABOGADOS
El 6 de junio, en el municipio de Coroico, el juez Marcelo Lea Plaza, ahora detenido en San Pedro, emitió una resolución que fue calificada de prevaricadora por los presidentes del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista y del TSJ, Romer Saucedo, que se constituyeron en denunciantes.
Antonio de la Fuente actualmente está prófugo de la justicia y el abogado José Uriona tiene detención domiciliaria.
En contacto con ELDEBER, el abogado del segundo, Manolo Rojas, señaló que aún no fueron notificados con la denuncia de la magistrada y que, en el caso de Uriona, la legislación le otorga resguardos para el ejercicio de la abogacía y lo libera de responsabilidad penal en caso de que De la Fuente haya proporcionado un documento fraguado para la acción de cumplimiento.
- ///FUENTE: EL DEBER///
