SAYURI LOZA
Así dice la maldición gitana, y es que enredarse en cuestiones judiciales, en especial en Bolivia, representa un esfuerzo que se siente como una pérdida de tiempo, energía y dinero incluso si se gana.
La fundación del país vio nacer también los primeros códigos con el gobierno de Santa Cruz y un deseo de superar la condición judicial colonial donde el clientelismo, el cohecho y la diferencia ante la ley entre españoles, criollos, mestizos, indígenas, esclavos, etc. Promovía la existencia de la ley, mas no de la justicia. En efecto, el sistema judicial tuvo que buscar librarse de una tradición colonial cuyos principios lentamente iban quedando obsoletos en un mundo más moderno, pero esa búsqueda siempre se vio entorpecida por la incapacidad de destinar presupuestos, de una elección de autoridades judiciales probas y la más compleja: lograr la independencia del poder judicial.
Así que hasta el siglo XXI, se vino arrastrando la elección de máximas autoridades judiciales en base a los criterios del partido gobernante de turno, esto hacía que las autoridades apadrinadas, nunca se plantearan fiscalizar a sus padrinos en el poder ejecutivo y legislativo so pena de perder sus cargos.
Lo otro fue la decadencia que se puede ver en todas las instituciones. El boliviano tiene la mala costumbre de buscar salidas convenientes para evitar asumir su responsabilidad, y la salida fácil se convirtió en un negocio que, apoyado por la falta de fiscalización de los ya mencionados padrinos, echó raíces, nunca fue podado y hoy es una piedra en el zapato del país.
El gobierno del MAS (vamos a decir que con buenas intenciones) promovió la reforma judicial que en lugar de acabar con los problemas arriba mencionados, los agravó y aumentó al punto que hoy, las autoridades judiciales, aunque elegidas por la población, son puestas en listas a partir de los criterios oficialistas provocando, si cabe, todavía más dependencia del poder judicial con respecto al poder ejecutivo.
Así que un poco como nuestros legisladores, nuestras autoridades judiciales no llegan a ser tales por una comprometida carrera de méritos sino por cuán garantizada está su “lealtad” a quien les da el poder, haciendo que nuestra justicia cumpla no más su parte en ese viejo adagio “ni mujer chilena, ni amigo peruano, ni justicia boliviana” (ojo que de las mujeres y los amigos, la cuestión es errónea).
A inicios de su gestión, el ministro de justicia denunciaba la crisis en el sistema judicial, pero se le olvidó su denuncia o quizás se ha dado cuenta del monstruo que es esta viciada institución y que desde el ejecutivo poco o nada puede hacerse para cambiarlo. Les confieso que me descorazona ver que poco se puede hacer.
En los últimos días, me ha dado un poco de esperanza que un grupo de juristas ha decidido hacer algo y está recolectando firmas para convocar a un referéndum pidiendo: la selección de postulantes a cargo de ciudadanos independientes, un mayor presupuesto para el sistema judicial (que hoy básicamente sirve para pagar sueldos y no para mejorar la atención en general), permitir que la justicia originaria tenga también un presupuesto (que no tiene) y que se le dé la importancia que le atribuye la CPE y por último, la implementación de los juzgados de paz, que permitirán solucionar conflictos sin tener que llevarlos a estrados judiciales, esto agilizará los procesos y descentralizará el sistema.
Lo malo es que en el polarizado ambiente nacional, y debido a que a muchos no les conviene una reforma, se ha buscado desprestigiar y sembrar duda en la población sobre la iniciativa.
En lo personal, he decidido hacer el esfuerzo de confiar, porque no me queda más remedio. Si no se hace algo para cambiar el sistema, y por lo visto ninguna instancia del gobierno está dispuesta a generar cambio alguno (y si el MAS cae y otro partido o facción entra al poder, tampoco hará nada porque tener a tu servicio el poder judicial te garantiza impunidad y carta blanca para manejar las cosas a tu antojo), terminaremos afectados todos por este monstruo.
Un monstruo, sí, un rey rata con colas enredadas que se llenan de sarna y hongos que hace que el ciudadano piense cada vez más a menudo en tomar justicia por mano propia. La toma de la justicia por mano propia, genera violencia y anomia social; si no hacemos algo, si nos quedamos viendo desde fuera o desconfiando de quienes proponen algún tipo de acción, terminaremos todos enmarañados en esas colas, y será muy tarde para lamentarnos.
Por eso, vamos a firmar.
SAYURI LOZA
Historiadora, Diseñadora de modas, políglota, artesana.
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21