.
Desde octubre de 2021, cuando se registró el secuestro de periodistas en el predio agrícola Las Londras, ubicado en Guarayos, por parte de grupos armados afines al MAS, hasta el julio de este año, los trabajadores de la prensa de Santa Cruz fueron víctimas de ataques físicos, verbales y psicológicos que suman más de 60 casos. Las agresiones incluyen la persecución judicial, por medio de resoluciones que violan la Ley de Imprenta.
La abogada Raquel Guerrero, asesora legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) y que representa a los comunicadores agredidos en la mayoría de los casos, informó a Periodismo Sin Photoshop que existen 15 procesos penales abiertos contra distintos grupos de agresores, además de cinco denuncias presentadas vía disciplinaria a la Policía, por la violencia cometida por los uniformados. Asimismo, el vocal del Tribunal de Honor de la APSC, Roberto Méndez, informó que identificaron como los “agresores más recurrentes” a los “grupos de choque del MAS” y a los contingentes de represión de la Policía boliviana.
Momentos de riesgo
“A inicios de 2023, cuando se presentó un reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya se contabilizaron 52 casos de agresiones contra periodistas en Santa Cruz y, hasta la fecha, suman más de 60 casos. El referente de las denuncias es el caso Las Londras, del 28 de octubre de 2021, cuando siete periodistas, civiles y policías fueron secuestrados por un grupo armado dirigido por los Interculturales, que protagonizaron violentos avasallamientos de tierras”, precisó Méndez.
El dirigente señaló que además del caso Las Londras, un segundo momento que significó más riesgo para la vida de los periodistas cruceños se dio durante los enfrentamientos entre cívicos y grupos del choque del MAS, éstos apoyados por la Policía y responsables de diferentes desmanes. Esto pasó durante el paro cívico de 36 días que se realizó en la capital cruceña en octubre de 2022, en demanda de la realización del Censo en 2023.
El tercer momento más peligroso para el ejercicio del periodismo se dio entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando la población se declaró en emergencia “por el secuestro del Gobernador, Luis Fernando Camacho”. La autoridad fue aprehendida en un violento operativo armado y trasladado al penal de Chonchocoro en Viacha, La Paz.
Disparos y robos
De acuerdo con el informe de la abogada Guerrero, durante estos 21 meses los periodistas fueron víctimas de robos, golpizas, insultos racistas, amenazas de muerte y hasta la quema de un vehículo, como pasó con el carro del reportero Harold Salvatierra, el 30 de diciembre de 2022. En varios de los casos, los agresores eran policías, quienes con pasamontañas o cascos ocultaron su identidad al momento de disparar, a quema ropa, perdigones y gases lacrimógenos contra la humanidad de los comunicadores.
Los uniformados, en su mayoría, trataron de evitar que los periodistas filmen los abusos e ilegalidades que cometían durante los operativos de represión contra los civiles que protestaban contra el Gobierno de Luis Arce. En ese sentido, los ataques contra los trabajadores de la prensa, con golpes y disparos a quema ropa son considerados como represalias de orden político, según el vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros. El jurista sostuvo que la única forma de luchar contra la violencia estatal es la publicación de las denuncias.
La abogada Guerrero remarcó que se dieron casos en los que operadores de justicia llegaron a emitir citaciones contra periodistas, para que estos revelen sus fuentes, violando la Ley de Imprenta. En otro caso, los vocales de una sala penal usaron un proceso abierto contra trabajadores de la prensa, para experimentar con el uso de una inteligencia artificial, por medio de la cual se valieron para dictar una resolución que también vulnera la norma.
Durante los conflictos -que se iniciaron el 28 de diciembre de 2022, por el secuestro del gobernador Camacho- se registraron al menos 21 agresiones directas contra los periodistas. Se presentaron tres denuncias, pero la Fiscalía no investigó ninguna y no hay personas sancionadas. Los periodistas fueron víctimas de palizas y robo de sus instrumentos de trabajo, por parte de los policías.
“Fue muy rápido, el policía apareció y grabamos cuando disparó a otras personas, luego giró hacia nosotros y pese a que gritamos que éramos periodistas, que teníamos credenciales en el pecho, un micrófono en la mano y un celular como cámara, nos disparó. Cerré los ojos, yo sentí un golpe en el cuerpo, oí que el disparo también dio contra los fierros de una baranda y recién abrí mis ojos y vi mi ropa toda deshecha. Fueron como 10 perdigones que me llegaron, cinco de esos me los tuvo que extraer el médico en una clínica”, relató en esa oportunidad el camarógrafo José Enrique Tarqui, del portal digital Periodismo Somos Todos.
El hecho se dio a las 17:30 del viernes 30 de diciembre en la avenida Cristo Redentor, cerca de la Cruz Papal y a pocas cuadras del Comando Departamental de la Policía. Mientras se alejaba, luego del disparo, según narró el camarógrafo de 27 años, el policía continuó apuntando su arma contra él y su compañero Franklin Sisterna, pero ya no hubo más detonaciones.
En el caso Las Londras, los dos principales cabecillas del grupo armado fueron liberados y los dirigentes de los Interculturales lograron que el Comando de la Policía destituya del caso al investigador que dio con la identidad de los dirigentes afines al MAS. “Para resumir la actitud de los jueces y fiscales en las denuncias de los periodistas contra estas personas violentas, solo se necesita una palabra: impunidad”, manifestó Méndez.
Plantón
En ese contexto, la pasada semana se registró un nuevo caso de amedrentamiento en las oficinas del juez agroambiental Osmar Fernández Velasco, cuando Marvin Coro Espinoza, abogado de la parte demandada por la familia Kim, increpó a varios periodistas que realizaban la cobertura de una audiencia pública del caso. Sin tomar en cuenta el derecho de publicidad del proceso, el juez ordenó desalojar a los periodistas.
Pero el caso más grave se dio cuando un hombre identificado como Edwin Douglas Lima Lobo llegó e ingresó de manera violenta a las oficinas del periódico EL DEBER, exigiendo a gritos la presencia de sus máximas autoridades y del periodista Guider Arancibia, al que amenazó con demandas y algo más por la publicación de una noticia que involucra a su familia con el narcotráfico. “De aquí en delante, tenga mucho cuidado. Se lo digo así”, se oye gritar al hombre en una grabación.
En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, convocó a un plantón en rechazo a las amenazas y agresiones contra periodistas en el exedificio de la Fiscalía Departamental, demandando la investigación de oficio de ambos casos y se sancione a los responsables.
En la mayoría de los casos, las denuncias presentadas ante la Fiscalía son por impedir la libertad de prensa, amenazas, lesiones graves, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, robo agravado y obstrucción al derecho al trabajo.