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Redacción VISOR21
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) presentó una Acción Popular, ayer, en juzgados de Rurrenabaque, para tratar de frenar la actividad minera ilegal que se desarrolla en la amazonía del departamento, con la consecuente afectación a la salud de la población y el deterioro del medio ambiente.
El vicepresidente de la CPILAP, Lino Illimuni, explicó que tras los estudios realizados a la población, que dieron como resultado índices mayores a los permitidos de mercurio en 74% de 302 indígenas de los pueblos Esse Ejja, T´siman, Lecos, Mosetene, Cavineño y Tacanas, se determinó activar ese recurso jurídico para defender la vida de esas personas.
“Este es el primer camino que estamos realizando como pueblos indígenas, sabemos que son grandes intereses que existen y que pone en riesgo a los pueblos y territorios indígenas, a quienes solo les importa la minería ilegal y no la vida ni la salud de nuestros pueblos”, declaró Illimuni en radio Panamericana.
El representante indígena dijo que se tiene conocimiento de que existen unas 2 mil empresas mineras que están trabajando en la zona, y de esa cantidad solo 180 son legales, por lo que se trata de una labor de explotación ilegal.
Esa actividad, además, afecta a 11 territorios de seis pueblos indígenas de la amazonia de La Paz que limita con el departamento de Beni, en cuyo juzgado de Rurrenabaque se presentó la Acción Popular con la firma del dirigente de la CPILAP Gonzalo Oliver.
La diputada de Creemos, María René Álvarez, a su vez, remitió una carta al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, para pedir que desde la instancia defensorial se remita una Acción Popular para prevenir los efectos de la actividad minera aurífera y el uso indiscriminado de mercurio en las seis comunidades indígenas afectadas, y el daño ambiental que se provoca con esos residuos en el río Beni.