«Buena parte de los afectados proviene del sistema de justicia, lo que apunta a un blanco preciso»
La decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar las visas de 12 autoridades y exautoridades bolivianas —anunciada junto con medidas similares contra funcionarios de otros países de la región— obliga a preguntarse qué hay detrás y qué se le exige a Rodrigo Paz. Caben, a mi juicio, dos lecturas.
Primera lectura: ¿es el fruto del viaje del presidente Paz?
Si así fuera, el Gobierno no habría aparecido sorprendido por el anuncio: habría preparado mejor el escenario y las medidas posteriores. El viaje y las reuniones en Estados Unidos fueron, sin duda, una buena señal para Washington. Pero no hay evidencia de que el levantamiento de las visas hayan sido parte de los temas abordados ni de una acción concertada en esos días.
Tampoco hay elementos para concluir que Washington sitúe al gobierno de Paz al nivel de confianza que hoy otorga a los gobiernos de Colombia o de Ecuador. Las dudas norteamericanas persisten: el caso Cerimedo y la inacción frente a Evo Morales, a quien se le ha permitido consolidar su bastión en el Chapare, no las despejan. Es verosímil, además, que las informaciones aportadas por actores como Marset hayan alimentado las determinaciones de los organismos de seguridad estadounidenses, antes que las gestiones de R. Paz. Marset, ya cantó? ¿Cuántas letras conoceremos?
Segunda lectura: una acción unilateral con destinatario
Es, a mi entender, el escenario más probable. Estados Unidos tiende una mano al gobierno de Paz para que se decida, de una vez, a concretar los cambios que ha anunciado y que, a más de diez meses de gestión, siguen sin materializarse. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico continúa siendo, en los hechos, un discurso sin resultados. El mensaje americano parece decir: “toma este presente, actúa en consecuencia sin perder tiempo y gánate mi confianza”.
Con ello, Washington marca una agenda. Según los reportes, buena parte de los afectados proviene del sistema de justicia, lo que apunta a un blanco preciso. La agenda implícita exige al Gobierno:
• Construir una base sólida en el Congreso, que dé viabilidad a las reformas.
• Ampliar la participación activa de sus aliados en la gestión, hacia un gobierno de salvación nacional.
• Limpiar la justicia y sus redes de corrupción, de modo que la investigación y sanción no dependan de la conveniencia política.
• Ejecutar una lucha real contra el narcotráfico, con resultados verificables.
• Aplicar medidas que saquen al país de la crisis, con fuerte respaldo internacional, incluido apoyo financiero y de inteligencia.
En este contexto, que Bolivia solicite a Estados Unidos información sobre las acusaciones es legítimo y necesario. Pero no puede ser toda la respuesta. Una réplica que se agote en la queja diplomática, o en la defensa corporativa de los afectados, confirmaría la percepción de inacción que dio origen a la medida. De esta manera, hay una oportunidad, pero es finita. Con Estados Unidos dispuesto a colaborar en lo financiero y en inteligencia, y con un mensaje explícito de exigencia, el Gobierno cuenta con un respaldo externo que rara vez se repite. ¿La aprovechará o la dejará pasar? Las ventanas de oportunidad, en política, no esperan a quien duda. ¿O hay otros elementos y preguntas de las que no disponemos elementos para su consideración?
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