«Estamos frente a un asunto de interés público que involucra el agua, la salud, el medio ambiente»
La posible contaminación por mercurio en el río Serqueta, afluente de la represa de Misicuni, vuelve a poner en evidencia una de las mayores debilidades de la gestión ambiental en Bolivia: la distancia entre las obligaciones legales del Estado y su capacidad efectiva para prevenir daños a los recursos naturales.
La alerta sobre presuntas actividades mineras irregulares en la zona no debe reducirse a una controversia entre autoridades, operadores mineros o representantes políticos. Estamos frente a un asunto de interés público que involucra el agua, la salud, el medio ambiente y la responsabilidad institucional.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que identificó indicios de actividad minera irregular durante una inspección técnica, aunque no pudo completar las actuaciones previstas. A su vez, la Defensoría del Pueblo requirió informes a la AJAM, Misicuni y SEMAPA para conocer las acciones de fiscalización y monitoreo adoptadas. Mientras tanto, las empresas responsables del suministro y control del agua aseguraron que sus análisis no detectaron mercurio en el agua destinada al consumo humano.
Estas declaraciones son importantes, pero no resuelven por sí solas el problema. Que el agua que llega a nuestros hogares cumpla los parámetros de calidad no significa que toda la cuenca esté libre de amenazas ambientales.
Aquí existe una distinción técnica y jurídica fundamental: controlar la calidad del agua potable no equivale a demostrar la inexistencia de contaminación en los sedimentos, afluentes, suelos o ecosistemas de una cuenca. Son aspectos relacionados, pero requieren muestras, análisis y mecanismos de vigilancia diferenciados.
La Constitución Política del Estado reconoce, en sus artículos 33 y 34, el derecho a un medio ambiente saludable y la legitimación de cualquier persona para ejercer acciones legales en defensa del medio ambiente. Asimismo, el artículo 342 establece el deber del Estado y de la población de conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad.
Estas disposiciones no representan simples declaraciones de principios. Imponen obligaciones concretas de prevención, control y protección ambiental.
En ese marco, el principio precautorio adquiere especial relevancia. Cuando existen indicios razonables de un posible daño ambiental grave, la ausencia de certeza científica absoluta no puede convertirse en una justificación para postergar las medidas preventivas. Investigar oportunamente, tomar muestras independientes, transparentar resultados y evitar la continuidad de actividades eventualmente irregulares son actuaciones que deben evaluarse con seriedad.
Tampoco puede aceptarse que las restricciones de acceso impidan indefinidamente el ejercicio de las competencias de fiscalización. Las instituciones responsables deben coordinar las actuaciones necesarias, garantizar condiciones para las inspecciones y determinar, conforme a la ley, las responsabilidades que correspondan.
La cuestión de fondo es institucional. Bolivia cuenta con normas ambientales, autoridades sectoriales y mecanismos de protección de derechos; sin embargo, su eficacia depende de que puedan actuar oportunamente y con independencia. Una regulación que no se fiscaliza, una denuncia que no se investiga y una inspección que no logra completarse terminan debilitando la confianza ciudadana en el Estado.
Misicuni representa una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua en Cochabamba. Por ello, su protección no puede depender de respuestas coyunturales ni de declaraciones destinadas únicamente a tranquilizar a la población. Se necesitan resultados técnicos verificables, información pública y responsabilidades claramente establecidas.
No se trata de anticipar culpabilidades ni de afirmar que existe contaminación del agua distribuida a los hogares. Se trata de exigir que las autoridades esclarezcan los hechos, protejan la cuenca y actúen antes de que un eventual daño ambiental resulte irreversible.
“Porque el agua no se protege cuando las autoridades aseguran que todo está bajo control; se protege cuando el Estado puede demostrarlo mediante fiscalización, transparencia y cumplimiento efectivo de la ley.”
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