En un periodo aproximado de 10 años, se presupuestaron más de 150 millones de bolivianos para que funcione Diremar, que se encargó de las demandas relacionadas con la reivindicación marítima y el caso Silala. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) justifican el monto; en cambio, en la oposición lo cuestionan.
Diremar nació el 5 de abril de 2011, como la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, después de que el 23 de marzo de ese año el entonces presidente Evo Morales anunció la decisión de acudir ante tribunales internacionales.
Seis años después, el 29 de marzo de 2017, ampliaron sus funciones y pasó a denominarse Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos.
Datos del Ministerio de Economía señalan que el presupuesto de Diremar se incrementó de la siguiente forma: 10 millones de bolivianos (2012), 10,4 millones de bolivianos (2013), 10,9 millones de bolivianos (2014), 11,5 millones de bolivianos (2015), 12,3 millones de bolivianos (2016), 11,2 millones de bolivianos (2017), 17,7 millones de bolivianos (2018), 18 millones de bolivianos (2019), 18,3 millones de bolivianos (2020), 16,2 millones de bolivianos (2021) y 16,2 millones de bolivianos (2022).
En total, desde 2012 hasta 2022 suman 153.105.622 bolivianos. De ese monto, el presupuesto destinado a sueldos asciende a 71,5 millones de bolivianos, el de consultorías por producto (categoría relacionada con estudios o investigaciones) a 16,1 millones de bolivianos, y el de viáticos a 4,2 millones de bolivianos, entre otros ítems.
El tema cobra vigencia debido a que está en curso la etapa de alegatos orales del caso Silala, que se ventila en la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya (Países Bajos).
El año en que Bolivia presentó ante la CIJ la demanda marítima contra Chile, en 2013, el presupuesto de Diremar fue de 10,4 millones de bolivianos. En 2018, año en el que La Haya dio su veredicto, el presupuestó ascendió a 17,7 millones de bolivianos.
“La Corte, por 12 votos contra tres, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia”, establece el fallo que fue leído el 1 de octubre de 2018 por el entonces presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf.
El 6 de junio de 2016, cuando transcurría el proceso de la demanda marítima ante La Haya, Santiago interpuso un proceso ante ese mismo tribunal por el caso Silala y pidió a la Corte que declare que el Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional.
Chile tomó la iniciativa después de que el 23 de marzo de ese año el entonces presidente Morales indicó: “He instruido a Diremar que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes”.
Dos años después, en septiembre de 2018, Bolivia presentó su contramemoria, acompañada de una contrademanda, en la que, entre otros pedidos, solicita a la Corte que declare que tiene soberanía sobre los canales artificiales e instalaciones de drenaje del Silala que están en su territorio, y que tiene el derecho a decidir si deben mantenerse.
Para este año en que el caso Silala pasó a la recta final y cuya etapa de alegatos está en curso desde el 1 hasta el 14 de abril, el presupuesto de Diremar asciende a 16,2 millones de bolivianos.
Página Siete buscó una contraparte de Diremar sobre este tema y desde esa institución indicaron que hacen sus descargos cuando terminan los procesos.
Faustino Ollisco Barrero, legislador supraestatal del MAS, en contacto con este medio, justificó los montos presupuestados, y señaló que nadie hace algo sin retribución alguna.
“Toda demanda internacional tiene un costo que el Estado tiene que garantizar. Eso no creo que sea cuestionable. Todo implica un presupuesto, como por ejemplo los peritos que son internacionales para que las ponencias estén en la mesa de la demanda. Tampoco nadie puede hacer ad honorem”, manifestó.
Respecto a la demanda, sin éxito, de obligación de negociar, la autoridad supraestatal sostuvo que el tema mar “es irrenunciable” y seguirá discutiéndose “hoy, mañana y siempre, hasta que realmente tengamos una satisfacción, una salida al mar soberana”. En torno al caso Silala, manifestó que “sería muy apresurado presumir lo que podría salir”.
José Luis Porcel, diputado de Comunidad Ciudadana, afirmó que el monto de los presupuestos no se justifica, porque se necesitan recursos para atender otros ámbitos de vital importancia como salud y educación. Agregó que aquello es el reflejo de la burocracia que viene creando el gobierno del MAS en los 15 años que lleva en el poder.
“De ninguna manera justifica tantísimo gasto. Es una burocracia impresionante que el Gobierno viene realizando desde hace 15 años atrás. Un ejemplo muy claro fue la demanda por una salida al mar. Evo Morales llegaba con carros blindados al Palacio de la Paz y estaba con un ejército de gente ahí adentro, mientras que el canciller de Chile fue acompañado por su secretario y entraron caminando y ¿cuál fue el resultado? Derrota absoluta para Bolivia”, aseguró.
El abogado y analista Víctor Hugo Chávez indicó que estamos frente a “un monto realmente ostensible”, pero que en la demanda de negociación en La Haya “no ha tenido ningún resultado”. En ese marco, considera necesario que se efectúe una auditoría global que no se circunscriba solamente a Diremar, sino también a todas las entidades públicas involucradas.
“Se debieran establecer las responsabilidades porque así manda la norma constitucional, que existen responsabilidades por daño económico al Estado imprescriptibles y se debiera hacer un proceso de auditoría, un proceso de auditoría que establezca no solamente estos costos de Diremar, sino de otras entidades como la Procuraduría, que en ese momento estaba a cargo de Héctor Arce o la Asamblea Legislativa, que tenían comisiones destinadas, e incluso mucha gente que no estaba bajo el presupuesto de Diremar. Estamos hablando de movimientos sociales, gente innecesaria en La Haya, ha estado presente durante bastante tiempo tanto en las etapas previas a la emisión de la sentencia”, aseguró.
El jurista también dijo que la auditoría debe alcanzar incluso a entidades subnacionales, puesto que se vio a alcaldes y gobernadores que viajaron también a La Haya.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//