El ejercicio del periodismo en Bolivia transita por un camino lleno de hostilidades. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó recientemente el Índice Mundial de Libertad de Prensa. El documento ubica al país en el puesto 91 de 180 países y territorios a escala global. Esta posición expone la permanencia del país en la categoría “difícil” para desarrollar la labor informativa.
La radiografía anual de RSF desnuda una estructura de presiones políticas y económicas que debilita la calidad del pluralismo.
El informe identifica al Estado y a las fuerzas del orden como los principales agentes de agresión en contra de los comunicadores. Las coberturas de conflictos sociales y de hechos de corrupción representan las actividades de mayor riesgo en el territorio nacional. Por ejemplo, datos del Observatorio de Defensores de la Red Unitas documentan, por etapas históricas, una alta volatilidad en la libertad de prensa en Bolivia entre 2021 y 2025.
El registro muestra un pico de 202 ataques en 2022 y 150 casos en 2024; en estos escenarios, la policía y las autoridades estatales sobresalen como principales agresores. En 2024, las hostilidades se concentraron en bloqueos y pugnas partidarias, lo que acumuló 679 agresiones contra periodistas y medios informativos.
En lo que va del año, según Unitas, persiste un ambiente hostil para el periodismo en Bolivia. El monitoreo en tiempo real revela que los desafíos estructurales no cesan y se manifiestan a través de dinámicas específicas de agresión. En enero, por ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció hostigamientos, insultos e intentos de expulsión violenta hacia reporteros gráficos y camarógrafos durante las protestas y bloqueos de la Central Obrera Boliviana (COB).
En febrero, la cobertura de un siniestro aéreo en El Alto se tornó complicada. Equipos de prensa, entre ellos una unidad móvil de Bolivia TV y reporteros independientes, sufrieron ataques a pedradas y agresiones físicas por parte de civiles durante la cobertura de un accidente aéreo.
En abril, la ANP reportó el desalojo violento de la plaza Murillo por parte de fuerzas policiales antimotines, quienes rociaron gas lacrimógeno directamente a los ojos de varias mujeres periodistas y reporteros en funciones. Esto obligó al Ministerio de Gobierno a emitir comunicados públicos de rechazo ante la presión del gremio.
De acuerdo con RSF, la asfixia financiera también afecta la labor periodística, pues surge como uno de los mecanismos más efectivos para moldear la línea editorial de los medios. En ese sentido, la organización no gubernamental internacional denuncia, en reiterados informes, la distribución discrecional de la pauta publicitaria institucional.
“El Gobierno utiliza estos fondos públicos como premio para los medios sumisos y como castigo para las voces críticas”, se indica. Esta práctica destruye la sostenibilidad de las empresas periodísticas independientes. El resultado inmediato es la precariedad laboral. Otro factor adverso es el apartado de seguridad, que cuenta con cifras alarmantes de violencia directa.
Los reporteros sufren agresiones físicas, amenazas de muerte y destrucción de equipos durante las protestas ciudadanas.
“Los autores de estos ataques civiles y policiales gozan de una impunidad casi absoluta ante el sistema de justicia”, identifica el reporte de RSF.
El marco legal boliviano tampoco ofrece garantías reales ante estos hechos. De ese modo se instrumentalizan los tribunales ordinarios. La persecución judicial vulnera la vigencia de la Ley de Imprenta y afecta a los derechos humanos.
El indicador político (puesto 131) y el económico (111) El indicador político (puesto 131) y el económico (111) se consolidan como las dimensiones más críticas del país, por la concentración en la propiedad de los medios y su dependencia financiera del Estado, se consolidan como las dimensiones más críticas del país, por la concentración en la propiedad de los medios y su dependencia financiera del Estado.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//
