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En los alegatos finales presentados ayer por el Ministerio de Gobierno, la representante de esa cartera de Estado, Julissa Durán, pidió 15 años de prisión para los acusados en el caso golpe II por “las muertes y derramamiento de sangre” en 2019, cuando el juicio es por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
“Esto no es un capricho, no es una solicitud política, de ninguna manera, acá hay pruebas, (…) tenemos la confianza y la fe que administrando justicia a todas las personas que han sufrido muerte en sus familiares, justicia a este pueblo boliviano que se vistió de luto y sangre los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, eso pedimos a su autoridad 15 años para los hoy acusados”, dijo la abogada Durán al concluir sus alegatos finales ayer.
El periodista Iván Rada lamentó que funcionarios intenten tergiversar los hechos suscitados en 2019 y sostengan una denuncia que ni ellos “terminan de entender”.
“Llama la atención la ligereza con la que se expresan los funcionarios de Gobierno en un juicio oral y público, pero se entiende que apelan a un discurso demagógico para confundir a la población y mezclar una formalidad como el incumplimiento de deberes con la muerte de personas en El Alto y Cochabamba”, dijo.
Rada cuestionó a Durán y recordó que durante los días de mayor convulsión social, entre la renuncia de Evo Morales y la asunción de Añez, fueron los efectivos policiales quienes reportaron heridos y muertos.
“Hay que aclarar también a esa funcionaria que en los días que menciona con tanta ligereza quienes perdieron la vida fueron el responsable de las brigadas escolares de la Policía en El Alto, sargento Juan José Alcón, linchado por turbas masistas el día 11, y el jefe departamental de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), teniente coronel Heybert Yamil Antelo, que fue embestido con su moto por una movilidad; murió al esquivar el bloqueo masista en la autopista el día 12 de noviembre”, recordó el periodista.
CASA MILITAR
Asimismo, la jurista aseguró que de acuerdo a la cronología, los militares que están acusados en el proceso transgredieron el artículo 245 de la Constitución Política del Estado (CPE).
“En el relato de la cronología de los hechos, de las tres órdenes contrarias de Jeanine, manifesté que cuando ella llega a La Paz, el 11 de noviembre a las dos de la tarde, una hora y media después, tres y media, está retirando la medalla presidencial, ¿de quién depende esta decisión de retirar?, del jefe de la Casa Militar y ¿de quién depende el Jefe de la Casa Militar?, del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas, ¿será que un militar solo puede mandarse? ¿Qué dice su constitución? Este retiro de medalla (…) está demostrado por la prueba documental porque es un procedimiento para poder retirar porque está en el Banco Central de Bolivia, en caja fuerte, hay un acta, firma, nota (…)”, alegó Durán en juicio.
Al respecto, el general en servició pasivo del Ejército, Tomás Peña y Lillo en coincidencia con el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado Jorge Santistevan, aclaró que el jefe de la Casa Militar depende directamente del Presidente, en su condición de Capitán General.
Santistevan aclaró que en las Fuerzas Armadas (FFAA) hay unidades, reparticiones e institutos donde se destinan a los militares dentro de su organización y la Casa Militar es un destino militar.
“El militar va a cumplir una misión acorde a las funciones donde ha sido asignado, en ese lugar se pone a disposición del mando natural y de su inmediato superior y la autoridad que está por encima de él”, aseveró.
En similar criterio, Peña y Lillo manifestó que el jefe de la Casa Militar es destinado por orden del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, pero previa consulta del Presidente porque depende directamente de él y tiene una dependencia de coordinación con el Ministerio de la Presidencia y para el protocolo ceremonial, para el tema de seguridad, con el Ministerio de Defensa y el Comando en Jefe.
“A él (Presidente) es al que le da parte y se subordina y si no hay Presidente él toma decisiones autónomas, no depende de nadie, porque si no hay Presidente obviamente no hay ministros y sus decisiones son autónomas”, apuntó.
Aclaró que en ningún lugar de la CPE ni de las normas militares se prevé que un Presidente renuncie y que no entregue de inmediato el poder, por lo que todo lo que dicen es elucubración.
“Si no hay Presidente, el jefe de la Casa Militar es autónomo, coordinará con el Comandante en Jefe pero tiene que esperar a que haya otro Presidente para darle parte. En ninguna parte está previsto que el Presidente renuncie y que no entregue el poder a otro”, dijo.
Asimismo, en su declaración informativa ante la Fiscalía, el exjefe de la Casa Militar dijo: “De acuerdo al manual de funciones, mis superiores, de quien dependo, es el Presidente del Estado, Vicepresidente del Estado y Ministro de la Presidencia, esas son mis autoridades superiores”.
Al respecto, Santistevan dijo que el exjefe de la Casa Militar, al evaluar la situación política, y de acuerdo a la CPE, procedió por iniciativa y lógica a tener disponibles los símbolos presidenciales en previsión a la sucesión del nuevo mandatario, al considerar que en el país no debe haber vacío de poder, según la norma fundamental.
//FUENTE: EL DIARIO//