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La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo está a tres pasos de operar la totalidad de los fondos de pensiones, en tanto crece el rechazo a la administración pública de los aportes de los trabajadores para su jubilación.
El traspaso a esa empresa estatal de los datos de los asegurados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) alcazó un avance mayor al 50% y es “uno de los últimos pasos” que se tiene que dar para lograr el funcionamiento pleno de la Gestora, informó su gerente general, Jaime Durán.
Los otros dos pasos a dar, detalló, son “asegurar el pago ininterrumpido de planillas” y “operar con todos los datos de la población” asegurada, “de tal manera que pueda contar con su cuenta personal previsional, establecida mediante el acceso de correo electrónico en nuestra página web”.
Según norma, este proceso debe concluir en mayo de 2023.
Para Durán, no se justifica establecer “más cambios en el cronograma”, aparte de los determinados con los mineros de Huanuni, con los que el Gobierno acordó el 13 de octubre suspender temporalmente la migración de la información de sus aportes de las AFP a la Gestora, hasta que se socialice con ellos las funciones y operaciones de la empresa estatal.
“Lo que más bien estamos haciendo es socializar aún más, informar a toda la población cómo funciona la Gestora. (Desde julio pasado) hasta el momento, hemos avanzando con 40 organizaciones y tenemos en carpeta más de otras 30”, sostuvo.
Fue la respuesta de Durán a sectores laborales, como los fabriles, médicos, trabajadores universitarios y otros, que demandan un trato similar al de los mineros.
Estos y otros aportantes rechazan la administración estatal del sistema integral de pensiones (SIP), principalmente por el “fracaso” que ha tenido el Estado en experiencias similares anteriores.
“El Gobierno está en una encrucijada: o persiste en imponer un sistema estatizado de pensiones que tantas dudas y desconfianza genera o resuelve dar marcha atrás a fin de preservar un sistema de administración privada que hasta ahora ha venido funcionando con relativa eficacia”, cita un análisis de la fundación Milenio.
Y a las dudas de los trabajadores sobre la gestión pública de sus aportes para jubilación se suman los posibles conflictos de intereses identificados por organizaciones de aportantes y analistas.
El principal es que el Estado, que ya es el regulador, el principal deudor de aportes para jubilación y la entidad que más inversiones capta del SIP, se convierte también con la Gestora en el administrador de los fondos de pensiones.
“Los aportes de los trabajadores se constituyen en un patrimonio autónomo, eso quiere decir que no se mezclan con el patrimonio de la Gestora ni pueden ser destinados a otros fines (…). Entonces, no hay ningún conflicto de intereses en relación a la administración del Estado”, indicó Durán.
Alternativa
“Si el Gobierno sostiene que la Gestora Pública prestará mejores servicios a un menor costo y otorgará una mejor rentabilidad que las AFP, pues debería demostrarlo. Y si efectivamente lo hace, los asegurados -en su mejor interés y ejerciendo su derecho a elegir- con seguridad se van a cambiar a la Gestora, sin necesidad de ninguna ley que los obligue (…), ya que se trata de ahorros de su propiedad, no de propiedad del Estado”, consideró el analista financiero Armando Álvarez.
Sin embargo, apuntó, “la intención del Gobierno es centralizar y controlar la totalidad de los aportes de los asegurados (…), desconociendo que el artículo 123 de la Constitución establece que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo”.
Consiguientemente, las disposiciones de Carta Magna de 2009, así como la Ley de Pensiones de 2010 “no son aplicables a los trabajadores que se afiliaron a las AFP antes de la promulgación de la nueva Constitución”, insistió.
Consultado sobre el tema, Durán indicó: “Estos sistemas operan bajo el principio de unicidad, eso quiere decir que se debe tener un mecanismo mediante el cual podamos administrar la totalidad de los aportes de los trabajadores, porque eso hace que sea más eficiente. Dado que los derechos de los trabajadores se van a ir consolidando a medida que la gente se vaya jubilando, entonces, a nuestro criterio, la primacía de la Constitución se refiere a eso”.
//FUENTE: EL DEBER//