Las instituciones y representantes del sector empresarial del departamento de La Paz se declararon formalmente en estado de emergencia, debido a la crítica situación económica y social que atraviesa la región.
La medida responde a los efectos devastadores de más de 22 días de bloqueos y medidas de presión, los cuales han provocado un aislamiento progresivo de la sede de Gobierno y de diversas provincias, interrumpiendo el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales tanto a nivel departamental como nacional.
La prolongación de este conflicto político y social ha generado pérdidas millonarias acumuladas en sectores estratégicos como la industria, el comercio, el turismo, la construcción y el transporte, dejando a numerosas unidades productivas en una situación insostenible. Asimismo, la imposibilidad de libre circulación para bienes y materias primas ha desatado una preocupante escasez de insumos esenciales, combustibles y medicamentos, lo que amenaza de forma directa la continuidad de las operaciones empresariales y pone en riesgo miles de fuentes de empleo formal.
Ante este complejo escenario, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) manifestó su profunda preocupación por la creciente incertidumbre financiera que enfrentan las empresas locales. Las organizaciones advierten que el sector se encuentra imposibilitado de generar ingresos regulares y, al mismo tiempo, debe cumplir con pesadas obligaciones salariales, tributarias y operativas, por lo que instan al Gobierno nacional a abandonar la indiferencia y a convocar de manera urgente a un espacio efectivo de diálogo con los sectores movilizados para pacificar el país.
Con el objetivo de mitigar el impacto de la crisis, el sector privado solicitó formalmente la implementación de medidas extraordinarias en el ámbito económico y tributario. Entre las demandas principales se destaca la aprobación de un diferimiento impositivo para tributos como el IVA y el IT, la concesión de prórrogas sin multas ni intereses, la activación de planes excepcionales de pago de hasta 36 meses, y la suspensión temporal de fiscalizaciones y procesos coactivos mientras persista la situación de emergencia.
En el plano financiero, los representantes empresariales demandan la activación inmediata de mecanismos de alivio bancario a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Específicamente, solicitan la reprogramación automática de créditos, el establecimiento de periodos de gracia de entre tres y seis meses, y la garantía de que las empresas afectadas no sufran una calificación negativa en su historial crediticio debido a los incumplimientos derivados de la coyuntura actual.
De manera complementaria, el pronunciamiento sectorial aboga por la flexibilización temporal de los aportes destinados a la Gestora Pública y a la Caja Nacional de Salud (CNS) mediante convenios excepcionales de pago que no afecten la cobertura médica ni los derechos laborales de los trabajadores. Los empresarios enfatizan que La Paz requiere una atención prioritaria y un diseño de incentivos económicos extraordinarios, considerando que es una de las regiones más vulnerables ante los recurrentes conflictos sociales del país.
Finalmente, el empresariado paceño reafirmó su compromiso con el desarrollo de Bolivia, pero advirtió de manera contundente que la inacción estatal y la falta de soluciones estructurales ponen en serio peligro la estabilidad social de la nación.
El sector concluye que solo mediante decisiones oportunas, la concertación democrática y la restitución de plenas garantías para la libre transitabilidad y el derecho al trabajo se podrá devolver la certidumbre necesaria para el aparato productivo
