«La cruda realidad de la democracia: La trampa institucional boliviana y el rol ineludible de la sociedad»
1. El espejismo del ‘vox populi’ frente al devenir histórico
Resulta revelador prestar atención al comportamiento de la sociedad en cuanto a la representación electoral. Cuando se habla de democracia, la opinión pública realiza un esfuerzo constante por apegarse al concepto nostálgico del «vox populi» —una definición discrecionalmente calificada por los medios masivos que procura tener apariencia académica y pretende rescatar las mejores cualidades teóricas del sistema. Sin embargo, dicha construcción estética contrasta profundamente con la realidad que vive el ciudadano común.
Convendría enfocar la atención en la cruda realidad coyuntural, la cual es ante todo el resultado de un devenir histórico. Como exponen Daron Acemoglu y James Robinson en sus investigaciones sobre los orígenes del poder y la prosperidad, el estudio de las trayectorias históricas permite identificar las variables determinantes del éxito o fracaso de las naciones, situando a la institucionalidad en el centro neurálgico del análisis.
En el contexto boliviano, las métricas internacionales confirman esta brecha entre la retórica y la estructura real. El Democracy Index 2024 de The Economist clasifica a Bolivia como un «Régimen Híbrido» con una puntuación de 4,26 sobre 10, ubicándola en el puesto 103 a nivel mundial. Por su parte, el Liberal Democracy Index de V-Dem registra para Bolivia, en su informe de 2025, un valor de 0,31 para el año de referencia utilizado por ese informe, ubicándola en el puesto 98 de su clasificación. Estas mediciones no significan que las elecciones hayan desaparecido, sino que permiten observar la diferencia entre la existencia formal de procedimientos electorales y la fortaleza de los contrapesos y garantías que deberían acompañarlos.
Esta diferencia resulta fundamental. Bolivia demostró en 2025 que puede producir alternancia mediante el voto. El Tribunal Supremo Electoral proclamó oficialmente la victoria del binomio del Partido Demócrata Cristiano en la segunda vuelta, con el 54,96 % de los votos válidos. El dato es importante porque obliga a evitar una conclusión simplista: la democracia electoral no ha desaparecido. El problema es otro. La existencia de elecciones competitivas no garantiza, por sí misma, que las instituciones sean capaces de procesar los conflictos sociales, limitar el poder o asegurar que las reglas sean efectivamente aplicadas.
Precisamente allí aparece la verdadera trampa institucional: una sociedad puede conservar el ritual electoral y, simultáneamente, acostumbrarse a resolver sus conflictos mediante mecanismos paralelos a las instituciones. El voto puede mantener su existencia formal mientras otras formas de presión adquieren una capacidad política cada vez mayor.
2. La trampa de la democracia procedimental: De Schumpeter y Bobbio a la manipulación de las reglas
Para analizar la concepción general de la democracia es preciso examinar su praxis desde abajo hacia arriba, es decir, desde la perspectiva de los gobernados, representados y electores. Este enfoque permite confirmar en qué tipo de juego participa la sociedad y si la cancha electoral responde verdaderamente a una democracia sustantiva o a una mera escenografía procedimental.
Joseph Schumpeter, en su clásica obra Capitalismo, Socialismo y Democracia, planteaba una definición estrictamente procedimental de la democracia: un método institucional para llegar a decisiones políticas mediante una lucha competitiva por el voto popular. Sin embargo, limitar la democracia a la mera celebración de comicios resulta altamente peligroso.
Como recordaba Norberto Bobbio al examinar las promesas no cumplidas de la democracia, el modelo ideal presuponía la victoria del ciudadano autónomo sobre el súbdito. Pero cuando los centros de poder privado, las corporaciones informales y el aparato estatal cooptan el sistema, la promesa representativa se fractura. Robert Dahl enfatizaba que una poliarquía real requiere la capacidad continua del gobierno para responder a las preferencias de sus ciudadanos de manera igualitaria, condición que se anula cuando el sistema electoral es manipulado para perpetuar a las élites de turno.
Pero aquí aparece una cuestión que merece ser incorporada al análisis boliviano: la democracia no solamente puede ser erosionada desde el interior del aparato estatal. También puede comenzar a vaciarse cuando los propios actores sociales descubren que resulta más eficaz presionar fuera de las instituciones que actuar dentro de ellas. La pregunta incómoda es, entonces, ¿qué ocurre cuando para ser escuchado resulta más efectivo bloquear una carretera que acudir al Parlamento?
La experiencia reciente permite observar el problema. En 2026 Bolivia atravesó una escalada de conflictividad social iniciada a comienzos de mayo, con protestas y bloqueos de carreteras protagonizados por sindicatos, sectores mineros, educativos, pueblos indígenas y organizaciones campesinas, en un contexto marcado por demandas relacionadas con empleo, abastecimiento de alimentos, combustibles y estabilidad económica. La CIDH expresó preocupación por los impactos humanitarios y llamó a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas dentro de una sociedad democrática.
No se trata de negar el derecho a la protesta. Una sociedad libre necesita preservar el derecho a manifestarse. El problema institucional surge cuando la capacidad de presión de un grupo organizado comienza a sustituir los mecanismos ordinarios de representación y deliberación. En ese punto, el ciudadano individual puede conservar un voto, mientras determinados grupos adquieren un poder de veto sobre las decisiones públicas.
Y aquí el problema deja de ser solamente el político. También alcanza al elector y a la propia sociedad, porque una democracia requiere ciudadanos capaces de defender las reglas incluso cuando el resultado institucional no coincide con sus intereses particulares.
3. La perspectiva de la Escuela Austríaca: La coacción estatal y la asfixia de la libertad
Frente a las visiones estatistas que conciben al poder público como un administrador omnisciente, la Ciencia Política de matriz austríaca (Mises, Hayek) sitúa al individuo como el actor irreducible del análisis político. La política no se trata de administrar eficientemente la coerción, sino de comprender cómo la intervención estatal y las decisiones arbitrarias destruyen la coordinación social espontánea y asfixian la libertad individual.
Ludwig von Mises argumentaba en La Acción Humana que todo acto de intervención estatista genera distorsiones no deseadas que el político pretende corregir con más intervención, arrastrando a la sociedad hacia el intervencionismo crónico. Por su parte, Friedrich A. Hayek demostró que el verdadero Estado de Derecho (Rule of Law) exige reglas generales, abstractas e impersonales que sirvan como ‘letreros indicadores’ para la planificación individual. Cuando el gobierno transforma la ley en un instrumento arbitrario de mandato específico (Rule by Law), la seguridad jurídica desaparece.
La importancia de esta distinción no es meramente académica. Cuando las reglas dejan de ser generales y previsibles, el individuo comienza a depender de su capacidad para influir sobre quienes las aplican. La libertad deja entonces de descansar sobre instituciones impersonales y empieza a depender de relaciones de poder.
La evidencia reciente sobre Bolivia permite observar la dimensión institucional de este problema. Según el Index of Economic Freedom 2026 de la Heritage Foundation, Bolivia obtuvo 42,4 sobre 100 y se ubicó en el puesto 168 de 184 economías evaluadas. El informe identifica entre los problemas estructurales la debilidad del Estado de Derecho, la vulnerabilidad del sistema judicial frente a interferencias políticas y la corrupción.
El problema de fondo, por tanto, no consiste simplemente en cuánto interviene el Estado, sino en si esa intervención se encuentra limitada por reglas que el ciudadano pueda conocer, prever y exigir que sean aplicadas de manera uniforme. Allí se encuentra una de las diferencias fundamentales entre un Estado sometido al Derecho y un Estado que utiliza el Derecho como instrumento de poder.
4. Resiliencia autoritaria y la cooptación de las instituciones formales
En regímenes donde los actores hegemónicos se rinden ante la estrategia de supervivencia del poder, se consolida la autocratización. Andrew J. Nathan, al analizar la resiliencia autoritaria, demostró cómo los regímenes no democráticos adaptan sus estructuras normativas para institucionalizar el control. De forma complementaria, el historiador Robert Barros, en su estudio sobre la Junta Militar chilena, evidenció que la longevidad del régimen no radicó en el uso exclusivo de la fuerza bruta, sino en la creación de una organización de poder institucionalizada y normada que reguló las disputas internas de la élite.
En la Bolivia contemporánea, las instituciones formales han sido progresivamente moldeadas para otorgar un barniz de legalidad a la discrecionalidad política. Los datos del World Justice Project (WJP) 2025 sitúan al país en el puesto 131 de 143 naciones en el Índice de Estado de Derecho, con una puntuación de 0,37 sobre 1,00. El propio WJP señala un deterioro de los controles sobre el poder y de la independencia judicial en el contexto boliviano.
A esto se suma el diagnóstico de Transparencia Internacional (CPI 2025), donde Bolivia permanece con 28 puntos sobre 100. Estos indicadores, más que constituir una sentencia definitiva sobre la democracia boliviana, muestran la persistencia de problemas relacionados con la calidad institucional, la corrupción, el Estado de Derecho y la capacidad de los controles para limitar el ejercicio arbitrario del poder.
Pero existe una segunda dimensión que no puede ser ignorada. La captura institucional no ocurre solamente cuando un gobierno controla los mecanismos formales. También puede producirse cuando actores externos a las instituciones adquieren suficiente capacidad para condicionar sus decisiones. Tsebelis denominó «actores de veto» a aquellos actores cuya participación puede impedir un cambio de política. En una democracia institucionalizada, esos actores se encuentran definidos por las propias reglas del sistema. En contextos de debilidad institucional, sin embargo, pueden aparecer actores de veto no institucionales, capaces de producir mediante presión social aquello que no conseguirían mediante representación formal.
La diferencia es sustancial. Una democracia puede soportar la existencia de múltiples intereses; lo que no puede sostener indefinidamente es que la capacidad de presión sustituya a la igualdad política.
5. Debilidad institucional, ‘zonas marrones’ y la trampa del bajo enforcement
El marco teórico desarrollado por Steven Levitsky, María Victoria Murillo y Daniel Brinks en La ley y la trampa en América Latina resulta fundamental para descifrar el caso boliviano. Los autores argumentan que la debilidad institucional y el bajo enforcement (ausencia de sanción coactiva al incumplimiento de la ley) no son meros accidentes técnicos, sino estrategias deliberadas de las élites políticas. Al diseñar reglas ambiciosas pero inaplicables o de cumplimiento voluntario, los gobiernos generan marcos normativos insignificantes que permiten el ejercicio discrecional del poder.
Esta dinámica conecta directamente con la conceptualización de Guillermo O’Donnell sobre la Democracia Delegativa y la existencia de «zonas marrones» —territorios o ámbitos socioeconómicos donde la efectividad del Estado de Derecho es nula o meramente nominal. En estos entornos, la rendición de cuentas horizontal (horizontal accountability) entre poderes se desvanece, transformando al Poder Legislativo en un actor secundario.
Como sostienen Gary Cox y Scott Morgenstern, frente a un Ejecutivo proactivo y centralizador, las legislaturas latinoamericanas suelen quedar relegadas a roles meramente reactivos o de negociación particular. El colapso del enforcement estatal abre el paso a economías informales e ilegales. El Global Organized Crime Index 2025 (GI-TOC) ubica la puntuación de resiliencia estatal de Bolivia frente al crimen organizado en 4,63 sobre 10, destacando debilidades en la capacidad regulatoria y judicial.
Sin embargo, aquí es necesario introducir una precisión que fortalece, y no debilita, el argumento. La Asamblea Legislativa que surgió de las elecciones de 2025 no responde a una mayoría parlamentaria propia del Ejecutivo. En la Cámara de Diputados, el PDC obtuvo 49 de los 130 escaños, seguido por Libre con 39 y Unidad con 26, mientras las demás fuerzas se repartieron los restantes escaños. Ninguna fuerza obtuvo por sí sola la mayoría absoluta.
Por tanto, sería apresurado afirmar que el Legislativo es simplemente un actor secundario. Durante 2026 la Asamblea incluso ejerció mecanismos de control sobre el Ejecutivo: en agosto, la censura al entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, derivó en su salida del gabinete. El hecho demuestra que los contrapesos formales pueden funcionar y que la relación entre poderes no puede analizarse únicamente desde la hipótesis de subordinación legislativa.
La cuestión más importante es otra: ¿puede esa capacidad de control convertirse en verdadera institucionalidad o terminará reducida a otra forma de negociación política?
Porque negociar dentro de las instituciones es democracia.
Pero sustituir las instituciones mediante presión es otra cosa.
Cuando el ciudadano observa que un sector puede obtener resultados mediante bloqueo, mientras otro debe esperar una ley, una comisión, un trámite administrativo o una decisión judicial, la señal que recibe es devastadora: las reglas dejan de ser el mecanismo común de resolución de conflictos y comienzan a convertirse en una opción más dentro de un repertorio de estrategias políticas.
El resultado es el bajo enforcement no solamente como incapacidad estatal, sino como aprendizaje social.
La sociedad aprende qué reglas puede incumplir.
El político aprende qué sectores debe satisfacer.
Y el ciudadano aprende que cumplir la ley puede no ser suficiente para obtener justicia.
6. El despertar ciudadano y el rol ineludible de la sociedad libre
El recorrido teórico y empírico conduce a una conclusión ineludible: cuando las instituciones formales se transforman en una trampa al servicio del gobernante y la democracia es reducida a un ritual electoral periódico, la salvaguarda de la libertad recae exclusivamente en la sociedad civil.
No es posible apelar al paternalismo estatal ni a la llegada de ‘caudillos benevolentes’ para corregir la degradación institucional. Como advertía Hayek y reafirma la tradición liberal de la praxeología política, la restauración del Estado de Derecho exige el despertar de ciudadanos responsables que asuman la defensa activa de sus libertades de asociación, propiedad y expresión.
La sociedad boliviana enfrenta la urgencia histórica de superar la complacencia frente al populismo y desmantelar el espejismo del sufragio ilimitado. Sin una ciudadanía dispuesta a fiscalizar al poder, exigir compromisos creíbles y reconstruir las normas sociales de respeto a la ley de abajo hacia arriba, las instituciones seguirán edificándose sobre cimientos de arena, condenando al país a la permanente fragilidad democrática.
Pero quizá el desafío sea todavía más profundo. Una sociedad libre no puede reducir su participación política al momento electoral ni delegar permanentemente su responsabilidad en dirigentes, corporaciones o instituciones. El ciudadano debe recuperar su condición de actor político y no limitarse a ser el receptor de decisiones tomadas por otros.
La democracia no se debilita únicamente cuando un gobernante concentra poder. También se debilita cuando la sociedad acepta que la ley puede ser diferente para cada grupo, cuando la presión sustituye a la representación y cuando el individuo renuncia a ejercer su libertad para convertirse en parte de una masa que otros dicen representar.
Bolivia ya demostró que puede cambiar de gobierno. La verdadera transformación institucional exige algo más difícil: que la sociedad aprenda a cambiar la manera en que entiende y ejerce el poder.
Porque el problema no es únicamente quién gobierna.
El problema es qué límites estamos dispuestos a aceptar sobre quienes gobiernan, qué reglas estamos dispuestos a defender cuando no nos favorecen y cuánto estamos dispuestos a responsabilizarnos de nuestra propia libertad.
La democracia no pertenece al político. Tampoco pertenece al Estado. Pertenece, en última instancia, al ciudadano.
Y una sociedad que olvida ejercer y defender su libertad atenta contra su propia existencia.
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