Según documentos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos ante el juez del caso, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset operaba con total impunidad en Bolivia gracias a una red de sobornos que involucraba a un alto funcionario estatal encargado de distribuir los pagos entre otros miembros del Estado.
En un escrito presentado el pasado miércoles por el fiscal estadounidense Anthony T. Aminoff de cara al juicio programado para enero de 2027, se detalla que este mecanismo no solo evitaba la interferencia de las autoridades, sino que también permitía a la organización criminal recuperar cargamentos de cocaína incautados a cambio de dinero adicional. Asimismo, los sobornos facilitaban el acceso a expedientes clasificados de narcotráfico, información sobre operativos de captura y detalles de reuniones entre la DEA y funcionarios bolivianos.
La acusación sostiene que Marset aplicaba la lógica de “plata o plomo”, recurriendo a la violencia o amenazas contra quienes se resistían, y evidenciando su estructura criminal mediante mensajes de la aplicación Sky ECC —cuyo uso como prueba aún debe ser autorizado por el juez ante la oposición de la defensa—, los cuales incluyen amenazas contra la fiscal uruguaya Mónica Ferrero y planes de atentados.
Ante las revelaciones del proceso en EEUU, la senadora Tatiana Áñez señaló que Bolivia merece conocer la verdad y solicitó mayor cooperación internacional. Asimismo, instó a coordinar esfuerzos bilaterales para esclarecer casos pendientes en el país, como el de las 32 maletas llegadas al aeropuerto de Viru Viru desde California en noviembre de 2025.
“Bolivia y EEUU tienen el deber de coordinar cada caso ilícito que involucra a ambos países, para dar seguridad a la población y demostrar un efectivo combate al crimen organizado”, dijo Áñez.
Las maletas partieron desde el país del norte y llegaron a Bolivia con precintos diplomáticos para evitar su revisión en los puestos de control de Aduana, según se conoció tras conocerse el caso, recién a principios de este año. Esa acción, de aprobación de valijas diplomáticas, de acuerdo con la Convención de Viena, corresponde a la Cancillería o misión diplomática del país involucrado.
