“Una moneda cuya oferta fuese controlada por una entidad obligada, por su propio interés, a satisfacer a los usuarios podría ser la mejor”
(Hayek, 1976)
En 2009, cuando los billetes zimbabuenses habían dejado de cumplir incluso la función más elemental del dinero, la población hizo lo que habitualmente ocurre cuando la autoridad destruye la moneda: buscó refugio por su cuenta. El dólar estadounidense, el rand sudafricano y otras divisas comenzaron a utilizarse de manera generalizada antes de que el Gobierno reconociera formalmente aquella realidad. No fue una comisión de expertos la que descubrió la solución ni un decreto el que devolvió valor a los intercambios, fueron millones de decisiones individuales las que desplazaron una moneda convertida en instrumento de expropiación.
La oficialización del régimen multimonetario, a comienzos de 2009, simplemente admitió un proceso que ya se había producido en las calles y con la desaparición práctica del dólar zimbabuense se detuvo la hiperinflación, mejoró la recaudación y reapareció cierta disciplina fiscal. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció entonces que la dolarización había estabilizado los precios y restringido temporalmente la capacidad del Gobierno y del Banco de la Reserva para financiar sus gastos mediante emisión.
Este episodio suele mencionarse como prueba del fracaso de la dolarización, ya que lo sucedido inicialmente demuestra exactamente lo contrario, porque una vez que el Gobierno perdió la posibilidad de fabricar la moneda con la que cubría sus obligaciones, los precios dejaron de ascender a ritmos demenciales y el cálculo económico comenzó a reconstruirse. Lastimosamente el fracaso vino después, cuando la clase política decidió conservar el nivel de gasto, los subsidios, las empresas estatales ineficientes y los privilegios que habían originado el desorden. Obviamente como el Gobierno ya no podía imprimir dólares estadounidenses, buscó otros mecanismos para gastar recursos que no poseía.
Ahí reside la verdadera lección para Bolivia, si bien la dolarización puede retirar de las manos del poder político la imprenta monetaria, esta no corrige por sí sola la irresponsabilidad fiscal, el desprecio por los contratos ni la tendencia de los gobiernos a trasladar a la población el costo de sus decisiones. Una moneda más sana limita algunos abusos; no convierte automáticamente en prudentes a quienes administran el Estado, menos en condiciones en las que actualmente nos encontramos.
Durante los primeros años del régimen multimonetario, Zimbabue registró una recuperación apreciable y esa estabilidad permitió que empresas y familias volvieran a formular precios, celebrar contratos y proyectar actividades con un horizonte algo más amplio. Sin embargo, la oportunidad no fue utilizada para reconstruir la solvencia fiscal, normalizar las relaciones con los acreedores, acumular liquidez externa suficiente y someter al Banco de la Reserva a límites infranqueables.
El déficit reapareció y llegó a niveles cercanos al 10 por ciento del producto en 2017. Como el país tenía escaso acceso al crédito internacional, el desequilibrio comenzó a financiarse mediante títulos colocados en el sistema bancario y pasivos cuasimonetarios creados por el Estado. El gasto corriente, los subsidios agrícolas y una masa salarial pública insostenible volvieron a ocupar el espacio que la dolarización había obligado momentáneamente a abandonar.
La maniobra fue presentada con la habitual terminología técnica que intenta conferir respetabilidad a lo que, expresado sin eufemismos, consistía en gastar dólares inexistentes. Surgieron los saldos electrónicos conocidos como RTGS y, posteriormente, los llamados bond notes. Ambos fueron declarados equivalentes al dólar estadounidense, aunque no podían convertirse libremente en dólares reales.
En las cuentas bancarias figuraba una cifra denominada en dólares, pero detrás de ella no existía una disponibilidad equivalente de moneda extranjera. El mercado, que podrá ser perseguido, pero no derogado, comenzó a distinguir entre el dólar efectivo y sus imitaciones oficiales. Aparecieron descuentos, restricciones a los retiros y un mercado paralelo. El FMI advertía en 2017 que los bond notes y los saldos RTGS, mantenidos oficialmente a la par del dólar, ya estaban generando cotizaciones diferenciadas.
Conviene detenerse en este punto porque permite comprender un error frecuente y es el de entender que el dinero no adquiere valor por la denominación que la autoridad imprime sobre un papel ni por la paridad que establece un funcionario. Su aceptación depende de la confianza, de su capacidad para facilitar intercambios y de la expectativa de que otros lo recibirán mañana sin una pérdida arbitraria.
Cuando el Gobierno de Zimbabue declaró que un bond note equivalía a un dólar, no creó esa equivalencia, ya que apenas dictó una disposición incapaz de sustituir los juicios de valor de quienes participaban en el mercado. El mismo poder que había destruido el dólar zimbabuense pretendía ahora que sus promesas fueran valoradas como la moneda de la Reserva Federal estadounidense.
En 2019 terminó por reconocerse lo que ya era evidente, se evidencio que los saldos RTGS y los instrumentos paralelos fueron transformados en una nueva moneda nacional. Muchos ciudadanos que creían mantener dólares en sus cuentas descubrieron que sus depósitos habían sido convertidos en una unidad diferente, depreciable y sometida nuevamente a las decisiones gubernamentales. La inflación volvió a elevarse y la confianza sufrió otra demolición, el FMI atribuyó el deterioro posterior al rápido crecimiento monetario, las operaciones cuasifiscales y los errores en la reforma cambiaria.
No había fracasado el dólar, lo que fracaso fue el intento de sostener una dolarización mientras permanecían las mismas instituciones fiscales y políticas que habían conducido a la hiperinflación.
Esa experiencia admite una analogía sencilla. Imaginemos una empresa cuyos administradores gastan sistemáticamente por encima de sus ingresos y cubren la diferencia falsificando la contabilidad. Un día se les retira el acceso a los libros y se establece una auditoría externa. Durante algún tiempo, las cuentas mejoran. Pero los administradores no reducen los gastos ni abandonan sus privilegios; comienzan entonces a emitir vales internos, certificados y pagarés que obligan a empleados y proveedores a aceptar como si fueran dinero.
Como país deberíamos observar ese antecedente sin exageraciones ni complacencias, Bolivia no es Zimbabue y una comparación seria no necesita fingir que las circunstancias son idénticas. Nuestro país no ha atravesado una hiperinflación comparable a la de 2008 ni ha sufrido el mismo proceso de destrucción productiva. Sin embargo, la estructura del problema contiene semejanzas que no deberían despreciarse: déficit fiscal persistente, caída de ingresos externos, subsidios difíciles de financiar, empresas públicas que absorben recursos, pérdida de reservas y creciente dependencia del Banco Central para sostener al sector público.
El informe del Fondo Monetario Internacional publicado en 2025 señaló que el déficit fiscal del país había superado el 10% del producto en 2023 y 2024, que alrededor del 80% del desequilibrio de 2024 fue financiado por el Banco Central y que la deuda pública había llegado aproximadamente al 95% del producto. Las estimaciones agregadas siempre pueden discutirse en sus métodos, pero la tendencia resulta difícil de ocultar: durante años el Estado gastó como si la renta del gas fuera permanente y, cuando esos ingresos disminuyeron, recurrió al crédito interno y a la expansión monetaria antes que revisar su tamaño.
Supongamos que Bolivia decidiera dolarizar sin modificar esa estructura. La emisión de bolivianos desaparecería, pero no desaparecerían el déficit, los subsidios, los salarios públicos, las transferencias, las pérdidas de las empresas estatales ni el servicio de la deuda. Alguien tendría que financiar esas obligaciones, sin embargo, aún no hay señales de austeridad fiscal por parte de las autoridades.
Sin acceso suficiente al crédito externo y sin una reducción sustancial del gasto, el Gobierno tendría tres caminos: aumentar impuestos, incumplir pagos o recurrir a mecanismos que sustituyan de manera encubierta la emisión monetaria. Podrían aparecer certificados fiscales, bonos de cancelación obligatoria, pagarés a proveedores, depósitos inmovilizados o saldos digitales emitidos por el Estado.
Al comienzo serían presentados como instrumentos transitorios y plenamente respaldados. Después se intentaría imponerles una paridad con el dólar. Cuando el público quisiera convertirlos y descubriera que no existen suficientes dólares, surgiría un descuento. El dólar efectivo tendría un precio y el supuesto dólar estatal, otro. Exactamente allí comenzaría la zimbabuanización de la dolarización boliviana.
La ausencia de un prestamista de última instancia con capacidad ilimitada también obligaría a resolver anticipadamente la cuestión bancaria. Ahora en un sistema dolarizado, el Banco Central no puede fabricar la moneda necesaria para detener cualquier corrida. Necesita reservas líquidas, líneas contingentes, exigencias prudenciales y mecanismos claros para resolver entidades insolventes.
Sin ese respaldo, una conversión improvisada podría producir nuevamente restricciones a los retiros, contracción del crédito y una disputa política sobre quién debe asumir las pérdidas. La dolarización no elimina los quebrantos patrimoniales; impide ocultarlos mediante inflación y obliga a reconocerlos.
Saliendo de la forma tradicional de ver la economía, el asunto no es simplemente de escoger entre dos variantes de ingeniería monetaria diseñadas desde arriba, más bien la pregunta relevante es por qué el ciudadano debe estar obligado a utilizar la moneda elegida por el poder político. La competencia monetaria, la libertad contractual y el respeto a la propiedad ofrecen una salida más profunda que el reemplazo de un monopolio por otro.
El dólar puede cumplir un papel importante durante una transición, pero su adopción debería acompañarse del reconocimiento legal de otras monedas, de contratos libremente pactados y de la prohibición de convertir compulsivamente depósitos y obligaciones. Una reforma monetaria auténticamente liberal no consiste en elegir una moneda desde el Estado, sino en devolver a las personas la facultad de elegir con qué moneda ahorrar, comerciar y contratar.
Antes de cualquier dolarización, Bolivia tendría que priorizar en equilibrar las cuentas públicas, terminar con el financiamiento del Tesoro por el Banco Central, transparentar las empresas estatales y posteriormente eliminarlas al igual que los subsidios, proteger jurídicamente los depósitos y garantizar que ningún gobierno pueda crear instrumentos paralelos de aceptación obligatoria. También sería indispensable auditar el balance del Banco Central y del sistema financiero, determinar la tasa de conversión sin confiscaciones y disponer de liquidez externa para afrontar retiros y pagos internacionales.
El Programa Monetario 2026 del Banco Central anuncia una orientación contractiva, el fortalecimiento de reservas y la limitación del financiamiento monetario al sector público. Es un reconocimiento relevante, aunque corresponde distinguir entre el anuncio administrativo y la restricción institucional duradera. Una política prudente depende de la voluntad de quienes gobiernan; una institución sólida reduce la posibilidad de que esa voluntad resulte decisiva. En esa diferencia se encuentra la distancia entre una confianza circunstancial y la seguridad jurídica.
Zimbabue enseña que la población puede abandonar una mala moneda antes de que los gobernantes admitan su fracaso, pero también que una dolarización logra detener la inflación cuando impide la emisión, pero se desnaturaliza cuando el Estado conserva el poder de crear sustitutos, alterar contratos y capturar la liquidez bancaria. No basta cambiar el signo monetario mientras permanece intacta la organización política que vive del déficit.
Bolivia tampoco necesita esperar una destrucción completa del boliviano para discutir reformas ya que sin disciplina fiscal, límites al poder, respeto por los contratos y libertad monetaria, el dólar sería apenas una pausa entre dos crisis. Con esas instituciones, en cambio, la discusión deja de ser un acto de desesperación y pasa a formar parte de una reforma destinada a impedir que el patrimonio de los ciudadanos vuelva a utilizarse como la caja chica de la política.
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