IGNACIO VERA
Escribo esto con el fin de recordar a la opinión pública y a los políticos el objetivo que tiene la institución de la Defensoría del Pueblo, un objetivo que, como el de cualquier otra institución, se rastrea revisando su historia y las bases y necesidades primigenias que lo originaron. Esto con el fin de divulgar el concepto de la Defensoría del Pueblo, pues algunas veces las sociedades debaten furiosamente ciertas controversias con todo tipo de posturas sin saber exactamente qué es lo que está en juego.
Digamos de entrada que una Defensoría del Pueblo es más necesaria allí donde el poder tiende a cometer mayores excesos. Históricamente hablando, los antecedentes de la institución se remontan a la localidad de Aragón en el Siglo XII, pero yo creo que su más directa antecesora es precisamente la Defensoría que fue estatuida en la Constitución sueca de 1809. La misión fue más o menos la misma desde siempre: defender las libertades ciudadanas o procurar por ellas. En algunos países, esta institución se llama, precisamente, Procuraduría de Derechos Humanos o cosa similar.
Como la historia está llena de paradojas, hoy por hoy la Defensoría está instituida mucho más en Latinoamérica (o sea, en países con democracias enclenques o inestables, cuyos gobiernos esgrimen discursos que giran en torno a la no intromisión de valores o instituciones europeos) que en el Viejo Continente. La razón es más que obvia: aquélla adolece de males tiránicos y autoritarios mucho más que éste otro.
Y es que, si uno razona bien, llega a la conclusión de que allí donde impera la ley, la Constitución se respeta al milímetro y los gobernantes no se exceden, en una palabra, allí donde hay Estado de Derecho, no existe necesidad de una Defensoría del Pueblo (la Constitución es ya de por sí un sistema de límites al poder). Es por eso que los grandes pensadores políticos —como Locke y Montesquieu— nunca propusieron una institución así: ellos creían cándidamente que el Órgano Judicial —uno idóneo, claro está— sería suficiente. Pero como sabemos, junto con Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre y que la teoría es muy bella al lado de la muy fea realidad, en Latinoamérica se hace necesario que una institución independiente de los tres órganos del Estado esté velando día a día por las libertades y garantías ciudadanas.
¿Cómo debe ser el perfil del defensor del pueblo? Debe ser mucho más político que técnico, sin significar esto que no deba ser conocedor del manejo de la teoría política y las ciencias jurídicas. De hecho, debe estar muy al tanto en temas de derechos humanos y conocer la jurisprudencia que en torno a éstos existe en su región y el mundo, pues el defensor, además de cuestionar políticamente y a nivel mediático al poder opresor y arbitrario, tiene la facultad de presentar recursos procesales o acciones cuando vea que los derechos humanos o las libertades ciudadanas están siendo pisoteados. (Se tiene, entonces, que una buena Defensoría trabajando es eficaz solo cuando el Órgano Judicial no está corrompido…).
El defensor debe ser una persona apartidista, que en ningún partido milite y, preferentemente, que tenga estudios. Ser activista de calles no es suficiente…; digo esto porque últimamente, debido al populismo y la degradación general de la política, se cree que el activista por la democracia que hace pancartas y vigilias y habla por megáfonos es ya per se un candidato ideal para diputado o, en este caso, para defensor.
Y, por último, debe ser una persona éticamente intachable. En realidad, éste debería ser un requisito moral impuesto por la ciudadanía para todo puesto público: diputación, ministerio, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, etc…
IGNACIO VERA DE RADA
Politólogo y docente universitario
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de Visor21.