El galeno fue encarcelado cuatro años e incluso se llegó a dictar una sentencia de 20 años en su contra, por una violación que el bebé de ocho meses nunca sufrió. Los fiscales del caso Edwin Blanco y Susana Boyán, son procesados por ocultar las pruebas de la inocencia del galeno.
VISOR21
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó confirmar la absolución del médico Jhiery Fernández y dar por cerrado un emblemático caso en el que los fiscales ocultaron las pruebas de su inocencia y, en complicidad con varios operadores de justicia, permitieron que el galeno sea encarcelado por cuatro años, acusado por un delito que nunca ocurrió, la violación al bebé de ocho meses, Oscar Alexander.
“En mayo de 2021, el Tribunal Cuarto de Sentencia declaró la absolución del médico Jhiery Fernández por ese hecho delictivo que nunca se cometió (violación), sin embargo, de forma maliciosa los representantes de la Gobernación de La Paz apelaron esa determinación. Pero ahora, dos años después, una vez que el caso fue tratado en una Sala Penal se confirmó la sentencia de absolución en favor del doctor Fernández, porque en los plazos establecidos por ley no se presentó ninguna otra objeción, lo que ha provocado que el caso sea devuelto al Tribunal de Sentencia, donde ahora se solicitará que se emita la ejecutoría de esta resolución para dar por cerrado, definitivamente, este caso”, informó a VISOR21 el abogado del galeno, Cristian Alanes.
El médico Fernández fue encarcelado en 2014, imputado por la violación del bebé de ocho meses, Oscar Alexander, hecho que supuestamente se cometió en el centro de acogida Virgen de Fátima de la Gobernación, el 13 de noviembre de ese año. Nueve años después, cuatro de los cuales estuvo encarcelado en el penal de San Pedro, se confirmó el fallo en favor del galeno, quien nunca perdió la fe y logró demostrar su inocencia frente a sus acusadores, la Fiscalía, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), la Gobernación de La Paz y la Defensoría de la Niñez de la Alcaldía.
RESARCIMIENTO DE DAÑOS
Para Alanes, la apelación que en su momento presentó el equipo de abogados de la Gobernación, era solo una argucia legal con el fin de evadir el resarcimiento económico que ahora esa institución y todas las que se sentaron en el banquillo de acusadores deben pagar al galeno, por el encarcelamiento injusto que sufrió. El abogado explicó que los abogados que perdieron el caso pretendían que este se reabra contra Fernández, con el argumento de que nunca se llegó a investigar las verdaderas causas de la muerte del bebé Alexander.
Si bien el jurista considera que es verdad que las causas de la muerte nunca se esclarecieron, Alanes precisó que ese es un tema que compete a otras instancias (Fiscalía y Policía), que no cumplieron con su labor y se enfocaron en perseguir al médico y mantenerlo encarcelado, pese a todas las pruebas que señalaban su inocencia. Parte de esa responsabilidad también recaerá en los abogados que representaron a todas las instituciones acusadoras, en especial a exfiscales y jueces.
“No podemos reabrir un caso que ya tenía sentencia, para que, luego de nueve años, se investigue recién las causas de la muerte cuando la propia Gobernación y otros sujetos procesales (Fiscalía, Defensoría Municipal y Sedeges) han obstaculizado la averiguación de la verdad, sin tomar en cuenta a todos los inocentes que fueron procesados por este caso”, señaló Alanes.
El abogado recordó que el pedido de resarcimiento de daños es una decisión que le corresponde tomar a Fernández, pero que con este fallo está plenamente habilitado para solicitarlo.
CONDENA REVERTIDA
Durante su encarcelamiento, en mayo de 2018, los entonces jueces de sentencia, Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladis Guerrero, dictaron una condena de 20 años contra Jhiery Fernández, acusado por la supuesta violación y de cuatro años contra la médico Sandra Madeni y la enfermera Lola Rodríguez, por complicidad.
Sin embargo, en septiembre de ese mismo año el periódico Página Siete reveló el audio en el que la jueza Pacajes, en una reunión particular, confesó que había dictado condena contra Fernández, pese a que no existían pruebas científicas y aseguró que el entonces fiscal General, Ramiro Guerrero (actual viceministro de Tierras), direccionó el caso para encubrir el error de la forense del IDIF, Angela Mora, quien, según Pacajes, tenía una relación con Guerrero y había emitido un diagnóstico falso sobre la supuesta violación.
Producto de la publicación del audio, Pacajes y sus dos colegas fueron procesados y alejados del cargo. En tanto, los fiscales del caso, Susana Boyán y Edwin Blanco (actual juez de sentencia), que llegó a ser nombrado Fiscal Departamental, también afrontaron investigaciones que terminaron en una acusación y juicio que está paralizado en el Tribunal Primero Anticorrupción, presidido por Iván Perales.
PROCESOS CONTRA EXFISCALES
Asimismo, Alanes señaló que este fallo servirá para acelerar el juicio contra los dos exfiscales del caso, quienes presentaron una serie de incidentes que, en criterio del abogado, fueron interpuestos para dilatar el proceso y lograr su extinción.
También se debe recordar que, entre 2015 y 2018 el entonces fiscal General se presentó en varias oportunidades ante la Asamblea Legislativa, para sostener que el bebé fue víctima de una violación y que el autor de ese crimen era el médico Fernández. Sin embargo, la exfiscal Departamental, Patricia Sosa, afirmó que quien debía responder por el direccionamiento de la investigación en ese caso era, precisamente, Guerrero.