El canciller Fernando Aramayo denunció públicamente que la participación de ciudadanos extranjeros en las movilizaciones sociales del país forma parte de un proceso de desestabilización contra la democracia. La autoridad confirmó que ya se han activado los mecanismos legales para exigir la salida inmediata de estas personas.
“¿Qué tendría que hacer un funcionario extranjero azuzando a nuestra población y queriendo atizar más un escenario de polarización? Esta es la prueba más clara de que este es un proceso de desestabilización”, cuestionó el jefe de la diplomacia boliviana.
Las declaraciones surgen tras detectarse la presencia de activistas argentinos en asambleas de sectores movilizados. Entre ellos, el dirigente del Partido Obrero–Frente de Izquierda, Sebastián Copello, quien respaldó los bloqueos en un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), y la activista Mercedes Trimarchi, cuya intervención en un encuentro en Senkata (El Alto) también fue cuestionada por el Ejecutivo.
Aramayo lamentó que las organizaciones sociales locales cedan espacio a actores externos para intervenir en asuntos internos.
Por otra parte, el canciller anunció la emisión de un comunicado oficial para transparentar la recepción de ayuda humanitaria internacional. Detalló que este apoyo se ha concentrado exclusivamente en medicamentos, oxígeno y alimentos destinados a los hospitales y a las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis actual.
