Lo traficantes de tierras operan en Cochabamba en complicidad con consorcios de abogados, fiscales, jueces y policías para evadir a la justicia. También fabrican procesos contra las víctimas para despojarlas de sus bienes o cansarlas y así desistan de sus demandas, dijeron los afectados.
Los avasalladores utilizan sus “vínculos con el poder”, es decir, con autoridades del Gobierno nacional, senadores, diputados, alcaldes y concejales para regularizar los asentamientos ilegales, de acuerdo con el testimonio de varias víctimas y ambientalistas.
La asistente legal en varios amparos contra los avasalladores, Gabina Condori, indicó que los traficantes conforman “organizaciones criminales”, cuya estructura tiene como base a dirigentes y exlíderes de las zonas invadidas que filtran la información sobre los predios a lotear.
“Normalmente seleccionan a las víctimas porque conocen quiénes tienen documentos al día o no, si tienen dinero o son personas vulnerables. Algunos dirigentes usan a terceras personas en concomitancia con las autoridades municipales para entrarse a los terrenos”, dijo.
Condori explicó que con el fin de consolidar la toma de tierras los traficantes acuden a consorcios de operadores de justicia para impedir que las denuncias contra ellos avancen y arman procesos penales contra los dueños para presionarlos a renunciar a sus derechos propietarios.
El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Ángel Quispe, expresó que los nexos con autoridades municipales son visibles, porque no existe ningún tipo de intervención para impedir que los asentamientos ilegales sigan proliferando, pese a que hay normas que los facultan a controlar y sancionar estos ilícitos.
“Ellos tienen un 50 por ciento de implicación en las estafas que están haciendo los loteadores, porque no hacen cumplir las ordenanzas ni otras leyes. Dejan que se hagan construcciones en el área rural sin documentos y lo que es peor que se entren a las tierras fiscales”, remarcó.
Detalló que desde 2018 a la fecha, recibieron más de mil denuncias de avasallamientos en el que las víctimas, incluso, pusieron en conocimiento que los responsables tienen hasta 40 procesos penales, pero están libres.
“Están acostumbrados a cometer delitos y salir impunes. Hemos identificado que hay personas con bastantes procesos por agresiones físicas, violaciones y otros más graves, pero están caminando como si nada; más bien, ellos están fabricando procesos contra las víctimas generando enfrentamientos”, afirmó.
Identificados
El representante de Fedjuve afirmó que 500 personas se dedican a avasallar y han hecho un negocio. Entre las que instigan, seis personas fueron identificadas como las que entregan de 20 a 30 lotes a los intermediarios para que despojen de sus bienes a los dueños y los vendan.
Según las fuentes, estas seis personas que están detrás de los avasallamientos, además tienen un historial de procesos, pero siguen libres. Los Tiempos contactó a su comunicador para conocer su versión y quedó en avisar cuándo se pronunciarán.
Según Quispe, “los propietarios abandonan los procesos contra los traficantes por falta de tiempo y dinero. Eso es una victoria para ellos”.
El dirigente vecinal planteó que se investigue a las personas dedicadas al tráfico de tierras y sus familiares, porque hay indicios que se trata de clanes con un modus operandi es similar.
Agregó que como institución recibieron denuncias de Cercado, Arbieto, Cliza, Tolata, Punata, Sacaba, Tiquipaya, Vinto, Sipe Sipe y Capinota y Quillacollo.
Una de las propietarias de la Hacienda Angostura, Luz Marina Canelas, contó que para las víctimas es cada vez más difícil denunciar los atentados, porque se debe peregrinar de un lado a otro y en cada uno se piden pruebas, testigos y otros requisitos.
Dijo que mientras los afectados viven un “calvario” para hacer respetar sus derechos en las instancias correspondientes, los avasalladores ofrecen con inmobiliarias y visitas guiadas sus predios sin que nadie haga nada para frenar este atentado contra la propiedad privada.
DENUNCIADOS SÓLO SON ARRESTADOS
La asistente legal en amparos contra avasallamientos, Gabina Condori, informó que los avasalladores no cumplen ni un arresto de ocho de horas, pese a la cantidad de procesos penales que tienen en contra, porque inmediatamente son asistidos por varios abogados.
Otros afectados por el tráfico de tierras relataron que presenciaron cómo sus denuncias son rechazadas por los fiscales, pero las que presentan los loteadores en su contra avanzan en cuestión de semanas, pese a los descargos y las escasas pruebas que presentan. Contaron que observaron que las denuncias a veces sólo cuentan con testimonios de familiares de los avasalladores.
TRÁFICO DE TIERRAS MUEVE MILLONES EN POCO TIEMPO
Las tierras fiscales, de pastoreo, de recarga hídrica y producción agrícola son los tipos de predios que están en la mira de los avasalladores, porque al ser extensos hay posibilidad de fraccionarlos en cientos de lotes de 300 metros para generar un movimiento económico millonario, señaló el representante del Comité de Defensa de Tierras Agrícolas, Agua y Madre Tierra (Codetamt), Omar Fernández.
“El tráfico de tierra es un negocio millonario, por ejemplo, en el caso de Falsuri al que hicimos seguimiento eran como 10 millones de dólares lo que se iba a recaudar, en el caso de Lomas de Liquina son como 7 millones de dólares.
Corre mucha plata, por eso, es que están vinculados dirigentes, muchas autoridades nacionales, departamentales y municipales”, aseveró.
Complementó que consolidar la invasión a los predios puede tomar años, pero que se reduce de acuerdo con el grado influencias que tienen los loteadores con los consorcios.
Fernández comentó que la problemática puede generar una crisis alimentaria en el departamento a largo plazo y complementó que urgen acciones inmediatas, porque los efectos ya comienzan a manifestarse a través del cambio climático.
“Esto está afectando la seguridad alimentaria y derechos fundamentales, como el acceso de las personas a productos sanos”, concluyó.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//