«La dictadura boliviana decidió quienes se volvían ricos y quienes se tenían que arruinar»
El gran patriota argentino, Juan Bautista Alberdi, en su ensayo: La omnipotencia del Estado, expuso la gran paradoja de nuestros países, pues, después de romper con España, los ciudadanos de este lado del mundo acabamos de esclavos de nuestros gobiernos nacionales. Además, Alberdi, adelantado con casi un siglo a varios premios nobel de economía, entendió que la riqueza de un país no está en la extensión de su territorio, menos en los recursos naturales, sino en las instituciones políticas que le permiten al hombre ser libre de pensar, creer, producir y comerciar.
Por su parte, John Mukun Mbaku, profesor de Ciencias Políticas en varios países de África, explica que la omnipotencia del Estado genera los incentivos perversos para la corrupción. Es decir, que la cantidad de corruptos, el monto de las coimas y los índices de corrupción son solamente termómetros de un problema mayor. Veamos en perspectiva, si una alcaldía tiene dos presupuestos para un puente, uno de Bs. 100 mil y el otro de Bs. 10 millones, ¿dónde están más tentadas a terciar las empresas constructoras, a la opción 1 o la opción 2? Obviamente, la opción dos. Ahora imagine el caso de un aparato burocrático cuyo presupuesto es infinito.
De hecho, los monopolios, en contra corriente a las enseñanzas de las facultades de Ciencias Económicas, no son el resultado del capitalismo, sino la consecuencia de los acuerdos entre Estados enormes y empresarios de bajos indicadores morales. En 1912, Ludwig von Mises, en «Teoría del dinero y del crédito», tomó como ejemplo a las empresas productoras de material bélico para explicar cómo ciertos grupos corporativos ganan con la inflación:
- «Si, por ejemplo, se efectúa una emisión de papel moneda en tiempo de guerra, los nuevos billetes irán primeramente a los bolsillos de los proveedores de material bélico. Como resultado, las demandas de ciertos artículos por parte de estas personas aumentarán, así como su venta y precio, especialmente en tanto son artículos suntuarios. De este modo mejorará la situación de los productores de estos artículos; su demanda de otras mercancías también aumentará, continuándose de esta suerte el aumento de precios y ventas, distribuyéndose entre un número de artículos que aumenta continuamente, hasta que al fin alcanza a todos ellos. En este caso, hay algunos que ganan y otros que pierden con la inflación. Básicamente, los ganadores son aquellos que reciben el dinero fresco a un nivel de precios inferior».
En el contexto nacional, un fenómeno parecido lo podemos ver con la Ley de Servicios Financieros, pues dicha norma permitió que todo los bancos y cooperativas acrecentaran sus patrimonios, mientras que, al mismo tiempo, los ciudadanos de a pie, producto de la inflación y el asalto a los ahorros en dólares, fuimos testigos silenciosos de la pérdida de valor de nuestros salarios e ingresos. En resumen, la dictadura boliviana decidió quienes se volvían ricos y quienes se tenían que arruinar.
En La corrupción y los gobiernos, Susan Rose Ackerman explica que mientras más gasto público tenga un gobierno más corrupto será, ergo, la corrupción es un problema económico y político. Para mitigarla, ya que eliminarla por completo es imposible, Rose Ackerman propone una serie de reformas políticas y económicas, veamos:
- «Para reducir las oportunidades de cometer actos de corrupción habría que (1) eliminar aquellos entidades, programas y subsidios estatales cuyos costes (incluido el de la malversación de fondos) supera con creces sus beneficios; (2) reformar programas estatales que se consideran necesarios de tal forma que los funcionarios públicos tengan menos discrecionalidad en la toma de decisiones; (3) reformar la burocracia de tal forma que sus incentivos estén alineados con una administración más eficiente de los recursos públicos; (4) reformar los procesos de adjudicación reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios públicos en las decisiones de otorgamiento de contratos públicos y concesiones».
Pensando en Bolivia, esto podría aplicar a la urgente necesidad de cerrar todas las empresas públicas y otras tantas oficinas creadas, tan sólo, para extorsionar a empresarios. En fin, la ruta contraria a lo que comúnmente ofrecen los políticos.
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