La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda) presentó un memorial de resguardo al debido proceso y la no criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, a favor del activista Fernando Hamdan, dentro del caso del denominado «autogolpe» de junio de 2024.
El documento legal fue remitido al juez del juzgado sexto del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción, Marco Antonio Vargas, por los representantes de esa institución, Víctor Hugo Gutiérrez como presidente para América latina y Carolina Delgadillo como comisionada presidenta para Bolivia con copia para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.
Bajo la figura de Amicus Curiae, como tercero interesado en litigio, el presente escrito tiene por finalidad «poner a consideración del Tribunal diversos estándares internacionales que deben observarse durante el juzgamiento del ciudadano Fernando Hamdan, garantizando que toda decisión se encuentre plenamente compatible con la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hamdan fue incluído en el proceso de la denominada asonada militar del 26 de junio de 2024 en plaza Murillo, cuando un contingente de uniformados bajo orden del entonces general Juan José Zúñiga, llegó al centro político del país sin una demanda o explicación clara.
Hamdan fue señalado como «cómplice» de esos hechos y quedó en detención preventiva hasta esta gestión, cuando fue beneficiado con arresto domiciliario.
La organización argumenta ante el tribunal que no debe incurrir en la criminalización de los defensores de Derechos Humanos y se pide analizar rigurosamente si los altos atribuidos a Hamdan configuran una conducta delictiva o si corresponde, en realidad, el ejercicio legítimo y neutral de sus funciones de veeduría y mediación de Derechos Humanos.
La Cidhpda realiza una labor de seguimiento y monitoreo a las vulneraciones de los derechos humanos de activistas en Bolivia, sobre todo en casos de persecución política que ejecutó el régimen del MAS, tanto con Evo Morales como con Luis Arce.
La próxima semana se tiene programada la audiencia dentro del juicio a Zúñiga, varios militares y civiles que fueron señalados bajo la figura de presunto alzamiento armado en el llamado caso «autogolpe».
