Víctimas de dictaduras militares levantan carpas luego de 10 años

Diez años y cinco meses pasaron desde que se instaló la primera carpa y vigilia de las víctimas de las dictaduras militares en El Prado paceño, frente al Ministerio de Justicia. Hoy, ese grupo de adultos mayores decidió hacer una pausa, tras el acuerdo firmado con el Gobierno para buscar el resarcimiento y reparación para sus sobrevivientes.

Calaminas, maderas y toldos fueron levantados este domingo luego de la firma del acuerdo entre el presidente Luis Arce y los representantes de las víctimas de la represión militar entre 1964 y 1982, que establece la reparación integral mediante el diseño de políticas públicas específicas, leyes, decretos y reglamentos a ser elaborados en los siguientes meses.

“Confiamos en la firma del acuerdo y le pedimos al presidente que se cumpla fielmente”, expresó la representante del sector, Victoria López.

“No nos borren de la historia, queremos que continúe esa investigación para que no queden impunes los que cometieron crímenes de lesa humanidad”, agregó López tras el acto que también recordó el golpe de Estado del entonces coronel Hugo Banzer en 1971.

Arce dijo que donde estuvieron las carpas se levantará un espacio para conmemorar a quienes llamó luchadores por la recuperación de la democracia.

“Hoy en homenaje a todas esas víctimas de la dictaduras militares, de los golpes de Estado, nosotros hemos querido suscribir este convenio para resolver de una vez por todas este problema que estaba atingiendo más de 10 años aquí en el Prado”, declaró el mandatario.

Un primer Proyecto de Ley debe autorizar la recalificación de expedientes de 4.463 víctimas que fueron desestimadas o excluidas por anteriores comisiones, reportó la Agencia ANC.

Otro Proyecto de Ley es la “Política Integral de Reparación a Víctimas de dictaduras militares” que debiera establecer reparación económica, y otros resarcimientos establecidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, que trabajó de 2016 a 2019 y que para las víctimas fue frustración, como se expuso en audiencia pública de CIDH el 24 de junio 2021.

Un tercer Proyecto de Ley es para reparar económicamente a víctimas que llegarían a 8.868 personas.

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