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VISOR21.- Grupos masistas y funcionarios públicos se hicieron presentes en puertas del penal de Miraflores, este viernes, apenas circuló la orden del juez Franklin Siñani para que la expresidenta Jeanine Áñez sea trasladada al Hospital del Tórax para precautelar su vida, luego de diez días de huelga de hambre. Esa presión y violencia determinó que desde la gobernación del penal femenino se incumpla con esa acción de libertad.
“Los médicos del Hospital de Clínicas, por emergencia, tienen la obligación de restablecer la salud de la señora accionante incluso contra su voluntad. Una vez que haya desaparecido el riesgo a la vida de la señora accionante, debe ser inmediatamente remitida al penal”, citaba el juez y añadía que aquello era de cumplimiento inmediato “aunque no sea la voluntad de la accionante”.
Empero, la violencia se concentró en el penal de Miraflores, con los grupos de choque del masismo, conformado por funcionarios públicos que convocaron a acudir a ese recinto mediante sus grupos de WhatsApp y en horario de trabajo, tal es el caso de una veintena de servidores de la Procuraduría General, cuyo edificio queda en El Alto, en coordinación con el asesor Fernando Saavedra, según datos recabados por este medio informativo.
“Compañeras y compañeros, todas y todos los que pueden movilizarse ahora vayan al penal de Miraflores. A Jeanine le concedieron acción de libertad para ir al hospital y hay movimiento de la oposición”, se lee en un chat que agrega etiquetas de “Añez asesina” y “Senkata y Sacaba quieren justicia”.
En La Paz también se movilizó otro grupo de militantes masistas con los conocidos Columna Sur y Jichis, que responden al Ministerio de Gobierno y que salen a agredir a cada movilización de la oposición, sea esta política, cívica o de activistas de derechos humanos.
Pasadas las 14:00, cuando solo se veía un intercambio de arengas entre los funcionarios públicos y la vigilia de apoyo a la expresidenta asentados en la acera de enfrente, Carolina Ribera, hija de Áñez, y a la abogada Norka Cuéllar, fueron agredidas y sacadas del recinto penitenciario con golpes e insultos de los propios oficiales, hombres y mujeres, del penal de Miraflores.
“Yo sufrí golpes terribles al salir de esa turba que se convocó, de esos grupos de choque compuestos por funcionarios públicos y no sé quiénes más. Hemos tenido que sacar a Carolina por un callejón, ha sido terrible lo que ha tenido que vivir ella”, expresó la abogada.
Ribera recibió golpes en todo el cuerpo, un arañazo en el rostro y quedó con un ojo hinchado que hasta iniciada la noche debía evaluarse en el Instituto de Investigación Forense (IDIF), donde las agredidas acudieron.
En conferencia de prensa, la hija de Áñez, junto a su hermano José Armando Ribera y dos abogados de la expresidenta, señalaron que la gobernadora del penal y Régimen Penitenciario incumplieron una orden judicial y por ello podrán ser pasibles a futuros procesos, además de exigir al actual mandatario Luis Arce, que garantice la seguridad y vida de su antecesora.
Ribera agregó que su madre sufrió tres crisis de hipertensión nerviosa durante la mañana y que un grupo de médicos ingresó al penal para hacerle otra evaluación, cuando la orden de remitirla a un hospital era clara y obligatoria para que sea internada a mediodía.
“Cualquier cosa que ocurra con la vida de la expresidenta es responsabilidad, primero por la gobernadora del penal, y luego de sus inmediatos superiores y del presidente del Estado”, declaró la joven.
Más tarde, los grupos masistas destrozaron y quemaron la carpa que se había instalado frente a la ventana de la celda de Áñez, quien ya cumplió los once meses de detención preventiva que se le dictó por los montajes de “golpe I y golpe II”. Ante ese vencimiento procesal, la Fiscalía de Distrito de La Paz ya adelantó que pedirá cuatro meses más para concluir la etapa preparatoria de investigación contra la exmandataria boliviana.
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