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El suboficial de la Policía Tomás Huanca Luque fue cuestionado por sus camaradas porque, pese a tener denuncias por extorsión, doble precepción salarial y un ascenso ilegal, funge como el abogado y apoderado del viceministro de Descolonización, Pelagio Condori. Está al frente de los procesos por el supuesto motín policial de noviembre de 2019 y ya hizo dar de baja a 17 policías, denuncian.
“Nos enteramos en la audiencia que Tomás Huanca había ascendido. En teoría, él estaba declarado en comisión o tiene una licencia especial, y si esto es verdad, él no podía subir de grado, pero mientras es abogado de Pelagio Condori ascendió. La pregunta es ¿si estaba con baja o en comisión, cómo dio el examen para el ascenso?”, cuestionó el abogado Ramiro Carrillo.
El jurista representa al suboficial mayor Jaime Castelú Coca, quien fue sancionado por el Tribunal Disciplinario de La Paz, con la baja definitiva, el 21 de abril. El uniformado fue sindicado por supuestamente incitar al motín y transgredir las leyes, al “ultrajar símbolos patrios”, como el cortar la wiphala de la insignia de su uniforme.
El jurista Carrillo explicó que fue durante el juicio de su defendido que se reveló el supuesto ascenso ilegal de Huanca. “Mientras estaba en comisión deberían suspenderse todos los beneficios que tenía en la Policía. Hay un favorecimiento en razón a su cargo”, sostuvo.
El abogado señaló que se denunció ese extremo ante el tribunal que procesaba a su cliente, porque comprometía la legalidad de la representación del viceministro en el juicio, pero los oficiales que conformaban el tribunal la rechazaron y les indicaron que debían iniciar otra demanda por separado.
Licencia especial
El suboficial Huanca goza de un permiso especial de dos años, según la versión de sus compañeros. Como abogado de Condori logró que se dicte la baja definitiva de 17 de sus compañeros.
Un exmiembro de la Dirección Departamental de Investigación Interna Policial (Didipi) señaló que Huanca era parte del sistema disciplinario, pero fue sindicado por extorsión, a denuncia de sus compañeros. Luego de ese hecho y de manera coincidente, Huanca salió con la licencia “especial”, aprobada por el Comando General de la Policía.
“Fue denunciado por extorsión, los audios serán presentados en su momento y si hay algo de justicia en este país tendrían que dar de baja también a este señor (Huanca), al que nosotros no podemos llamar ‘camarada’ por cumplir órdenes de un gobierno que ha destruido la institucionalidad de la Policía”, afirmó un suboficial desde Cochabamba quien, al igual que el exmiembro de la Didipi, pide reserva de su identidad para evitar represalias.
Desde otros departamentos, los uniformados procesados por el supuesto motín también denunciaron que Huanca se benefició con un doble salario, uno pagado por el Viceministerio de Descolonización donde figura como asesor de Condori, y el segundo cancelado por la Policía.
“No existe un funcionario policial que tenga doble percepción económica. A cualquier efectivo policial que pueda prestar servicio en otra institución pública se le da ‘ítem cero’; por tanto, no recibe un doble sueldo”, fue la respuesta del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ante la consulta de Página Siete.
Sin embargo, no respondió sobre el presunto ascenso ilegal de Huanca.
Amparo constitucional
El abogado Carrillo señaló que se presentó un amparo constitucional contra la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, debido a varios artículos que violan los derechos al debido proceso de los policías procesados. Explicó que esta acción aún debe ser revisada en Sucre y que, de salir en su favor, todo el proceso contra su cliente sería anulado.
Entre los cuestionamientos a dicha ley figura el hecho de que al sancionar con la baja definitiva a un policía, no se establece qué pasará con sus beneficios sociales.
No responden
Desde junio de 2021, cuando se hizo pública la denuncia contra 26 policías por el motín de 2019, los periodistas consultaron al viceministro Condori sobre los detalles de las demandas, como los nombres de los procesados y las pruebas que existen contra ellos.
Sin embargo, el funcionario no respondió en ninguna oportunidad y fue criticado por los mismos policías. “Es utilizado por el ministro Del Castillo y (el Comandante General) Jhonny Aguilera, para perseguir a sus propios camaradas. Y sobre Huanca ¿qué honor o que dignidad puede tener alguien así frente a su familia?”, cuestionó otro efectivo policial.
Página Siete consultó varias veces al viceministro sobre estas acusaciones y sobre la situación del suboficial Huanca. En una de las audiencias en la Didipi, en febrero, Condori no sólo señaló a Huanca para que responda a todas las consultas, sino que salió huyendo y no paró por dos cuadras hasta ingresar a la Casa Grande del Pueblo, donde tiene su oficina.
En esa ocasión, Huanca también fue consultado y en primera instancia dijo que las preguntas deberían ser hechas al viceministro. Pero pese a escuchar que las acusaciones de sus camaradas eran hacia su trabajo, tampoco respondió y a paso veloz ingresó a la Casa Grande del Pueblo.
Repliegue
En noviembre de 2019, los policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba determinaron el repliegue policial de sus servicios debido a que el comandante departamental, Raúl Grandi, ordenó proteger a los grupos del MAS que defendían el gobierno de Evo Morales y reprimir a los grupos de ciudadanos que protestaban en las calles denunciando irregularidades en las elecciones presidenciales de octubre de 2019. Este repliegue se replicó en todos los departamentos del país durante los conflictos.
Para el suboficial de Estado Mayor Jhonn Kennedy Vásquez Pereira, representante de suboficiales y sargentos que alcanzan al 85% de los más de 38.000 uniformados que componen la Policía Boliviana, el 8 de noviembre de 2019 no se dio un “motín”, sino un “repliegue”, con el fin de evitar más violencia.
Admitió que en esa situación se cometieron algunos excesos, como la quema de las insignias wiphala de algunos uniformes.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//