“Ahora bien, con relación a la ciudadana (exvocal del TDJ La Paz) Claudia Marcela Castro Dorado, (la tarde del 11 de junio) se pudo acceder al expediente correspondiente a la ‘acción de cumplimiento’ presentada por el ciudadano Óscar Antonio De La Fuente Amelunge (prófugo), contra la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y en cuyos antecedentes se ha anunciado una impresión de mensajes correspondientes a la denominación ‘Dra. Castro’”, señala la primera imputación del caso, firmada por el fiscal Fernando Espinoza.
A continuación, el fiscal copió los mensajes de texto extraídos, supuestamente, del celular de Fernando Marcelo Lea Plaza, juez público mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal Nº 1 de Coroico. Él fue el primer aprehendido y encarcelado.
Si bien se negó a entregar el celular, según sus abogados, los investigadores hallaron gran parte de la información que lo involucraba, en la computadora del juez, la que aún tenía abierta la sesión de WhatsApp.
El historial reveló la coordinación entre la vocal y el juez, desde el 18 de mayo, para la elaboración, defensa y emisión de una resolución, que tenía el fin de suspender del cargo a Coaquira.
¿Los móviles? Para la defensa de Lea Plaza, quien primero guardó silencio, pero luego decidió declarar, asegurando que solo fue una víctima de la presión de sus superiores, la respuesta era clara, no había un interés económico, sino uno político.
Consultado por la versión de Castro, su abogado, Marco Mostajo, afirmó que las declaraciones de otros coprocesados y los indicios que maneja la Fiscalía “son subjetivos” y que surgieron a partir de la presión judicial, por lo que no era de su interés responder a las consultas puntuales.
Indicios
El siguiente indicio, en el hilo conductor de la investigación, terminó por involucrar a la ahora exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Se trata de que, de acuerdo con los datos colectados por la Fiscalía, se confirmó un hecho particular por medio de la declaración de Zulema P. S. G., asistente del representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Marco Antonio Cárdenas.
Ella relató ante los investigadores que, después de conocerse que el juez Marcelo Lea Plaza fue aprehendido, en Coroico, Castro se presentó a la oficina de Cárdenas, donde se encontró con ella. Afirmó que no preguntó por Cárdenas y pidió a la asistente que usara su celular para llamarlo y comunicarse con él.
Informado por la asistente, Cárdenas respondió que no tenía “nada” que hablar con Castro. Ella detalló entonces que en ese momento, la aún vocal del TDJ se indignó y golpeó el escritorio con las dos manos para luego lanzar una advertencia: “Le dice al doctor Cárdenas que no tome represalias contra el juez de Coroico (Lea Plaza), porque detrás de todo esto está el ministro”.
La descripción de la testigo también figura en la imputación que los fiscales presentaron contra Castro.
Este hecho despertó más preguntas en la investigación. ¿Qué hacía una vocal del TDJ de La Paz tratando de evitar el proceso contra el juez Lea Plaza, quien en un acto calificado de prevaricato pretendió suspender del cargo a la magistrada Coaquira?
El 12 de junio, por sus redes sociales, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, publicó un mensaje en el que aplaudía la aprehensión de Lea Plaza. “¡Mano dura contra los golpistas a la institucionalidad!”, escribió en su cuenta de X, en la que adjuntó fotos del allanamiento al despacho y al cuarto del juez de Coroico. Un revólver, dos celulares, cinco tarjetas de chips de celular y tres cédulas de identidad llamaban la atención, al igual que los trozos de un memorial que se pretendía eliminar.
Los policías y los fiscales se tomaron cinco días antes de tener todos los elementos contra Lea Plaza y avanzar con la investigación hacia otros implicados. Para asegurarse, el 13 de junio, el caso fue declarado en reserva.
Sin embargo, la información se filtró a los medios de comunicación y, el sábado 14, el ministro de Justicia, César Siles, presentó su renuncia irrevocable, pero añadió que se haría efectiva el 17 de junio.
“Siempre intentaron mellar mi dignidad, honor y trayectoria profesional, mas nunca lo lograron”, escribió en su carta de renuncia, en la que afirmó que luego de 20 años en el servicio público, se alejaba para evitar ataques contra la administración del gobierno del presidente Luis Arce.
A las 11.30 del lunes 16, tras 20 años de carrera, la abogada Claudia Castro fue aprehendida por un grupo de policías en su despacho, en el piso 9 del TDJ de La Paz, y fue llevada esposada hasta celdas policiales.
El audio
“La vocal Claudia Castro es la cabecilla de toda esta organización criminal, del consorcio, que se ha asentado en el TDJ”, aseguró el abogado Eduardo León a Visión 360 solo un instante después de que la vocal fuera llevada a celdas policiales.
Suleika Lanza había asumido la defensa de Lea Plaza, quien durante el fin de semana, cuando se conoció que fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro por seis meses, imputado por cuatro delitos, comenzó a dar datos sobre quiénes supuestamente direccionaron el fallo contra Coaquira, el que emitió de forma verbal el 11 de junio y le costó su libertad.
“Hay un fin político, por eso la señora Castro era parte, al igual que el ministro César Siles, por eso él ha renunciado. Él ha ordenado al juez Lea Plaza realizar la audiencia de esa acción de cumplimiento y prometió que tendría protección de él mismo, del Fiscal General y el Fiscal Departamental de La Paz. El objetivo (político) era sacar a Fanny Coaquira del cargo y que asuma su suplente, Iván Campero, con el fin de que se emitan fallos a favor del Gobierno, por ejemplo contra presos políticos. Trataban de copar el Órgano Judicial con personas de entera confianza del Gobierno”, afirmó León.
El abogado hacía alusión a un audio que comenzó a circular el domingo en la noche, un día después de la renuncia del ministro. En la grabación, una voz atribuida a Siles aseguraba a Lea Plaza que tendría la protección necesaria para emitir el fallo judicial que suspendía del cargo a Coaquira y favorecía a Campero.
En el audio, la voz atribuida a Siles aseguraba que también hacía las gestiones para confirmar el fallo de Lea Plaza ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La aseveración dio pie a la denuncia posterior del presidente del TSJ: que se pretendía “dar un golpe” al Órgano Judicial.
Entonces, los indicios apuntaban con más fuerza hacia, quien se presume, fue la operadora de Siles. El mismo día de su aprehensión, en otra oficina, la asistente personal de la vocal, Morelia O., quien también fue llevada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), presionada por los sucesos, reveló varios detalles de su trabajo con la vocal, relacionados con el caso.
“Como hace dos o tres semanas, por WhatsApp (la vocal Castro) me envió un documento en Word y me dijo que es mejor que no lo vea, y me dijo que solo imprima una copia de manera rápida; fui corriendo a su despacho y le entregaba… Este documento era un memorial que no veía para quién era, pero si era del señor Óscar Antonio de la Fuente (…) me hizo eliminar tanto de mi celular como de la computadora”, declaró la joven, que debió explicar estos detalles debido a que el material fue hallado en su computadora.
Para la comisión de fiscales, este elemento demostró que Castro ya tenía experiencia en “suprimir elementos de prueba, aspecto relevante para establecer que este riesgo procesal concurre”, señala el argumento del fiscal Espinoza para solicitar su detención preventiva.
A continuación, se conocieron los detalles de la declaración ampliatoria de Lea Plaza, quien confirmó que Castro lo había contactado y organizó reuniones desde mayo. El objetivo era lograr un resultado positivo para la acción de cumplimiento.
Miembros
Según los datos del expediente fiscal y la explicación del abogado León, desde el punto de vista político, Siles tenía la intención de beneficiar al Gobierno con la suspensión de Coaquira del TSJ y lograr la designación del suplente, Campero.
Para lograr ese objetivo entró en acción Castro, quien a su vez contactó a todos los actores, como lo afirmó en su declaración Lea Plaza.
El primero fue Antonio de la Fuente, quien además es testigo de la misma Fiscalía, en los dos casos de presunto “Golpe de Estado”, en el que primero se logró una sentencia contra la expresidenta Jeanine Añez, varios ministros y jefes militares, y ahora se juzga al gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho. A su vez, De la Fuente contrató al abogado (excónsul de Bolivia en España) José Uriarte, para “redactar” su memorial.
Contradictoriamente, De la Fuente también fue denunciado en varias oportunidades por extorsión, estafa y otros delitos, en diferentes gestiones en que estuvo el MAS en el Gobierno. En contacto con Visión 360, el testigo dijo que nunca le pudieron probar nada y que esas denuncias solo pretendían dañar su imagen.
Además, De la Fuente afirma que la acción de cumplimiento que presentó en el juzgado de Lea Plaza, solo benefició a sus “enemigos”, entre ellos la misma vocal Castro. Para demostrar su punto, aseveró que, en 2024, impugnó la postulación de Castro al cargo de Fiscal General, lo cual es evidente, de acuerdo con los reportes informativos de ese tiempo.
Otra de las personas que se benefició, según de De la Fuente, sería el magistrado Iván Campero, quien años atrás, cuando era juez laboral, lo perjudicó al dictar un fallo que le costó su representación sindical ante los trabajadores del Banco Central de Bolivia.
No obstante, la declaración de la asistente Ortiz revelaba una presunta coordinación entre Castro y De la Fuente.
Por su lado, Lea Plaza reveló que, el 19 de mayo, Castro organizó una reunión en la oficina del familiar de otro vocal del TDJ de apellido Ordóñez, a la que asistió Iván Campero, otros dos abogados aún no identificados, y a la cual, según le aseguró la vocal, debían haber asistido el ministro Siles, el presidente del TDJ, Yván Córdova, y el fiscal departamental Luis Torrez.
Castro le aseguró que la agenda de esas autoridades no permitió que asistieran, pero ya existía una “orden expresa” para realizar la acción de cumplimiento y que, además, el hecho también contaba con la supuesta aprobación del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Bautista.
Pese a ser nombrados en el audio y las declaraciones de los implicados, el fiscal general, Roger Mariaca; el fiscal departamental, Luis Torrez; y el consejero Bautista han negado cualquier tipo de nexo con la acción de cumplimiento.
La versión de Lea Plaza fue corroborada, en parte, por el magistrado suplente, Campero, cuando este fue aprehendido y declaró ante la Fiscalía. En su testimonio también se menciona que hubo una primera reunión organizada por Castro, a la que sí asistió Yván Córdova.
Este último fue subprocurador en la gestión de Siles y fue el juez que repuso en su cargo a la fiscal Sandra Gutiérrez, que investigaba el caso de trata de personas y estupro contra Evo Morales, en Tarija.
En su declaración, el exministro negó la veracidad del audio que lo involucra. En relación con lo mencionado en las reuniones organizadas por Castro, este sostuvo: “Me extraña, por lo que leí en el cuaderno de investigaciones, que dicha exautoridad mencione e invoque irresponsablemente mi nombre. A la doctora Castro no la veo hace más de tres años”.
Sin embargo, el exministro admitió que habló con ella por llamadas de celular. Asimismo, negó la acusación del presidente del TSJ, sobre el “golpe judicial”.
Inocentes
Para el abogado de Yván Córdova, Alberto Morales, la comisión de fiscales incurrió en varios errores en la investigación y anunció que “en un tiempo más”, las imputaciones serán anuladas y que los involucrados serán absueltos, pues no existe confianza en la originalidad del audio que destapó el escándalo y que no hay indicios del denominado “consorcio judicial”.
Entre tanto, aún se desconoce quién redactó el contenido de la acción de cumplimiento, pues el abogado Uriarte lo negó y Lea Plaza sostiene que fue la ex vocal Castro y otros implicados los que elaboraron incluso la respuesta a las objeciones.
Los implicados
- Claudia Castro. Exvocal del TDJ La Paz, con detención preventiva, imputada por tráfico de influencias y consorcio.
- Antonio de la Fuente. Prófugo. Presentó recurso contra Fanny Coaquira.
- José Uriarte. Abogado de De la Fuente, está con detención domiciliaria.
- Marcelo Lea Plaza. Juez suspendido de Coroico, imputado y con detención preventiva.
- Sergio Sarmiento. Funcionario de plataforma del Palacio de Justicia, en Coroico, sindicado por direccionar la acción de cumplimiento hacia el juzgado de Lea Plaza.
- Iván Campero. Magistrado suplente del TSJ, favorecido con el fallo del juez Lea Plaza, con detención domiciliaria.
- Yván Córdova. Expresidente del TDJ La Paz, con detención domiciliaria.
- ///FUENTE: VISION 360///
