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Tras conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma que en abril de 2009 se produjo una ejecución sumaria en Bolivia, un reporte muestra que seis de los 21 miembros de la entonces Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) escalaron en altos cargos dentro de la Policía.
El operativo en el Hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009 se realizó sin orden fiscal y con irregularidades como la desconexión de las cámaras de seguridad y el servicio de internet en ese edificio en el centro de Santa Cruz. La UTARC operó bajo órdenes del entonces presidente Evo Morales, su segundo Alvaro García y gente del Ministerio de Gobierno.
Durante el ataque fueron abatidos Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, mientras Elöd Tóásó y Mario Tadic, quedaron detenidos y trasladados a La Paz. Sobre los primeros, el informe de la CIDH establece que hubo una ejecución extrajudicial, es decir, un asesinato provocado por acción del gobierno de entonces. En tanto, el informe establece que los dos sobrevivientes fueron torturados y aquello no fue atendido por las instancias judiciales del país, que incurrieron en incumplimiento de funciones.
La UTARC fue formada como un “comando de élite” para enfrentar acciones del narcotráfico, pero ante la crisis política de 2009, con el avance para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, el régimen de Morales Ayma comenzó a hablar de “separatismo y terrorismo” en el país.
¿QUÉ PASÓ CON LOS EFECTIVOS DE LA UTARC?
De los 21 uniformados que participaron en el asalto al Hotel Las Américas, seis accedieron a cargos relevantes como jefes de unidad y otros fueron condecorados con la medalla al valor, reportó el matutino Página Siete, que menciona también a la entonces dragoniante Marylin Vargas, señalada por filmar cómo se montaron pruebas para armar el “caso terrorismo”, que hoy ostenta el grado de sargento mayor.
De acuerdo con los datos, el coronel Wálter Andrade, que se infiltró en el grupo de Rózsa, hasta hace dos semanas ocupó el cargo de vocal permanente del Tribunal Disciplinario de la Policía de La Paz. Antes fue director de la Policía Forestal y de Protección al Medioambiente (Pofoma).
“Cuando asumió el poder Evo Morales, encabezó el grupo de encapuchados que realizó los allanamientos a las casas de seguridad de la FELCN en Santa Cruz, junto a los abogados del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera al mando del exministro (Alfredo) Rada, a insistencia del exministro Juan Ramón Quintana (de la Presidencia), las casas fueron abandonadas días antes por la DEA, buscaban equipos de intervención de llamadas. Después de la matanza del hotel Las Américas fue nombrado comandante de la UTARC”, describió una fuente policial que pidió reserva en su nombre.
Otro miembro de la UTARC que alcanzó un cargo relevante fue el coronel José Luis Centellas Carrión, excomandante de ese grupo el día del asalto al hotel. Luego fue nombrado director nacional de Inteligencia. “Hacía seguimiento de periodistas, políticos de oposición y oficialismo contrarios a Evo Morales”, señaló la fuente.
El teniente coronel Wálter Gabriel Neme Mallón, señalado como hombre de confianza del exministro de Gobierno, Alfredo Rada, hoy es representante de la comisión de proyectistas de la Ley sobre el Plan de Carrera de la Policía Boliviana, rechazada por los uniformados y aprobada en una comisión de la Asamblea Legislativa. En 2009 tenía el grado de capitán.
Asimismo, el teniente coronel Willy Boris Villarroel Escalera cumple funcionen en la dirección de relaciones públicas del Comando General. También tenía el grado de capitán en 2009.
Otra persona que alcanzó un puesto relevante es el teniente coronel Miguel Ángel Zambrana Aguilar. Fue el encargado de las aprehensiones en el Hotel Las Américas cuando tenía el grado de capitán. Cumplió funciones en la Alcaldía de La Paz y luego fue jefe de seguridad de Evo Morales.
El mayor Edson Alcócer Vélez fue encargado de la seguridad del exministro de Gobierno, Carlos Romero, y estuvo dos años a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia.
En 2011, a dos años de la ejecución del operativo, el siguiente ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, condecoró a los miembros de la UTARC y a la única mujer, Marilyn Vargas, destacando su “·valentía” por haber “desbaratado la principal amenaza” que tuvo el régimen de Morales.
En el acto de condecoración no se reveló ningún otro nombre y los oficiales asistieron al acto con el uniforme negro de campaña y los rostros pintados, para no revelar sus identidades.
El informe de la CIDH establece cuatro recomendaciones al Estado boliviano, hoy administrado por el gobierno de Luis Arce, para procesar a los protagonistas de esos actos de ejecución y tortura.
Desde el gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya salieron en defensa del exmandatario para decir que el informe no es vinculante y que tanto Evo Morales como su gabinete y mando policial actuaron “en el marco de la ley”. Otros legisladores incluso plantearon volver a abrir el denominado “caso terrorismo” que en 2020 fue cerrado con sentencia absolutoria para quienes todavía estaban en calidad de detención preventiva, algunos por diez años, y que confirmó que el operativo de 2009 fue un montaje político que hoy se convierte en un delito de lesa humanidad.
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