–
Redacción VISOR21
Mediante un comunicado, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), rechazó la figura de desaparición forzada que se está instaurando en Bolivia, por la declaración en clandestinidad de varios militares en servicio pasivo y otros civiles, que hoy son investigados por los hechos del pasado 26 de junio en plaza Murillo de La Paz.
La nota se atribuye a Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado presidente para América Latina y el Caribe de esta organización activista, y versa sobre el denominado “golpe de Estado fallido”, que trata de posicionar el régimen de Luis Arce ante la comunidad internacional.
“Katherine Antezana, esposa del general de Ejército en servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, en una entrevista para el medio de comunicación EL DEBER denunció hostigamiento policial y aseguró que permanecerá en su domicilio a la espera de noticias de su esposo. Cabe señalar que Katherine estuvo internada en el hospital de Cossmil de La Paz.
Peña y Lillo es una de las personas buscadas por la policía, acusado de haber colaborado con el general Juan José Zúñiga en el asalto militar fallido a Palacio Quemado, antigua sede del Gobierno boliviano. Este martes, se declaró en la clandestinidad en una entrevista con el periodista Jhon Arandia: “Me declaro en la clandestinidad, mientras no haya las garantías necesarias y mientras una autoridad competente no me diga que va a hacer respetar mi integridad y mi servicio a la patria leal durante 40 años”, dijo el militar.
La activista Kelly Tejada, delegada de la CIDHPDA, explicó que esta organización le ha brindado acompañamiento a la familia del general Peña y Lillo. También aseguró que se han presentado pruebas, como imágenes donde se observa que en las afueras de la casa del militar y su esposa: “la Policía sembró pruebas, arrojando bolsas que luego fueron presentadas, haciendo creer que se encontró armamento en ese lugar”.
El viernes, el gobierno anunció 20 arrestos más, incluido un ex vicealmirante de la Marina. Ante esta situación, la CIDHPDA, en un oficio dirigido al Embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, ha solicitado información sobre las 21 personas detenidas, entre ellas: José Zúñiga Macías, excomandante del Ejército; Juan Arnez Salvador, vicealmirante y comandante de la Armada; Aníbal Abel Aguilar Gómez; supuesto gestor ideológico del plan y analista de inteligencia; Julio Omar Buitrago Sempértegui, jefe de Inteligencia. De igual forma, expresó su preocupación por las condiciones que estarían atravesando las personas desaparecidas, como el mencionado General Tomás Peña y Lillo; Juan Carlos Calderón de la Riva, vicepresidente de la UMSP Nacional y José Antonio Ágreda Mendívil, del servicio pasivo. Por último, la CIDHPDA solicitó información sobre las personas buscadas: Eduardo Calderón de la Riva Lazcano, Oscar Goitia Ledezma, Edwin Cruz Huanca y Ronny Silva Tintaya.
Frente a las sospechas de un “autogolpe”, es indispensable realizar una investigación de los hechos ocurridos el pasado 26 de junio con el fin de obtener claridad sobre el móvil del atentado y hacer que los auténticos responsables rindan cuentas. Al respecto, Tomás Peña y Lillo, en la entrevista con Jhon Arandia, consideró necesario una investigación internacional con el fin de garantizar la transparencia. De hacerse de esta forma, el general aseguró que se sometería de inmediato y se presentará con todas las garantías.
La situación actual en Bolivia se torna cada vez más tensa y se reportan casos de represión policial, como el que se le ha imputado a Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, señalado de meter presas a dos mujeres inocentes por haber grabado el momento en el que policías cometían abusos en plena vía pública. Dadas estas circunstancias, hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para mantenerse al pendiente de la seguridad del pueblo boliviano.
