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Reclusas de recintos penitenciarios en Trinidad y Tarija exigen mejores condiciones ante la sobrepoblación carcelaria, el incumplimiento de pagos del prediario y la falta de capacitación a funcionarios carcelarios, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo.
Durante el tercer trimestre de 2023, se registró más de 1.900 mujeres privadas de libertad en los nueve departamentos del país. De ellas, un 72% se encuentra en cárceles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, según datos revelados por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en el programa institucional “El Defensor con el Pueblo” transmitido por redes sociales.
El informe detalla que, en Santa Cruz hay 630 mujeres reclusas; en La Paz, 433; y en Cochabamba, 276; lo cual suma un total de 1.339 mujeres internas en centros penitenciarios del eje central de Bolivia. Y las cifras continúan creciendo cada día.
Además del hacinamiento y la sobrepoblación de presidiarias, otro problema constante es el retraso en el pago del prediario, el cual dura hasta tres meses y afecta a las mujeres que destinan ese ingreso de Bs 8 (ocho) para alimentarse cada día.
LAS OLVIDADAS
Durante el programa estatal, una interna de la cárcel de Trinidad manifestó su pedido a Régimen Penitenciario: “pedirle que nos pueda ayudar, queremos un módulo nuevo, somos 35 reclusas y no tenemos celdas suficientes. Las que tenemos están muy pequeñas”.
En Trinidad, la sobrepoblación carcelaria femenina provoca el colapso de las cámaras y el alcantarillado, lo cual termina afectando la salud de las privadas de libertad.
Ellas se consideran olvidadas por las autoridades y el Gobierno que, durante años, hacen oídos sordos a los pedidos de ayuda de la comunidad de reos, tanto varones como mujeres.
“Somos las olvidadas de Régimen Penitenciario, sabemos que es obligación de (ellos) ayudarnos, hemos mandado solicitudes y hasta el momento no nos dan solución”, recalcó.
No obstante a la conocida problemática del hacinamiento y las condiciones inhumanas de muchas cárceles de máxima seguridad en Bolivia, el problema también se vendría manifestando en otros recintos dentro de ciudades menos pobladas, como Tarija o Beni.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, participó en el programa y reconoció que las internas viven en condiciones inadecuadas al ver que la infraestructura carcelaria presenta severas limitaciones. Luego mencionó que existe el compromiso de mejorar la infraestructura del penal de Mocoví Mujeres en el departamento de Beni.
Otra reclusa del penal de Morros Blancos, en Tarija, expresó su preocupación por el hacinamiento en que viven y el cual les impide generar ingresos económicos para su subsistencia.
“Estamos conviviendo en celdas de seis a siete personas, los ambientes son muy pequeños, la infraestructura que tenemos es antigua y no se puede hacer una remodelación (porque) significaría un mayor costo y demoraría más tiempo”, indicó.
RETRASO DE PAGOS
Otro problema frecuente que denunciaron las privadas de libertad es el retraso en el pago del prediario. La demora suele tomar hasta tres meses y esto afecta a las internas que destinan los ocho bolivianos para alimentarse tres veces al día.
“Gracias a la Defensoría del Pueblo nos han pagado los tres meses que nos debían desde el año pasado, (pero) ahora estamos otra vez con el mismo problema, ya nos están debiendo dos meses”, afirmó una de las invitadas.
FALTA DE CAPACITACIÓN
Por último, la interna consultada también se refirió a la falta de capacitación de los policías de los centros penitenciarios, quienes aparentemente desconocen las normativas y los derechos que gozan las convictas. Por ello, pidió a las autoridades competentes que se destinen policías capacitados a estos centros penitenciarios.
“Como mujeres privadas de libertad, exigimos que el personal que nos trate sea netamente capacitado en rehabilitación, porque vemos que la Policía no lo está y tampoco tiene conocimiento pleno de la Ley 2298”, señaló.
Aunque la Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 2001 fue actualmente actualizada con leyes más actuales, ésta sí estipula los derechos de las personas privadas de libertad, las cuales deben ser conocidas y respetadas por “todo personal policial que venga a cumplir aquí”, exigió la mujer.
//FUENTE: EL DIARIO//