El Ministerio Público procesa penalmente a más de 130 personas porque cometieron destrozos y otros ilícitos durante las marchas de protesta y en los puntos de bloqueo que se registra en el país, informaron fuentes oficiales.
“Hasta ayer teníamos más de 130 personas que son procesadas, personas que han sido identificadas dentro de estas movilizaciones que han excedido el derecho a la protesta, que han generado deterioro, destrucción a bienes públicos”, informó el viceministro de Transparencia, Yamil García, a la ANF.
Desde hace 28 días, la Central Obrera Boliviana (COB) impulsa un paro indefinido y bloqueo de carreteras por la falta de atención a sus demandas. Los campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales se sumaron a esa movilización exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Sin embargo, esas protestas derivaron en actos vandálicos en la ciudad de la paz, saqueo y robo a comerciantes. En los operativos de desbloqueo de las vías, los manifestantes usaron dinamitas para amedrentar a los uniformados.
La autoridad indicó que son investigados por diferentes tipos penales. A la vez, señaló que esa cifra es un estimado ya que al ser procesados por la vía penal le compete a la Justicia determinar los casos.
Sin embargo, esos datos no son iguales al reporte que presentó la Defensoría del Pueblo en pasados días. El documento señala que se aprehendió y arrestó a un total de 321 personas de las cuales 221 fueron liberadas.
Respecto a las 100 personas restantes, se verificó que al menos 89 fueron imputadas penalmente de las cuales 43 personas fueron absueltas. Ademas, 19 tienen detención domiciliaria sin salidas laborales, y 12 fueron enviadas a la cárcel.
Entre tanto, otras 10 personas fueron sentenciadas a tres años de cárcel ya que la defensa de los implicados solicitó la aplicación de un procedimiento abreviado. Estos fueron aprehendidos por la Policía en el desbloqueo de la carretera Cochabamba – Santa Cruz a la altura de Parotani.
Los sentenciados se acogieron el perdón judicial que permitió que cumplan su sentencia en libertad, además el juez dispuso que no deben portar explosivos ni acercarse a los puntos de bloqueo y cada cuatro meses deben firmar el libro de registro.
POSIBLES FINANCIADORES
Por otra parte, el viceministro dijo que también se está investigando si estas movilizaciones son financiadas y quiénes son los que facilitan los recursos. Recordó que una protesta con la finalidad de derrocar a un Gobierno, en la investigación se incluye el tipo penal de financiamiento al terrorismo.
“La Fiscalía tiene la posibilidad de secuestrar los teléfonos celulares de los implicados y, a través del trabajo técnico con la policía, se desdobla la información que contienen estos dispositivos donde se va a poder evidenciar con claridad a qué grupos pertenecen, quién les paga, cuánto les pagan», manifestó.
No descartó que esos hallazgos deriven en otro proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra los supuestos financiadores.
//FUENTE: ANF//
