- REPORTAJE PUBLICADO EN 2021, POR EL PERIODISTA EMILIO HUASCAR CASTILLO ILLANES
El Año 2010 el cruel linchamiento de 4 agentes policiales miembros de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la ciudad de Oruro, en territorio norte potosino, derivó que las fuerzas antinarcóticos pongan más atención a lo que pasaba en ese sector del país.
En mayo del 2010; medios de prensa de todo el mundo titularon sus portadas: «Ayllus de Uncía admiten haber linchado a 4 policías»; «Bolivia: indígenas linchan a 4 policías».
Se trata de cuatro policías que pertenecían a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) del departamento de Oruro, que estaban en un operativo en la región norte potosina.
El linchamiento se produjo la noche del domingo 23 de mayo en una comunidad indígena de esa región, cuatro días más tarde, las autoridades locales y otras originarias confirmaron el asesinato de los cuatro agentes cuyos cuerpos habrían sido enterrados en tres diferentes comunidades para evitar un posible rastrillaje.
El jefe de la Policía del Norte Potosí aquel entonces, coronel Orlando Ávila, informaba desde Uncia que no era posible ingresar a la zona porque «había francotiradores a lo largo del camino principal de tierra» para evitar el ingreso de ninguna autoridad menos las fuerzas del orden.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, general Miguel Vásquez, explicó a los medios, que un informe oficial sostenía que en toda la zona existían varias comunidades indígenas de los ayllus guerreros del Norte de Potosí y el Sur de Oruro, que se dedicaban hace algún tiempo atrás, a la compra y venta de vehículos robados en las zonas de los valles y el oriente boliviano, como al contrabando de vehículos indocumentados desde Chile, además de la fabricación y tráfico de sustancias controladas, aprovechando la escasa presencia de las fuerzas del orden. Es por esta razón que cuatro efectivos policiales de DIPROVE Oruro, fueron enviados a esa región para montar un operativo anti-vehículos chutos (ilegales) desarrollado en la zona. Lamentablemente, al verse descubiertos, los indígenas muy bien organizados en bandas delincuenciales se resistieron al trabajo policiaco, secuestrando y asesinando a los uniformados. «Es difícil ingresar a la zona porque los originarios del sector están fuertemente armados y tienen bloqueados todos los accesos».
Narco Comunario
Un excoronel de la Policía Fronteriza, que cuenta con una mapa de los puntos identificados del narcotráfico en la zona sur de Oruro y norte de Potosí, de quien se mantiene el nombre en reserva, declaró que los narco comunarios trabajaban en la zona desde hace más de una década y que la muerte de los cuatro efectivos de DIPROVE en las comunidades de Saca Saca y Cala Cala, no fue por tema de extorsión como denunciaron los indígenas, sino, fue porque los agentes descubrieron, dentro de los vehículos indocumentados retenidos, un cargamento de al menos una tonelada de clorhidrato de cocaína. En aquella ocasión la exautoridad también señaló que el narcotráfico en la zona, declarada como “México chico”, era de conocimiento del exviceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, antes director nacional de la fuerza antidroga.
Los narcocomunarios se dedican a al trueque de vehículos chutos (indocumentados) por droga y es que, por ello hasta cada uno de los comunarios, entre ellos los Qaqachacas, cuentan con al menos dos vehículos de alta gama. Además de ser expertos productores de droga.
10 años después sin un juicio por la muerte de los cuatro policías
Los familiares temen que el caso se cierre por el tiempo que ya transcurrió.
Da bronca, que, a diez años del asesinato, no tenemos ni un detenido, no hay nadie en la cárcel. A los familiares y viudas nunca les dieron una fuente de trabajo, ningún tipo de ayuda, ni psicológica para los 10 huérfanos que han quedado, lamentaba, Guadalupe Cárdenas exrepresentante de las esposas de policías.
Casos
Tras la muerte de los cuatro agentes policiales de DIPROVE Oruro, en manos de campesinos originarios del Norte de Potosí, hecho registrado en la comunidad de Saca Saca en mayo del 2010, varias unidades de inteligencia policial pusieron sus ojos en el sector que aglutina a varias comunidades de los Ayllus Guerreros del Norte de Potosí y el Sur de Oruro. Estas comunidades están ubicadas en zonas naturalmente protegidas por montañas haciendo difícil el acceso hasta ellas por tierra menos para las personas que no conocen el lugar, confirmando la teoría que en el país existen territorios sin ley, aquellos en los que algunos grupos se aprovechan de la ausencia de autoridades policiales y principalmente del Estado para imponer la suya, sin importar si, están cometiendo algún tipo de delito; que al no ser grupos ideologizados, así les es más fácil pactar con cualquier partido político que les garantice que mantendrán sus privilegios en caso de llegar al poder.
A partir de ese año, varias unidades especializadas de la policía boliviana desplegaron distintos operativos policiales, siendo diversos los resultados. Algunas veces las tareas de control culminaban con resultados importantes para los registros de las autoridades, ya que se hallaban vehículos indocumentados que trasladaban sustancias controladas que se convertirían en cuantiosas sumas de dinero, que, si lograban llegar a su destino final, fácilmente triplican su costo. Pero eran más las ocasiones que los resultados no eran los esperados y solo se lograba la incautación de vehículos indocumentados y en más veces las fuerzas policiales salían huyendo del lugar ante el ataque de los comunarios.
El 11 de octubre del 2012, el gobierno de Evo Morales ordenó una incursión de fuerzas combinadas a Challapata, capital de la provincia Abaroa del departamento de Oruro que, hasta entonces, se había convertido en el feudo de los traficantes de autos usados. Muy bien organizados, los chuteros (contrabandistas) respondieron a la acción de las fuerzas combinadas, y tras un enfrentamiento armado que terminó con un saldo de dos muertos y cuatro heridos. La mafia de los autos “chutos” fue desmantelada, pero el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió que muchos de los contrabandistas habían diversificado su acción criminal con el narcotráfico.
En enero del 2014, el presidente Evo Morales promulgó la Ley de delimitación interdepartamental Oruro – Potosí y puso fin a los viejos enfrentamientos entre los llamados ayllus guerreros del suroeste boliviano. Después de varios años de enemistad, los ayllus Laymes, Jucumanis (Norte de Potosí) y Qaqachacas (Oruro) pactaron el tramo de colindancia denominado “Ayllus en Paz”, que demarca sus territorios en el norte del departamento de Potosí y en el sur de Oruro mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siendo la única ocasión en más de diez años que la policía ingreso hasta la plaza principal de Qaqachaca donde se efectuó el acto principal, en aquella ocasión el ingreso de los equipos de prensa de varios medios de comunicación fue prohibido.
En junio del 2014, La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Potosí aprendió aún comunario a quien le incautaron 33 kilos de cocaína en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, en el marco del operativo Volcán. Según el jefe departamental antinarcóticos de ese año, teniente coronel Johnny Chávez, la droga está valuada en 100 mil dólares y fue fabricada por los Qaqachacas, y su destino era Chile.
En mayo del 2015, varios agentes antidrogas de UMOPAR ingresaron a esa zona para hacer un rastrillaje y los Qaqachacas atacaron a tiros. En aquella ocasión el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó que un vehículo de la Policía recibió cuatro balazos de comunarios que portaban fusiles máuser.
Cáceres confirmó que hay actividades ilegales de los pobladores del ayllu orureño y la utilización de tecnología colombiana para producir pasta base de cocaína.
Explicó que utilizan recipientes de plásticos móviles para realizar el procedimiento de maceración de la coca, antes se utilizaban pozas artesanales.
«La Policía antinarcóticos no tiene por qué consultar a nadie o pedir autorización para realizar operativos. No hay una provincia, una comunidad o cualquier punto del país donde no pueda entrar la FELCN a ejecutar operativos de represión contra el narcotráfico”, señaló Cáceres.
Siete personas fueron aprehendidas, quienes portaban los fusiles máuser.
«Muelen las hojas de coca, utilizan unos recipientes de 5.000 y 10.000 litros de agua y requieren unas dos horas para obtener la pasta base de cocaína, es muy práctico», explicó.
La autoridad negó que los comunarios involucrados con el narcotráfico utilicen armas de última generación.
Efectivos antidroga advirtieron aquella vez que es una preocupación ingresar a regiones como la del ayllu Qaqachacas ya que reciben balas, aunque anunciaron que iban a realizar operativos contra el narcotráfico.
Narcos indígenas
Efectivos de inteligencia de la fuerza antidroga informaron que al menos 150 pozas de maceración móviles fueron instaladas en casas y quebradas del ayllu Qaqachaca, situado al sur de Oruro.
Clanes familiares se dedican a la elaboración de la droga.
Las casas son utilizadas como fábricas de cocaína, donde hay recipientes de plástico para la obtención del agua rica.
Según un informe oficial:
Un ex efectivo antidroga señaló que la región era dominada por los sindicatos campesinos cuyos dirigentes eran más conocidos como los mexicanos.
De acuerdo con estos informes y la declaración oficial del comandante general de Policía, Luis Cerruto Miranda, los comunarios han migrado de las pozas de maceración tradicionales a pozas móviles, donde emplean la tecnología colombiana para producir el clorhidrato de cocaína.
El documento de inteligencia de la FELCN de aquel entonces señala que el ayllu Qaqachaca alimenta el narcotráfico internacional mediante la frontera con Chile, donde existen rutas varias alternas que permiten burlar el control policial y trasladar el oro blanco hasta Chile. Un 75 por ciento de las fábricas de droga, se hallan dentro de las casas con las que cuenta la comunidad, muchas de ellas de reciente construcción, señala el informe que es de conocimiento del Alto mando policial.
Abastecimiento
La hoja de coca, materia prima para elaboración de la pasta base y clorhidrato de cocaína, es abastecidas desde la zona del Chapare, a través de Quillacollo, frontera con el departamento de Potosí.
Un informante explicó que la ruta más utilizada para la provisión de materia prima, hoja de coca y combustible, que finalmente se convierte en lingotes blancos de droga refinada, es por la ruta Quillacollo (Cochabamba) – Toro Toro y Uncía (Norte de Potosí), que es aprovechado por los comunarios ante la facilidad con la que cuentan para la circulación de vehículos indocumentados, entregan entre dos y tres vehículos a los refinadores de droga que convierten la pasta base, elaborada en la región, en clorhidrato. Cada ladrillo de droga, después de su cristalización, está valuada en 3.000 dólares el kilo, según un lugareño que develó la posición de las factorías que hay en las quebradas, puntos en los que no puede ingresar la fuerza antidroga, hasta hoy en día.
Narco Comunario
Un ex coronel de la Policía Fronteriza, que cuenta con una mapa de los puntos identificados del narcotráfico en la zona sur de Oruro y norte de Potosí, de quien se mantiene el nombre en reserva, declaró que los narco comunarios trabajaban en la zona desde hace más de una década y que la muerte de los cuatro efectivos de DIPROVE en las comunidades de Saca Saca y Cala Cala, no fue por tema de extorsión como denunciaron los indígenas, sino, fue porque los agentes descubrieron, dentro de los vehículos indocumentados retenidos, un cargamento de al menos una tonelada de clorhidrato de cocaína. En aquella ocasión la ex autoridad también señaló que el narcotráfico en la zona, declarada como “México chico”, era de conocimiento del exviceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, antes director nacional de la fuerza antidroga.
Los narcocomunarios se dedican a al trueque de vehículos chutos (indocumentados) por droga y es que, por ello hasta cada uno de los comunarios, entre ellos los Qaqachacas, cuentan con al menos dos vehículos de alta gama. Además de ser expertos productores de droga.
40 Puntos
Otro oficial refirió que hasta el año 2016, existían 40 pozas fijas de maceración de droga y otras 150 pozas móviles ocultas en varias comunidades cercanas a Qaqachaca, celosamente custodiados por los propios comunarios, motivo por el que, hasta hoy en día, la FELCN se va visto imposibilitada de erradicarlas del mapa de producción.
En septiembre del año 2016, la FELCN realizó una incursión en México chico, pero la tropa policial fue atacada por comunarios fuertemente armados, que hicieron que los agentes se retiraran inmediatamente, prácticamente escapando de la zona y varios de los efectivos sufrieron heridas de bala; ese dato nunca salió a la luz pública por órdenes del ministro de Gobierno de aquel entonces, reveló un exagente antidroga boliviano.
El documento también refleja los nombres de varios pueblos fantasmas que fueron construidos específicamente para ocultar las pozas de maceración de droga, evitando que fueran vistos fácilmente desde el aire. Estas poblaciones clandestinas aparecen y desaparecen como si nada, entre la oscuridad de la noche y las fuertes tormentas de viento con tierra del día, entre el extenso territorio montañoso de “México chico”, desde el sur orureño hasta el norte potosino. Además de haber movido poblaciones integras desde ese sector del país hasta el occidente orureño, en sectores donde dominan los más grandes contrabandistas de mercadería ilegal en el país.
Fuerza antidroga desbarata clan familiar
Una nave se precipitó a tierra en el Norte de Potosí el año 2016.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Potosí desbarató un clan familiar dedicado al envío de cocaína por vía terrestre y aérea, los integrantes del clan eran parte de una organización criminal con vínculos en el exterior del país. Siete personas fueron detenidas.
“Clan familiar que está relacionado con el siniestro de una avioneta el 21 de noviembre de 2016, por la zona de Callampayani, es una organización criminal, por el momento tenemos siete personas aprehendidas y un domicilio secuestrado, todos son bolivianos”, informó el jefe de investigación de la FELCN, José Luis Fuentes, según un reporte de El Potosí.
De los siete aprehendidos seis son varones y una es mujer. El domicilio secuestrado está ubicado en la localidad de Challapata del departamento de Oruro. “Es un clan familiar dedicado al acopio de cocaína en el sector de Qaqachaca y esta mercancía era trasladada hasta la república de Chile, donde esta organización tenía contacto con personas extranjeras de nacionalidad colombianas y brasileñas”, detalla el reporte policial.
Mientras tanto, un informe no divulgado da cuenta que una avioneta se estrelló cerca de la comunidad Huayllajara, en el distrito Ayoma del municipio de Colquechaca, en el norte de Potosí. El lugar del hecho no se encuentra en una zona despoblada, así como informó el Ministro de Gobierno Carlos Romero, además existía un lugareño no solo testigo del accidente, sino también de lo que sucedió después; cuando una camioneta Toyota de color rojo y sin placas, llegó hasta el lugar con un grupo de personas que rescataron al único sobreviviente del hecho y lo que se pudo de la avioneta a la que después le prendieron fuego. Por ello, cuando llego la Policía muchas horas después solo encontró cenizas y el cuerpo calcinado del piloto.
El 1 de agosto del año 2018, dos patrullas de la fuerza antinarcóticos de Oruro fueron retenidos por comunarios de Morocomarca y Chapi Chapi, en la provincia Rafael Bustillos en el Norte de Potosí. Un grupo de 10 uniformados distribuidos en dos patrullas cumplían con un operativo antidrogas en la zona, cuando fueron interceptados por los campesinos y sólo cinco policías lograron huir. Los cinco efectivos retenidos fueron liberados 24 horas después, gracias a la mediación del padre Williams Ugarte, párroco del municipio de Uncía, quién en contacto telefónico con EL DEBER, confirmó que los uniformados se encontraban ilesos y estables.
El coronel Romer Raña, comandante departamental de la Policía en Oruro, informó sobre la liberación de los policías y también lamentó que los dos motorizados en los que viajaban fueron quemados. “Los policías se encontraban realizando un patrullaje en Uncía y fueron retenidos por comunarios, quienes evitaron que continúen con su trabajo”, indicó.
En septiembre del año 2018, Los cadáveres de cuatro hombres fueron encontrados por la Policía, a un costado de la carretera Oruro-Uyuni, en la zona de la comunidad Condo-K, cercana al municipio Challapata. Los cuerpos estaban envueltos en bolsas de plástico color negro, amarrados con cinta adhesiva y uno de ellos tenía una colcha de colores que lo cubría. Tres cuerpos estaban apilados uno al lado del otro y el cuarto muerto fue puesto encima de los otros tres.
Alrededor de los cadáveres, marcadas en la tierra, había diferentes huellas de pisadas de zapatos y de las marcas de un motorizado que se presume trasladó los cadáveres hasta ese sitio, ya que los investigadores con los que pudo conversar EL DEBER coincidieron en señalar que los hombres no fueron asesinados allí, sino en otro lugar y que sus cuerpos, envueltos en plástico negro, fueron llevados hasta el costado de la ruta interdepartamental. El fiscal de Challapata, Jimmy Calle, indicó que estas personas fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares el domingo 26 de agosto, ya que luego de salir de Santa Cruz con destino a Oruro en aparente busca de comprar minerales preciosos, no se volvieron a comunicar con nadie.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, desde Santa Cruz precisó que la principal hipótesis era por un ajuste de cuentas por droga, aunque agregó que “no se descarta ninguna otra posibilidad”.
Una zona “caliente”
La gente que conoce los movimientos en la zona califica a las comunidades donde mandan los Qaqachacas (Oruro), Laymes y Jukumanis (norte de Potosí) como “México Chico”, un espacio donde el contrabando de vehículos indocumentados y el tráfico de drogas, es una situación permanente.
Algunas versiones sobre el hecho acusaban a los ‘mexicanos’ como los responsables de la muerte de los cuatro hombres.
El “negocio” de la droga incentiva el trueque con autos indocumentados
Según la Ley de Regularización y Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, aprobada el 8 de junio de 2011, del programa de legalización de vehículos indocumentados, establece que cumplido el plazo para la legalización de los autos chutos (ilegales) se procederá al decomiso de los motorizados a favor del Estado boliviano, los mismos serán entregadas a las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público y otras entidades públicas. Pero a pesar de la aplicación de la norma, el ingreso de los vehículos indocumentados es a diario. Uno se pregunta cuál es la ganancia de ese negocio ilegal; que a continuación detallamos.
Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico del año 2018 reveló que el negocio de la droga tiene que ver y mucho con el ingreso de motorizados ilegales al país, ya que los traficantes de sustancias controladas que logran pasar drogas hasta Chile reciben como parte de pago vehículos indocumentados o robados en el vecino país.
El exfiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata, explicó que la venta de autos chutos o indocumentados está directamente relacionada con el narcotráfico. La mayoría de estos motorizados livianos son intercambiados como parte de pago parcial o total por droga en la frontera Bolivia – Chile, todo depende del tipo de vehículo elegido por los traficantes, mientas más reciente y lujoso el motorizado más cuesta. Y en varios casos para bajar los costos aceptan como pago modelos recientes, pero con reporte de robo en Chile con la condición de que ese motorizado debe ser desmantelado para su venta por partes como repuesto.
En marzo del año 2018, un grupo de contrabandistas emboscaron y mataron a dos militares en Oruro. Ambas víctimas estaban en uno de los cinco vehículos ilegales retenidos; quedaron rezagados por fallas mecánicas, de la caravana que los llevaba a un puesto de control. A la fecha 2 mujeres identificadas como las propietarias de la mercancía y 12 de sus empleados, entre hombres y mujeres guardan detención preventiva. Las propietarias de la carga y 3 de sus familiares cuentan con antecedentes por el ilícito de tráfico de sustancias controladas.
Los fallecidos son Fidel Chávez Huarino y Vladimir Siñani Ticona, que formaban parte de los operativos de la Unidad de Control Aduanero (UCA). Raña señaló que, de acuerdo a entrevistas a funcionarios de la UCA y a testigos, se logró establecer que se habían retenido cinco vehículos chutos en la localidad de Huachacalla y que fueron trasladados hasta la unidad militar de la zona; sin embargo, al parecer por desperfectos mecánicos, uno de los motorizados, un Nissan AD de color blanco, en el que estaban ambos sargentos, se separó de la caravana y luego fueron interceptados por una camioneta de color beige con contrabandistas que abrieron fuego contra Chávez y Siñani, tras dejarlos heridos de muerte, uno de ellos bajo para sacar varios saquillos del motorizado para luego darse a la fuga.
Extraoficialmente se conoció que era una vagoneta marca Toyota Tundra, sin placa, que llevaba una leyenda de una marca deportiva en la parte posterior, y los saquillos extraídos del motorizado más pequeño contenía sustancias controladas.
Durante la gestión 2019, fueron varios los operativos de control fronterizo realizados por los militares efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO), varios de los camiones secuestrados con carga valiosa de artefactos de línea blanca y negra ilegal; así como también los centenares de vehículos livianos que fueron incinerados y destruidos en plena línea fronteriza, lo que si tiene muy claro y grabado en las retinas el exviceministro de lucha contra el contrabando, coronel Gonzalo Rodríguez, que durante ese año fueron siete las ocasiones que mientras hacían su patrullaje rutinario o se encontraban enfrentándose contra los contrabandistas, se cruzaron con bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas, 3 de esas ocasiones los militares del CEO lograron reducir a los narcotraficantes que luego de ser detenidos fueron entregados a las autoridades policiales pertinentes con importantes cargas de sustancias controladas. Cada vez aparecían grupos mejor organizados y armados hasta los dientes con armamento de última generación y al final no sabíamos si nos enfrentábamos a contrabandistas o narcotraficantes.
Narcotráfico y convulsión social
El 10 de noviembre del 2019, en medio de la convulsión social tras los resultados de las elecciones generales de ese año y las denuncias de fraude electoral, eran varía las delegaciones de estudiantes universitarios y comités cívicos que intentaban llegar hasta la sede de gobierno para reforzar las movilizaciones iniciadas por varios sectores sociales que exigían la renuncia de Evo Morales. Cuando mineros cooperativistas potosinos hacían su paso por la localidad de Huancané en Oruro, comunarios Qaqachacas los emboscaron para atacarlos con armas de fuego que eran disparados a larga distancia. De este ataque armado se registró el saldo de seis heridos y dos fallecidos.
El 25 de noviembre, agentes de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen de Oruro, logran aprehender a tres varones, todos plenamente identificados como comunarios Qaqachacas, acusados de realizar los disparos en contra de la caravana de mineros potosinos el pasado 10 de noviembre. Entre ellos y el más notorio el ex diputado por el Movimiento al Socialismo Rosendo Copa.
Finalmente, el 15 de enero del 2020, en plena plaza principal 10 de febrero en la ciudad de Oruro, fue capturado una persona de sexo masculino de 27 años de edad, para quien corría una orden de aprehensión, el varón también era comunario Qaqachaca y era buscado por su participación, en el traslado de cuatro cadáveres hasta el sector del Cruce Condo K, donde finalmente los cuerpos inertes de cuatro ciudadanos cruceños fueron abandonados. Grande fue la sorpresa de las autoridades, cuando el aprehendido, informó que el autor intelectual y material de la muerte de los cuatro sujetos era su tío, Rosendo Copa.
Narcotráfico en tiempos de Coronavirus y Cuarentena
A su paso por la ciudad de Oruro el pasado 29 de junio. Y consultado por los movimientos de droga en el país y la posibilidad de intervenir el sector conocido como México Chico, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, indicó que por ahora el gobierno no analizó ningún tipo de intervención armada tomando en cuenta la emergencia sanitaria por el coronavirus y la coyuntura política debido a la convocatoria a elecciones generales.
Desde el 16 de marzo fecha en que se aplica la cuarentena por la emergencia sanitaria debido a la llegada del coronavirus al país, fueron cinco las ocasiones donde la policía boliviana logró detener a 9 personas y confiscar 5 vehículos semi pesados que transportaban un total de 235 taques de coca prensada, hecho que fue confirmado por el coronel Juan Frías Cardozo actual Director General de la FELCN, este pasado 29 de junio. La autoridad explicó que las fuerzas antinarcóticos están realizando varios operativos de control en las carreteras y otros caminos de herradura oriundos a la zona conocida como México Chico. Esa es la mejor manera por ahora de controlar la producción de droga en ese sector.
Estos operativos nos han dado muy bueno resultados, porque hemos podido evitar el ingreso de materia prima para la elaboración de clorhidrato de cocaína y pasta base. También pudimos identificar que los comunarios de esa región cambiaron su modus operandi en el tráfico de sustancias controladas. Porque logramos confiscar en las últimas semanas Marihuana Cripy, esa que está químicamente preparada para mejorar su producción y poder alucinógeno made in Qaqachaca. Ese hallazgo lo hicimos en algunos operativos sobre la carretera diagonal Jaime Mendoza que atraviesa el norte de potosí desde Llallagua hasta Tarija.
Un alto jefe policial que solicitó guardar en reserva su identidad se comunicó con este medio para informar que el hallazgo de los 1.5 millones de bolivianos encontrados en un vehículo sobre la carretera Oruro – Cochabamba el pasado 26 de junio salió desde una comunidad del ayllu Laymes del norte de potosí.
Historias
Milton Zegarra, es oriundo de Llallagua de profesión transportista hace más de 30 años, asegura que no sólo la coca ilegal del trópico va al narcotráfico. La coca de los Yungas también va a los ilícitos del narcotráfico, la coca es transportada en
autos ilegales, pues si te haces pescar es más fácil escapar abandonando los vehículos chutos, don Milton, cuenta que antes de conducir vehículos de transporte de pasajeros, Tenía un camión marca Nissan Cóndor, un amigo me contrató para viajar a Oruro y de ahí hasta Qaqachaca. Llevé 80 taques de coca cada uno contiene 50 libras, entramos a zona denominada México chico, en fila, había camiones que transportaban hasta 120 taques con coca de los Yungas y del Chapare, cada semana. Al menos hice cinco viajes”, relata Zegarra agregando que al lugar solo se puede ingresar recitando una contraseña.
Juana Fernández, tiene 42 años y oriunda de Challapata, coincide en que hay peligrosidad en la zona y asegura que quien necesita dinero sólo tiene que buscar a uno de los pobladores de México chico, cuando vaya a la feria de Challapata. “Si logra convencerlo, te lleva ante el jefe, te explican las condiciones. Y si uno acepta, le entrega las coordenadas de dónde debe recoger y entregar la mercadería”, cuenta Juana haciendo referencia a droga, y añade que una de sus amistades, por lo que llamó “emergencia”, tuvo que transportar paquetes de droga hasta la frontera con Chile.
Para Jenny Suazo, esas actividades no son una buena opción. Ella prefiere vender utensilios, oficio que usa como vitrina para camuflar el negocio que le trae mayores réditos económicos: la venta de autos chutos. Realiza entregas a pedido, el modelo y color que el cliente desee. Al igual que Jenny, otros comerciantes de Challapata, se dedican a ese rubro. Para llegar a ellos basta comentar que uno sueña con tener un vehículo.
“Tenemos que ingeniarnos. Producir quinua, habas, papa, cebada no genera bueno ingresos (sic). Inviertes, pero viene la helada, una nevada intensa y pierdes todo”, relata Jenny. Mientras acomoda un juego de ollas, cuenta que tras el abandono de su esposo y sin el apoyo de su familia, tuvo que transportar droga hasta Chile. Por cada viaje recibió 300 dólares. Realizó más de cinco viajes, revela.
Nunca fue detenida. Cuando caía la noche, dos hombres le entregaban una mochila y las coordenadas para que entregara el producto. Jenny calcula que eran al menos 10 kilos de cocaína por cada viaje. “Agarraba mi aguayo viejo (un tejido cuadricular, multicolor que caracteriza a la región andina que es utilizada para carga) envolvía la mochila y cargaba en el aguayo”, cuenta Jenny y asegura que realizaba una caminata de más de 300 kilómetros desde Challapata hasta la frontera con Chile. Algún tramo avanzaba en transporte público. “Venía un bus, esos que van de una comunidad a otra. Prefería caminar de noche y dormir de día. En el primer viaje sentí que nunca iba a acabar, que me iban a agarrar, pero luego me acostumbré”, dice Jenny.
- AUTOR: Emilio Huascar Castillo Illanes, 2021
