GAFI incluye a Bolivia en su “lista gris” de blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, agregó este viernes a su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas, y retiró a Malí, Croacia y Tanzania, según el reporte de AFP.

El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con “importantes lagunas” y los agrega a una lista negra; o con “deficiencias estratégicas”, y los incluye en una lista gris, que acarrea una vigilancia reforzada.

La organización invitó a Bolivia a mejorar la vigilancia de profesiones como agentes inmobiliarios, abogados y contables, y a asegurarse de que los propietarios de los bienes transmiten información veraz sobre estos. Este punto también forma parte del plan de acciones propuesto a las Islas Vírgenes británicas, junto a otras medidas como el “aumento de las incautaciones y confiscaciones” de haberes fruto de actividades criminales.

Al agregar a Bolivia y a las Islas Vírgenes, un territorio británico de ultramar, a esa lista gris, el GAFI retiró a otros tres países: Malí, Croacia y Tanzania.

Según Bloomberg, aunque el país no tiene una participación activa en los mercados financieros internacionales en la actualidad y depende en gran medida de líneas de crédito de segundo piso para su sistema financiero, el problema principal radica en la posible pérdida de capacidad futura para acceder a nuevas fuentes.

La inclusión de Bolivia en la lista gris “comprometería aún más cualquier posibilidad futura de recuperación”, dijo a Bloomberg Línea Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). “En lugar de dejar las puertas abiertas para reconstruir la confianza de los inversores, se cerraría otra vía de acceso a recursos que serán cruciales para quien asuma el próximo gobierno”.

Según información del Gobierno, en 2013 el país logró salir de la lista gris del GAFI tras implementar las 40 recomendaciones iniciales que el organismo estableció en 1990, enfocadas principalmente en prevenir el lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

“Hoy el panorama es distinto. Bolivia enfrenta una presión sostenida sobre su balanza de pagos, con reservas internacionales muy reducidas, restricciones cambiarias y una creciente demanda interna de dólares que refleja la insostenibilidad del tipo de cambio oficial”, dijo Fortun a Bloomberg.

“El enfoque actual del GAFI combina a cumplimiento normativo con la efectividad en la aplicación de las medidas”, indica Fortun en su reporte. La falta de y de la ley sobre técnicas especiales podría reforzar la percepción de debilidad institucional.

Además, según Fortun, si persiste la fragmentación política y la narrativa oficial continúa señalando al Legislativo como único responsable, esto puede interpretarse como una evasión de responsabilidades y una falta de voluntad política para abordar de manera integral las deficiencias del sistema antilavado”.

En el caso de Bolivia, salir rápidamente sería más difícil que en 2013, no por falta de capacidad técnica, sino por “ausencia de una señal política clara de que el país está dispuesto a articular una respuesta interinstitucional seria, transparente y creíble”, remató Fortun. La amenaza para Bolivia se mantiene “y sobre todo, porque sería otra bomba de tiempo más que la actual administración estaría dejando a quien resulte electo en agosto”.

GOBIERNO CULPA AL LEGISLATIVO

En respuesta, desde el Ministerio de Economía se responsabilizó a la Asamblea Legislativa por no haber aprobado la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fue rechazada por el grueso de la población.

“En 2021 como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigencia de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, un requerimiento exigido por la GAFI”, señala un comunicado.

Según Economía, la Asamblea Legislativa Plurinacional y “la coalición opositora” anularon, además, disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI, como el proyecto de Presupuesto Genaral del Estado 2024.

  • ///FUENTE: AFP///