«La subordinación política y la corrupción han debilitado nuestra justicia»
La decisión del Gobierno de Estados Unidos, de restringir el ingreso a su territorio a altas autoridades bolivianas, nos enfrenta a una vergüenza nacional: tuvo que llegar una sanción desde afuera, para sacudir una institucionalidad que, desde adentro, no ha tenido la dignidad ni la valentía de moralizar.
No quiero detenerme en quienes perdieron una visa, o no podrán obtenerla, las responsabilidades individuales deben investigarse con pruebas y debido proceso. Una sanción migratoria no sustituye una sentencia judicial, pero la discusión sobre las personas tampoco debe ocultar el problema de fondo: Bolivia necesita una fuerte reestructuración de su sistema de justicia, con énfasis en la moral. Lo mismo se puede decir de otros ámbitos de la nacionalidad.
Durante años, los ciudadanos han denunciado persecución política, corrupción, retardación de justicia y protección a delincuentes, no es novedad para nadie, lo que apuntan los gringos es una verdad de Perogrullo. Demasiadas veces, quien busca justicia encuentra obstáculos, mientras quien dispone de dinero o influencia, encuentra puertas abiertas. Esa realidad destruye la confianza pública, no solo en la justicia, sino en la propia democracia.
La subordinación política y la corrupción han debilitado nuestra justicia. La penetración del narcotráfico profundiza ese deterioro, hasta llevarla a tocar fondo: el ciudadano queda desprotegido y el criminal encuentra amparo. Combatirlo exige perseguir tanto a quienes producen y trafican drogas como a quienes les facilitan protección desde el poder. La capacidad económica del narco le permite comprar silencios, favores y protección; sus amenazas buscan doblegar a los funcionarios honestos. Cuando penetra en la Policía, el Ministerio Público, los tribunales o el parlamento, compromete las instituciones encargadas de perseguirlo y convierte la impunidad en parte de su negocio.
La soberanía se defiende haciendo funcionar nuestras instituciones, invocarla mientras se tolera la impunidad es vaciarla de contenido. Nos corresponde investigar las denuncias, establecer responsabilidades y romper las redes de complicidad. Ningún poder extranjero puede hacer por nosotros esa tarea.
De este episodio lamentable, puede surgir una oportunidad, sería imperdonable desperdiciarla en disputas personales o simples cambios de funcionarios. Cambiar nombres dejando intacto el sistema solamente, prepara la próxima crisis.
La reforma judicial debe recuperar la independencia, la honestidad, el profesionalismo y el respeto a los derechos humanos. Necesitamos una carrera judicial y fiscal basada en méritos, protección para los funcionarios decentes, recursos suficientes, procedimientos transparentes y sanciones efectivas para quienes venden sus decisiones.
Apoyo la propuesta planteada en Santa Cruz: que la designación de vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, jueces y fiscales departamentales, cuente con la venia y aprobación de las respectivas Asambleas Legislativas Departamentales; en representación de nuestro pueblo, mediante las reformas constitucionales y legales que correspondan. Sera otro paso más a la autonomía, nuestra lucha histórica.
La preselección debe realizarse mediante concursos públicos de méritos, con participación de los colegios de abogados, las universidades públicas y privadas de cada departamento, y otras instituciones. De ese proceso deben surgir ternas o listas calificadas para su ratificación por el legislativo departamental, con calificaciones públicas, impugnación ciudadana y decisiones fundamentadas. Todo esto minimizará la posibilidad de que el elegido, tenga una subordinación externa, fuera de la propia ley.
Propongo incorporar herramientas de inteligencia artificial para comparar méritos, contrastar antecedentes documentados y detectar inconsistencias. Con criterios públicos y auditables, podrían ayudar a reducir la discrecionalidad y los favoritismos. Su uso debe tener supervisión humana y permitir que los postulantes cuestionen sus resultados. La tecnología puede contribuir a una mayor imparcialidad; la responsabilidad de decidir debe permanecer en las instituciones.
La justicia también sostiene el desarrollo. Sin seguridad jurídica disminuye la confianza para invertir, producir y generar empleo. Productores, empresarios, trabajadores y familias necesitan un sistema que proteja sus derechos y su patrimonio.
Santa Cruz conoce el valor de una reacción moral colectiva. El asesinato de Noel Kempff Mercado, el 5 de septiembre de 1986, sacudió la conciencia Cruceña. La Marcha del Silencio, que propicio el Comité pro Santa Cruz y el posterior compromiso ciudadano, marcaron una ruptura con la tolerancia social hacia el narcotráfico.
Aquella generación tuvo el coraje de rechazar esa contaminación y defender la dignidad de su sociedad. La generación actual está obligada a seguir ese camino: cerrar espacios al narcotráfico, rechazar sus complicidades y recuperar una justicia que proteja al ciudadano.
La dignidad de Bolivia, debe expresarse en nuestra capacidad de limpiar y transformar nuestras propias instituciones. Esta vez, la responsabilidad es nuestra.
- Jimmy Ortiz Saucedo es Ingeniero agrónomo y columnista
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