ANGÉLICA SILES
La Constitución Política del Estado establece en el Art. 384 que “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. La Ley 906 en el Art. 24.I. expresa que “El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es el único que autoriza, controla y regula los mercados de la hoja de coca. II. Se reconoce en el Departamento de La Paz, el Mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca – Adepcoca, y en el Departamento de Cochabamba, el Mercado de Sacaba”.
El gobierno al anunciar la creación del nuevo mercado de coca dio inicio al conflicto entre los cocaleros, situación que se agravó en septiembre del año pasado, cuando Alanes fue reconocido como dirigente de Adepcoca por el Gobierno, a quien el otro bloque señala como representante de un sector de la «zona excedentaria» de cultivos o «zona roja» y de ser afín al oficialismo. Y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó que fue a los Yungas para tratar de convencer, ofreciendo mesas de trabajo y “proyectos” de desarrollo como alternativa a la producción de coca.
Ante el INCUMPLIMIENTO de la Constitución y la Ley 906 por el gobierno, los productores de la coca originaria y ancestral de los Yungas de La Paz se vieron obligados a marchar durante 4 días pidiendo el cierre del mercado de coca de Villa El Carmen, para exigir el cumplimiento de la norma suprema y la ley. Llegaron a La Paz 35.000 socios del mercado LEGAL de Villa Fátima, acompañados de mujeres con sus niños cargados, muchos afectados con ampollas y resfríos por el intenso frío en las madrugadas.
Ante la negativa del gobierno de cerrar el mercado ILEGAL, la marcha decidió tomar el predio del mercado paralelo. Ante ese intento, las personas que se encontraban en su interior arrojaron bombas molotov, lo que exacerbó los ánimos de los cocaleros que llegaron con su marcha. Entonces incendiaron y lograron evacuar a 5 personas, en el interior del recinto encontraron un arma de fuego, cartuchos de dinamita, un artesanal cañón lanza explosivos. Se encontró coca molida y quemaron algunos taques de coca peruana. César Apaza dijo que tienen 6 heridos quemados por las bombas molotov, con pedradas, petardos y un herido de bala.
Según denuncias de los productores de coca, el precio del taque de coca bajó de Bs. 3.000 a Bs. 2.000, porque aumentó la oferta de la coca producida en zonas rojas (es decir, NO autorizadas) y también por la importación clandestina de la coca peruana que se comercializa en el mercado ILEGAL de Villa El Carmen, bajo la presidencia de Alanes, protegido por la policía.
El presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, presentó un petitorio al gobierno en el que pide se declare como único mercado LEGAL al de Villa Fátima, la renuncia del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, dejar la persecución de dirigentes y productores que pelearon para cerrar el mercado, libertad de los detenidos cocaleros yungueños en distintos penales del país, erradicación de coca en las zonas rojas en Yungas y en los parques nacionales, que el gobierno se haga cargo de los heridos del conflicto, cumplimiento de la Constitución Art. 384 y la resolución Ministerial Nº 342.
A pesar de que los vecinos NO quieren que se abra nuevamente el mercado ILEGAL, Alanes instruyó que algunos cocaleros vendan en la puerta del mercado quemado, en contra de la exigencia de las juntas vecinales que piden el traslado de esa sede cocalera a otra zona, porque viven momentos de violencia, con uso de gases, dinamitas y especialmente por los enfermos que están en el hospital ubicado al lado del mercado paralelo.
Exigimos a Luis Arce el cumplimiento del Art. 384 de la CPE y la Ley 906 que define UN SOLO MERCADO en la ciudad de La Paz y deje de ser cómplice de los hechos de violencia que se dan en Villa El Carmen, por consideración a las familias y especialmente a los niños que no pueden pasar clases normalmente, así como a personas de tercera edad, por las constantes gasificaciones e invasión a domicilios por parte de miembros de la policía.
ANGÉLICA SILES PARRADO
Abogada, ex Asambleísta Constituyente de Bolivia
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21