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El ministro de Justicia, Iván Lima, activó el procedimiento para que un juez en lo penal se tome atribuciones interpretativas a la Constitución Política del Estado (CPE) y defina en un juzgado de El Alto si corresponde enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez, por el denominado caso Senkata, en un proceso ordinario y no un caso de corte como establece la Carta Fundamental.
Sin embargo, los anuncios de Lima, ayer, que dijo ser “respetuosos del debido proceso” y que delegaba la decisión de enjuiciar a Áñez por la vía penal a “un juzgado de El Alto”, no tomaron en cuenta que el expediente recayó en manos de Marco Antonio Amaru, un juez que tiene varias denuncias en su contra y dos aprehensiones ejecutadas en 2022, cuando fue sindicado de haber favorecido la liberación de feminicidas sentenciados, según se denunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “a cambio de altos montos de dinero”.
Amaru, que tiene a su cargo el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, incluso fue cuestionado por el propio Lima el año pasado, señalando a ese juez y su par René Foronda como el “ejemplo de la gravedad de la situación de la justicia en Bolivia”.
Foronda fue quien concedió medidas sustitutivas a Amaru, con el antecedente de haber sido captado en otra audiencia en presunto estado de ebriedad.
Lima dijo que apelaba a la figura de juicio ordinario por el antecedente del proceso contra Áñez por la “designación ilegal” de la titular de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) durante su gobierno transitorio, y que fue llevado a la instancia penal en desconocimiento de la CPE. Agregó que se realizó un pedido de inhibitoria ante el Tribunal Supremo de Justicia para activar el proceso.
El funcionario, exopinador en medios y cercano a un portal de noticias, acusó a los jefes de las fuerzas opositoras en la Asamblea Legislativa, Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho, de Creemos, respectivamente, de “haber mentido al pueblo” con su “compromiso” de viabilizar el juicio de responsabilidades contra Áñez en el Órgano Legislativo.
El ministro que ahora se denomina “patrocinador de las víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba”, sin embargo, fue quien pidió ese juicio de responsabilidades en la ALP en 2021, tal como hizo por su lado, la Fiscalía General del Estado con una proposición acusatoria que ya radica en el Legislativo.
Tras las amenazas de Lima, que incluso puso plazos para determinar “la responsabilidad de la señora Áñez” en los hechos ocurridos a una semana de su asunción a la Presidencia del Estado en noviembre de 2019, la propia exmandataria pidió hoy que el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, viabilice su caso de corte.
“Le invoco y solicito el cumplimiento y aplicación del procedimiento de juicio de responsabilidades por el caso Senkata; es decir, y a fuerza de necesaria redundancia y complementación: conmine a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional a elaborar y presentar un Informe al Pleno de la Asamblea para autorización de enjuiciamiento de mi persona mediante juicio de responsabilidades”, señala una carta firmada por Áñez para Choquehuanca.
El martes 24 de enero está programada la audiencia en el juzgado de El Alto, tal como expuso Lima en su “coordinación” con las instancias judiciales, que pudo incluir al cuestionado juez Amaru.
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