“La prevención comienza cuando la autoridad deja de medir únicamente el esfuerzo que despliega y empieza a demostrar, con información verificable, la seguridad que consigue”
La temporada de lluvias vuelve a poner a La Paz frente a una pregunta que no se resuelve con conferencias de prensa: ¿estamos reduciendo los riesgos o simplemente aprendiendo a reaccionar cada vez que ocurre una emergencia? El Gobierno Autónomo Municipal anunció un operativo de aproximadamente 40 días y más de 70 máquinas para enfrentar precipitaciones extraordinarias. La medida puede ser necesaria, pero la magnitud de un operativo no demuestra, por sí sola, que la ciudad esté más segura.
La pregunta no es si debe movilizarse maquinaria. Claro que debe hacerse cuando la situación lo exige. La cuestión es qué resultados se obtienen con esos recursos, dónde se interviene, qué riesgos se reducen y cómo puede comprobarlo la ciudadanía. Una máquina movilizada es un recurso; una quebrada despejada, una obra concluida, un punto crítico atendido y una familia oportunamente alertada son resultados. Confundir actividad con eficacia permite exhibir despliegues visibles mientras persisten vulnerabilidades que necesitan soluciones duraderas.
La discusión se volvió especialmente concreta después de la tormenta del 23 de octubre. El propio municipio informó que la precipitación alcanzó una intensidad máxima de 69,6 milímetros por hora durante un intervalo de cinco minutos y que el episodio puso a prueba la infraestructura pluvial y los equipos de respuesta. La administración también sostuvo que los trabajos preventivos no eliminan por completo los riesgos, aunque contribuyen a reducir la vulnerabilidad. Esa precisión es importante: ninguna obra puede prometer riesgo cero, pero toda política preventiva debe poder explicar qué riesgo buscaba reducir y con qué evidencia evalúa sus resultados.
El problema tampoco se limita al municipio de La Paz. La Gobernación informó que 18 municipios del departamento se declararon en emergencia o desastre por lluvias y otros 22 por sequía. Además de las afectaciones a viviendas y caminos, las precipitaciones y granizadas pueden dañar cultivos y medios de vida; la falta de agua amenaza de manera distinta a otras comunidades. El departamento enfrenta, por tanto, riesgos simultáneos y desiguales que exigen respuestas diferenciadas, no una receta uniforme ni una política concentrada únicamente en la sede de gobierno.
No corresponde atribuir cada inundación, deslizamiento o granizada a una sola causa ni convertir cualquier fenómeno climático en una acusación automática contra una autoridad. La lluvia es una amenaza natural; el desastre depende también de la exposición, la vulnerabilidad, el uso del suelo, el estado de la infraestructura, el mantenimiento y la capacidad de respuesta. Reconocer la fuerza de un evento meteorológico no exonera a las instituciones de sus obligaciones; exigir prevención tampoco significa afirmar que todo daño podía evitarse.
La Ley N.º 602 de Gestión de Riesgos establece que la gestión comprende la reducción del riesgo mediante prevención, mitigación y recuperación, además de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante desastres y emergencias. Su finalidad es fortalecer la intervención estatal priorizando la protección de la vida y el desarrollo de una cultura de prevención. En otras palabras, la respuesta inmediata es solo una parte de la obligación pública: el marco legal exige actuar antes del desastre y aprender después de cada evento.
La Constitución Política del Estado reconoce, en su artículo 33, el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El artículo 342 establece el deber del Estado y de la población de conservar y proteger los recursos naturales y mantener el equilibrio ambiental. Estos mandatos no sustituyen las reglas específicas de gestión de riesgos, pero recuerdan que la planificación territorial, la protección de cuencas, el manejo responsable de residuos y la información ambiental forman parte de una gestión pública que debe proteger a las personas y su entorno.
La responsabilidad está distribuida entre distintos niveles de gobierno. Según la información publicada por la Gobernación, la intervención departamental complementa la respuesta municipal cuando los planes locales resultan insuficientes y existe una solicitud formal de apoyo. Esa distribución de competencias debe servir para organizar una respuesta escalonada, no para trasladar culpas cuando la coordinación falla. La ciudadanía necesita saber qué institución identifica el riesgo, cuál ejecuta la obra, quién financia la intervención y qué autoridad debe informar sobre su cumplimiento.
Hay medidas concretas que permitirían evaluar mejor la prevención. Primero, publicar un mapa actualizado de puntos críticos, las intervenciones previstas y el estado de cada una. Segundo, informar qué obras fueron concluidas, cuáles están en ejecución y cuáles siguen pendientes, con cronograma, presupuesto y responsable institucional. Tercero, explicar los criterios de priorización para que los barrios con mayor exposición no dependan de su capacidad de presión política o mediática. La información debe ser comprensible y actualizarse con regularidad, no aparecer únicamente después de una emergencia.
Cuarto, evaluar los resultados después de cada episodio de lluvias: qué infraestructura respondió como se esperaba, dónde hubo fallas, cuánto tardó la atención y qué medidas correctivas se adoptarán. Quinto, fortalecer la información vecinal y los sistemas de alerta, porque la prevención también depende de que las personas conozcan rutas seguras, señales de evacuación y canales oficiales. Estas medidas no reemplazan las obras ni la inversión; permiten comprobar si los recursos se dirigen a los lugares de mayor riesgo y si las decisiones se corrigen a partir de la experiencia.
La evaluación también debe ser técnicamente responsable. No bastaría con contar las emergencias para declarar el éxito o el fracaso de una gestión: la intensidad y localización de las precipitaciones varían, y comparar periodos exige explicar esas diferencias. Tampoco sería adecuado premiar a una institución solo porque ejecutó todo su presupuesto o movilizó más maquinaria. Los indicadores deben combinar ejecución de obras, mantenimiento, tiempos de respuesta, alertas emitidas, población alcanzada y análisis de daños, con metodología pública y datos comparables.
Estas exigencias no desconocen el trabajo de los equipos de emergencia ni el esfuerzo de quienes intervienen en condiciones difíciles. Al contrario: una política preventiva seria les permite trabajar con mejores datos, menos improvisación y mayor protección. Tampoco supone que toda emergencia pueda evitarse. Significa que, cuando un riesgo era identificable, la sociedad tiene derecho a conocer qué se hizo para reducirlo, qué limitaciones existían y por qué determinadas medidas no fueron suficientes.
La Paz no necesita escoger entre maquinaria y planificación. Necesita ambas, pero en una estrategia que empiece antes de la lluvia: identificar riesgos, priorizar inversiones, mantener infraestructura, ordenar el territorio, coordinar competencias y rendir cuentas con indicadores comprensibles. La misma lógica debe extenderse al departamento, donde sequías, incendios, granizadas y precipitaciones intensas afectan de manera diferente a las comunidades urbanas y rurales.
Cuando termine el operativo anunciado, la evaluación no debería limitarse a cuántas máquinas salieron a las calles ni a cuántas jornadas se trabajó. La pregunta central será cuántos riesgos se redujeron, qué puntos críticos dejaron de representar una amenaza, qué obras siguen pendientes y qué vulnerabilidades continúan sin solución. La prevención comienza cuando la autoridad deja de medir únicamente el esfuerzo que despliega y empieza a demostrar, con información verificable, la seguridad que consigue.
- (*) LOS TEXTOS PUBLICADOS EN ESTE ESPACIO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL LIBERAL Y CONSERVADORA DE VISOR21
