«Se me hace inevitable recordar que Chávez ha descalificado a quienes no compartimos el modelo keynesiano tradicional»
Resulta profundamente reduccionista y soberbio observar cómo un defensor del modelo político y económico de Luiz Inácio Lula da Silva convierte toda su perorata en una batalla contra molinos de viento, cual Quijote moderno. Aquel a quien Gonzalo Chávez describe desde su pedestal como un “provinciano ideológico” parece ser, más que un interlocutor real, un hombre de paja fabricado para esquivar el debate de fondo. Pretender situarse en un olimpo de falsa equidistancia —repartiendo culpas cosméticas entre el masismo y lo que denomina una “derecha visceral”— puede terminar blanqueando las consecuencias reales del socialismo continental sin mancharse las manos.
Como un acto estrictamente pedagógico en favor del conocimiento, conviene recordarle a Chávez —quien escribe como si perteneciera a una alcurnia intelectual exenta de escrutinio— que de las provincias, tanto como de las metrópolis, han salido algunas de las mentes más brillantes de la civilización occidental. Resulta lamentable constatar cómo, allí donde uno esperaría encontrar debate científico e integral, algunos profesores devenidos en influencers prefieren apelar al uso peyorativo de las palabras para descalificar al adversario, en lugar de responder a sus argumentos.
Para cerrar este punto inicial sobre el desprecio geográfico e intelectual que esconde la etiqueta de “provincianismo”, basta repasar la historia de las ideas que un economista tiene la obligación de conocer.
Adam Smith, padre de la economía moderna, nació en Kirkcaldy, una localidad de Fife, Escocia; Adam Ferguson, pilar de la Ilustración escocesa, nació en Logierait, una pequeña localidad escocesa; Isaac Newton nació en Woolsthorpe-by-Colsterworth, en Lincolnshire, y realizó allí parte importante de sus trabajos durante sus años en Cambridge; Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), uno de los críticos más lúcidos del relativismo moral, nació en Marktl am Inn, un pequeño pueblo bávaro. Ninguno necesitó nacer en una metrópoli para contribuir de manera decisiva a la historia de las ideas.
Ahora bien, antes de nombrar al último “provinciano”, se me hace inevitable recordar que Chávez ha descalificado a quienes no compartimos el modelo keynesiano tradicional. No se trata de afirmar, como si fuera una caricatura, que el keynesianismo desconoce toda restricción presupuestaria del Estado: cualquier análisis serio debe reconocer que la deuda y el gasto público están sujetos a restricciones. La discusión de fondo es otra: qué supuestos se adoptan sobre los incentivos, las expectativas, el financiamiento del déficit y los efectos de la intervención estatal sobre la inversión privada. Los modelos macroeconómicos microfundados ofrecen herramientas para examinar esas cuestiones, aunque no constituyen por sí solos una receta mágica para salir de la situación de desgobierno en la que nos hundió Arce Catacora.
Y la sangre azul intervencionista de quien califica a sus detractores de provincianos debería saber que incluso John Maynard Keynes nació en Cambridge, en 1883, una ciudad universitaria que no era la City financiera de Londres. Uno cae por su propia boca cuando utiliza la provincia como sinónimo de estrechez mental.
Pero vayamos al fondo de la cuestión y démosle facilidad de réplica al economista y docente, puntualizando con datos verificables por qué la presentación del modelo brasileño de Lula da Silva como referencia institucional merece, como mínimo, una discusión mucho más rigurosa, especialmente por sus implicaciones para Bolivia.
1. Brasil no es Suiza: el tamaño de una economía no garantiza la salud de sus instituciones
Chávez nos exige “estudiar antes de opinar y comparar antes de equiparar” para entender la supuesta sofisticación de Brasil. Hagamos exactamente eso: miremos sus indicadores y distingamos los datos de las interpretaciones políticas.
Las estadísticas fiscales del Banco Central de Brasil muestran que, en los doce meses hasta agosto de 2026, el déficit nominal del sector público consolidado llegó al 9,48% del PIB y la deuda bruta del Gobierno General alcanzó el 82,9% del PIB. Son cifras preocupantes y suficientes para abrir una discusión seria sobre el costo del endeudamiento, el peso de los intereses y la sostenibilidad fiscal. Pero hay que ser precisos: son datos correspondientes a agosto, no cifras definitivas de octubre, y no prueban por sí solos que cada problema económico brasileño tenga una única causa.
La tasa Selic, por su parte, fue reducida al 13,75% anual en septiembre de 2026. No hace falta inflarla artificialmente para reconocer que un costo del dinero elevado puede encarecer el crédito y afectar las decisiones de consumo e inversión. Lo que corresponde es discutir cuánto inciden la política fiscal, las expectativas inflacionarias y las decisiones monetarias, sin presentar una relación de causalidad como si fuera automática.
Algo parecido ocurre con la actividad industrial y la inflación: cada indicador debe identificarse por su serie, período y metodología. El IPCA-15, por ejemplo, es una medición adelantada y no debe confundirse con el dato definitivo del índice de precios al consumidor. Si queremos denunciar el costo de vida, hagámoslo con el dato correcto y con una comparación que permita al lector entender la evolución, no con cifras mezcladas de distintos meses.
En su campaña de 2022, Lula prometió que los brasileños volverían a reunirse los domingos para “comer picanha y beber cerveza helada”. La frase quedó como símbolo de una promesa de prosperidad cotidiana. La pregunta política legítima es si el desempeño económico ha estado a la altura de las expectativas que el propio gobierno generó. Para responderla, sin embargo, hacen falta series comparables de ingresos reales, precios de alimentos, empleo y crecimiento, no solamente una frase de campaña.
Tampoco se puede convertir el episodio de Pix en una historia simple de persecución fiscal a pequeños comerciantes. La controversia sobre los reportes de información financiera, sus umbrales y su posterior modificación fue real, pero describirla como un intento de “cazar” a trabajadores informales confunde la obligación de informar operaciones con la imposición de un impuesto sobre las transferencias. La crítica más fuerte es la que distingue los hechos, explica el alcance de la norma y luego juzga sus consecuencias para la privacidad y la confianza ciudadana.
El punto, en definitiva, no es afirmar que Brasil carezca de logros ni que todo lo que ocurre en su economía sea responsabilidad personal de Lula. Es rechazar la idea de que el tamaño de un país o la sofisticación de su aparato estatal bastan para convertirlo en un modelo. Un Estado grande no es necesariamente un Estado eficiente, y un discurso de responsabilidad social no sustituye la obligación de responder por los resultados.
2. La seguridad pública y el crimen organizado no son una “caricatura ideológica”
Sostiene Chávez —según la interpretación que hago de su argumento— que vincular la política regional con las amenazas criminales puede caer en caricaturas ideológicas o teorías conspirativas sobre el Foro de São Paulo. Pero preocuparse desde Bolivia por lo que ocurre en Brasil no es provincianismo: es una cuestión de seguridad nacional.
El 20.º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado en 2026 con datos de 2025, registró 40.775 muertes violentas intencionales. El mismo informe, sin embargo, señaló que la tasa nacional de muertes violentas fue la menor desde 2012, al tiempo que documentó un récord de letalidad policial y el crecimiento de otros fenómenos criminales. La lectura honesta no consiste en ocultar la reducción de la violencia letal ni en ignorar las amenazas que persisten, sino en examinar el cuadro completo.
Entre esas amenazas están las organizaciones criminales brasileñas, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), cuya actividad y expansión regional deben ser objeto de atención de las autoridades bolivianas. Para afirmar que controlan de manera estable territorios específicos, que dominan pistas clandestinas o que determinados asesinatos responden a órdenes de estas organizaciones, hacen falta investigaciones y fuentes oficiales concretas. No voy a confundir una amenaza seria con una licencia para afirmar más de lo que los datos demuestran.
La pregunta de fondo sigue en pie: ¿es “provincianismo ideológico” preocuparse por las consecuencias que las redes criminales transnacionales pueden tener sobre Santa Cruz, Beni y nuestras fronteras? Todo lo contrario. La seguridad, el lavado de activos y el narcotráfico no se detienen ante las fronteras nacionales ni deberían quedar fuera del análisis por temor a incomodar a un aliado ideológico.
Quien quiera discutir geopolítica en serio debe mirar tanto las relaciones diplomáticas como los incentivos económicos, las redes criminales y la capacidad real de los Estados para proteger a sus ciudadanos.
3. La matufia judicial y los límites de la impunidad
Desde la perspectiva del Law & Economics —el Análisis Económico del Derecho— asociado a autores como Richard Posner y Ronald Coase, y desde la Escuela de la Elección Pública de James Buchanan, el desarrollo económico depende, entre otros factores, de reglas previsibles, derechos protegidos y costos institucionales razonables. Cuando la justicia pierde credibilidad o parece sometida a intereses políticos, los incentivos se pervierten y la confianza pública se deteriora.
En el caso de Lula da Silva, es indispensable distinguir entre las condenas originales de la operación Lava Jato, su posterior anulación y el significado jurídico de esa decisión. En 2021, el Supremo Tribunal Federal confirmó la anulación de las condenas relacionadas con los casos del tríplex de Guarujá, el sitio de Atibaia y el Instituto Lula, al considerar incompetente al juzgado federal de Curitiba para juzgar esas causas. Una condena anulada no puede presentarse como una sentencia vigente; tampoco corresponde afirmar que la anulación, por sí sola, demuestra la inocencia fáctica del acusado. La crítica institucional debe concentrarse en los fundamentos, los efectos y la confianza que generan las decisiones judiciales.
Lava Jato y el Mensalão tampoco deben mezclarse como si fueran un solo proceso ni trasladarse automáticamente a Lula todas las responsabilidades de otras personas condenadas. Los esquemas de corrupción vinculados a empresas como Odebrecht y OAS tuvieron consecuencias regionales, incluida Bolivia, pero cada hecho y cada responsabilidad individual requieren documentación específica.
Los indicadores internacionales ofrecen otra pieza del debate. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, Brasil obtuvo 35 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 107 entre 182 países, según Transparencia Internacional. El índice mide la percepción de corrupción en el sector público; no es una sentencia penal ni prueba, por sí solo, que una decisión judicial determinada haya causado el resultado. Sí sirve para discutir la persistencia de problemas de integridad pública y la necesidad de instituciones capaces de investigar y sancionar sin favoritismos.
Llamar “institucionalidad” a cualquier decisión judicial solo porque proviene de un tribunal sería tan equivocado como declarar corrupta toda resolución que no nos gusta. La cuestión es si las reglas se aplican de manera consistente, si existe debido proceso y si el poder judicial puede actuar sin sospechas razonables de parcialidad.
4. Neutralidad electoral: el caso brasileño y la memoria boliviana de 2019
En su texto, Chávez ridiculiza —según mi lectura— a quienes denuncian las trampas electorales y la erosión democrática bajo el paraguas del socialismo regional, calificándolas de versiones extravagantes. Pero las autocracias contemporáneas no siempre necesitan tanques en las calles: también pueden erosionar la confianza cuando las reglas institucionales se aplican de manera confusa, tardía o desigual.
El 25 de octubre de 2026, durante la segunda vuelta presidencial brasileña, el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, dispuso inicialmente ampliar hasta las 19:00 el horario de votación, en respuesta a una solicitud de la campaña de Lula por problemas de transporte público. La decisión generó un impasse operativo y la totalización de votos fue pausada temporalmente. Más tarde, Zanin aclaró que la extensión debía aplicarse a las secciones donde las urnas aún no habían sido cerradas, y el Tribunal Superior Electoral dispuso que las mesas que seguían abiertas continuaran recibiendo votos hasta esa hora.
El episodio merece escrutinio. Una decisión judicial de esa magnitud, comunicada cuando la votación debía concluir a las 17:00 y con la totalización ya iniciada, plantea preguntas legítimas sobre oportunidad, coordinación institucional y certeza de las reglas. Además, la solicitud de ampliar el horario no fue exclusiva de la campaña de Lula: también hubo una petición de la candidatura opositora por dificultades en algunas regiones. Ese dato debe ser reconocido para no convertir una crítica institucional en una acusación parcial.
Lo ocurrido no demuestra, por sí solo, que se hayan alterado los resultados ni que existiera fraude electoral. Para sostener una acusación de esa gravedad hacen falta pruebas concretas: votos irregulares, alteraciones de actas, aplicación desigual de las reglas o una determinación judicial que establezca la infracción. Pero reconocer ese límite no significa renunciar a preguntar si la actuación de las autoridades fue oportuna, transparente y compatible con la seguridad jurídica.
Pregunto directamente a Gonzalo Chávez: ¿examinar críticamente una decisión judicial tomada en pleno proceso electoral también es “provincianismo ideológico”? ¿O solo merecen escrutinio las decisiones que perjudican al adversario político?
Bolivia conoce demasiado bien el costo de la desconfianza electoral. Los acontecimientos de 2019, la interrupción del sistema de transmisión preliminar de resultados y las conclusiones de las misiones y organismos que analizaron el proceso dejaron una herida institucional profunda. Precisamente por eso, no debemos tratar con ligereza ninguna decisión que pueda afectar la transparencia, la igualdad entre candidaturas o la confianza ciudadana. La memoria boliviana debería servir para exigir evidencia y reglas claras, no para reemplazar una prueba con otra acusación.
5. La libertad de expresión bajo Lula, Moraes y el poder judicial
Por último, resulta irónico que Gonzalo Chávez utilice su libertad de expresión para descalificar con epítetos como “estupideces de ceja levantada” e “ignorancia militante” a quienes alertan sobre la deriva autoritaria en Brasil. La libertad de expresión protege también a quienes sostienen posiciones incómodas, liberales o contrarias al consenso académico.
En 2024, Brasil bloqueó temporalmente la red social X tras un conflicto con el Supremo Tribunal Federal y el magistrado Alexandre de Moraes. La controversia incluyó órdenes judiciales, multas y restricciones que suscitaron un debate internacional sobre la proporcionalidad de las medidas, la jurisdicción y la libertad de expresión. No es preciso afirmar que se prohibió de forma general a todos los ciudadanos usar una VPN para informarse o expresarse: la aplicación de las sanciones estuvo vinculada a condiciones y órdenes judiciales específicas. El caso, aun descrito con precisión, plantea preguntas serias sobre los límites del poder judicial en el entorno digital.
También se han denunciado medidas contra cuentas, perfiles y personas vinculadas a investigaciones sobre desinformación y ataques a las instituciones. Cada caso debe examinarse en sus propios términos: qué orden se emitió, cuál fue su fundamento, qué garantías procesales existieron y qué vías de apelación estuvieron disponibles. La crítica a la censura pierde fuerza si convierte toda actuación judicial en una prohibición absoluta o si atribuye al Ejecutivo decisiones que fueron adoptadas por tribunales.
La discusión sobre la regulación de redes sociales tampoco puede resolverse concediendo al Estado un poder ilimitado para decidir qué es verdad y qué es desinformación. Combatir amenazas y delitos no elimina la necesidad de reglas transparentes, control judicial, proporcionalidad y derecho a la defensa. La democracia no se protege debilitando las libertades que le dan sentido.
El control de la información y del pensamiento es una tentación recurrente de todo poder que pretende dirigir la economía y la sociedad desde arriba. Friedrich Hayek advirtió sobre los riesgos de concentrar poder en *Camino de servidumbre*. La pregunta es si estamos dispuestos a aplicar ese principio también cuando el poder lo ejercen políticos o jueces que simpatizan con nuestras propias ideas.
El verdadero “provincianismo intelectual” no consiste en denunciar desde Bolivia los problemas fiscales de Brasil, la corrupción transnacional, las amenazas del crimen organizado o las decisiones judiciales que generan dudas sobre la neutralidad institucional. Consiste en confundir el tamaño de un país con la salud de sus instituciones y en llamar “sofisticación geopolítica” a la renuncia al juicio crítico.
Lo que sí merece una crítica severa es la doble moral selectiva de quienes exigen pruebas exhaustivas a sus adversarios y aceptan explicaciones indulgentes cuando los cuestionamientos afectan a sus aliados. Un debate serio no exige neutralidad fingida: exige que las mismas reglas de evidencia se apliquen a todos.
Por eso espero la réplica de Gonzalo Chávez. No porque necesitemos otro intercambio de descalificaciones, sino porque las diferencias ideológicas deben resolverse con argumentos, datos y principios explícitos. La superioridad académica no se demuestra repartiendo credenciales de quién puede opinar y quién no, sino respondiendo las preguntas difíciles, incluso cuando vienen de voces que no cuentan con auspicios ni se reportan ante algún poder político.
- (*) LOS TEXTOS PUBLICADOS EN ESTE ESPACIO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL LIBERAL Y CONSERVADORA DE VISOR21
