«Todos los bolivianos conocemos que la COB no es más que una facción prebendal, empoderada ilícitamente por el MAS»
He escuchado con mucha rabia las declaraciones de Mario Argollo, el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y he resumido los puntos que de entre su declaración me han parecido los más descabellados e incongruentes. No hay peticiones legítimas cuando se tiene sitiada a una ciudad entera, tomando como rehenes a 2.5 millones de personas en La Paz y El Alto por más de 47 días.
Lo más sorprendente de sus declaraciones es que este dirigente se endilga a sí mismo cierta lucidez intelectual en cuanto a la comprensión de luchas sociales y reivindicatorias que, según él, la mayoría de los alteños y paceños no entendemos. Lo que menos esperaba es que, después de un mes y medio de bloqueo económico, esta persona nos restriegue en la cara su supuesta superioridad intelectual y moral.
Todos tenemos en claro que la máxima autoridad sindical de la COB, en específico, es un parásito burocrático coludido con los peores criminales dirigenciales que han ordenado a sus acólitos sitiar, cual enemigos, a una ciudad habitada por bolivianos nativos de esta ensangrentada tierra.
Se deslinda de Evo Morales, cuando todos los bolivianos conocemos que la Central Obrera Boliviana (COB) no es más que una facción prebendal, empoderada ilícitamente por el Movimiento al Socialismo (MAS), y que vive gracias a recursos estatales que son detraídos coactivamente del dinero de los contribuyentes y las rentas de todos los bolivianos. Todo gracias al cocalero que se apodera de un territorio de Bolivia en calidad de máximo líder y representante de las 6 federaciones de Trópico de Cochabamba.
Todos estos dirigentes repiten sin ningún entendimiento la narrativa en defensa de las empresas estratégicas administradas por el Estado en procura de los más necesitados, pero la lógica nos dice que, precisamente al ser sectores estratégicos, deberían sujetarse a la disciplina de las pérdidas y las ganancias en el mercado libre, sin esa intervención estatal que, por ejemplo, favorece descaradamente al cooperativismo minero.
Y ante mi estado de indefensión repudio la inacción de un estado elefantiásico heredado por el MAS. No puedo apelar más al Ejecutivo porque, sin ninguna respuesta real, todos los paceños hemos clamado la protección de un Estado que no ha cumplido con sus funciones mínimas y nos ha entregado a la violencia y desprotección total del estado de naturaleza. Como argumentaba el filósofo Thomas Hobbes, cuando se desintegra el orden político y la autoridad centralizada falla en su deber de proteger, la sociedad degenera inevitablemente en una destructiva «guerra de todos contra todos» (bellum omnium contra omnes). En esta condición de anarquía y asedio, donde los más fuertes imponen su voluntad sin una ley coercitiva que ate sus manos y el apetito privado se convierte en la única medida del bien y del mal, la vida humana se vuelve «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». Al negarnos el libre tránsito, encarecer nuestra comida y bloquear el acceso a la salud, estas dirigencias nos han arrastrado a esa barbarie primitiva, demostrando que el pacto social en Bolivia (o como quieran llamarlo) está roto.
La tiranía del bloqueo y el sitio criminal a La Paz
Ante este vacío de poder y el retorno al estado de naturaleza de Hobbes que sufrimos los bolivianos, con mayor intensidad alteños y paceños, somos rehenes de los caprichos de líderes sindicales que actúan por encima de la ley. Los padres fundadores de la democracia moderna ya nos advirtieron sobre este peligro. En El federalista No 10, James Madison define a estas agrupaciones -como la actual cúpula de la COB- no como legítimos defensores sociales, sino como una tiranía, llamándolos una facción: ‘un número de ciudadanos […] unidos y movidos por algún impulso común de pasión o de interés, adverso a los derechos de otros ciudadanos o a los intereses permanentes y agregados de la comunidad’. Aún más revelador para nuestro contexto es el recordatorio de Alexander Hamilton en El federalista No 1., quien advierte magistralmente cómo se destruyen las repúblicas: ‘Una ambición peligrosa acecha más a menudo detrás de la engañosa máscara de celo por los derechos del pueblo… comenzando como demagogos, y terminando como tiranos’.
Bajo esta falsa bandera de la reivindicación de los «necesitados», que para colmo de males enarbola supremacismo racial, esta facción ha instaurado una tiranía del bloqueo. Y lo hacen utilizando la más cruel de las armas: el hambre y desabastecimiento de la población.
Tal el nivel de cinismo de los socios bloqueadores que han admitido a través de Evo Morales que su objetivo es replicar la macabra mutación del cerco a La Paz de 1781 liderado por Túpac Katari y Bartolina Sisa. Quienes ya hace más de 200 años, lideraron durante 109 días el asedio a una población, que vio cómo la ciudad se convirtió en la tumba de muchos paceños, asfixiados. Obligados a hervir cuero y comer perros y ratas para engañar a la inanición.
Hoy, en pleno 2026, la táctica del estrangulamiento colectivo sigue siendo la misma. Con la gran diferencia que las condiciones críticas de un proceso inflacionario en el que se encuentra Bolivia se han producido en un ciclo económico de aparente auge (que no produjo el MAS) y confirmada decadencia, producida, sí, por políticas públicas intervencionistas y la más infame corrupción de grupos prebendales asociados al gobierno liderados por los multimillonarios dirigentes sindicales y organizaciones sociales. Las vías están tomadas para que no llegue alimento ni oxígeno. Argollo y su élite repiten la barbarie del asedio, utilizando el sufrimiento de civiles inocentes como moneda de cambio para sus fines políticos.
Llamarlos «sinvergüenzas» queda corto revisando los datos reales de esta tragedia. Han provocado pérdidas económicas que superan los 2.100 millones de dólares y han destrozado el aparato productivo. Su bloqueo económico ha causado una distorsión tan brutal en el mercado que el precio de un pollo llegó a cuadruplicar, en La Paz, su costo en bolivianos. Pero el costo más doloroso es el humano: la Defensoría del Pueblo y otras instancias han registrado hasta 13 muertes vinculadas directamente a este conflicto. Entre estas víctimas inocentes están un niño de 12 años con una emergencia abdominal y una mujer con cáncer terminal, quienes murieron asfixiados en las carreteras porque el asedio les negó el paso a un hospital. No menos importante el sufrimiento continuo de los conductores y ayudantes de transporte pesado que también han fallecido en carretera.
Estas movilizaciones no son producto de la solidaridad. Su accionar posee agravios a doble partida: por un lado, hacen pagar a los más pobres los caprichos de su condición de adinerados magnates sindicales; por otro, operan con el apestoso tufo autoritario de quienes han sido denunciados de centralizar recursos vinculados a ilícitos y al narcoterrorismo para sostener su asedio. De sindicatos no tienen nada; de organizaciones criminales lo tienen todo.
La gravedad de este ataque ha forzado al Estado a reaccionar (porque solo no reacciona). El presidente Rodrigo Paz ha tenido que promulgar la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción como un intento desesperado por dotar al Estado de herramientas legales frente a esta conmoción interna y amenaza inminente. Sin embargo, frente a este escenario de extrema violencia, salta a la vista un silencio atroz: el de los organismos de derechos humanos. Sufrimos hoy la dictadura de los «derechos humanos selectivos». Organismos internacionales como la CIDH callan de forma indecente cuando grupos irregulares usan armas de fuego y dinamita contra la policía, dejando efectivos en terapia intensiva con impactos de bala, como ocurrió en San Julián. Pero basta que el Estado intente despejar una ruta para garantizar el alimento de millones, para que estas instituciones condenen la supuesta «criminalización de la protesta». Este doble discurso miserable demuestra que, para ellos, el derecho a bloquear tiene inmunidad sagrada, mientras que la vida de los paceños es solo un daño colateral.
Para finalizar, me dirijo a esa manga de mantenidos por el aparato estatal que sangran nuestras arcas. Han prostituido las entidades sindicales durante décadas, enriqueciéndose a costa de sus fueros y negando la movilidad social de los verdaderos trabajadores. Hoy Mario Argollo volvió a amenazar a los bolivianos (en especial alteños y paceños) en señal abierta con seguir violando la Constitución y nuestro derecho a la vida, la locomoción y a la paz. Como primera medida al igual que muchos bolivianos me entrego totalmente a Dios, en esta situación tan incierta, y estado de aparente indefensión por parte de nuestras autoridades. Y oro por las familias que no saben cómo llenarán sus estómagos los siguientes días. Pero no callaré: seguiré denunciando todas estas incoherencias de quienes dicen apropiarse del discurso en favor de los más necesitados, cuando hoy en Bolivia, y específicamente en La Paz y El Alto, solo están multiplicando la miseria.
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