El proyecto de ley del Sistema Nacional de Administración Penitenciaria ingresó a la Asamblea Legislativa, con la iniciativa de la senadora Judith García y el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, para dar el paso para la «civilización» de las cárceles; es decir, pasar la administración de los centros penitenciarios de la Policía hacia los civiles.
“Esta es una propuesta que busca fortalecer la gestión del sistema penitenciario, mejorar las condiciones de los centros de reclusión y garantizar una administración más eficiente y responsable”, señaló la senadora del PDC.
El paso de la administración policial hacia profesionales civiles de distintas áreas, es un objetivo que Llanos viene trabajando hace 13 años.
La senadora aclaró, que este cambio “no significa debilitar la seguridad ni retirar al Estado de las cárceles, sino fortalecer la autoridad del Estado, ordenar responsabilidades y profesionalizar la función penitenciaria”.
Llanos a su vez, explicó que el proyecto busca transformar el sistema penitenciario, delegando responsabilidades a profesionales libres y dejando a la Policía como vigilantes de la seguridad y el entorno.
El proyecto también apunta a generar espacios de trabajo para los privados de libertad, con actividades productivas tanto para sentenciados como para detenidos preventivos.
La construcción de centros penitenciarios también es parte del proyecto. Llanos ejemplificó la idea con la construcción de una cárcel para 450 personas, dividida en cinco bloques, tipo colmena, para diferenciar régimen abierto, régimen semiabierto, régimen cerrado, sección administrativa y área de máxima seguridad.
La clasificación de cárceles y de privados de libertad será un proceso largo, pero que irá cambiando hacia este nuevo modelo, añadió el exdirector de Régimen Penitenciario.
Sobre la administración, Llanos aclaró que los directores de las cárceles o el nuevo denominativo de Instituto de Régimen Penitenciario, será la Asamblea Legislativa a partir de ternas de postulantes, para terminar con la designación “a dedo” o por favor político desde el Ejecutivo, que luego genera corrupción.
“Ojalá tengamos mejores resultados, el proyecto ya está en el Senado y esperamos que se comience a trabajar”, concluyó Llanos.
