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Hay fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como el de la indemnización al expresidente Evo Morales, que se dieron a conocer meses después de ser resueltos. Abogados observan una “demora en los procesos y una falta de transparencia” en esta entidad judicial.
El artículo 3 del Código Procesal Constitucional señala que uno de los principios procesales de la justicia constitucional es el de la celeridad, “que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación”.
En tanto, el artículo 19 de esa norma dispone que las sentencias, declaraciones y autos constitucionales “se publicarán en la Gaceta Constitucional, cuya periodicidad será mensual”.
El 17 de marzo de este año, mediante medios, se hizo conocer que el TCP, con un auto constitucional, resuelto del 7 de mayo del 2021, determinó que Morales sea indemnizado por ser inhabilitado en 2020 como candidato a senador.
El 25 de marzo, mediante otro auto constitucional, fechado en 29 de noviembre de 2021, el TCP dejó en manos de una sala penal la decisión de si Jeanine Añez debe ser juzgada por la vía ordinaria o a través de un juicio de responsabilidades en el caso EBA.
En noviembre de 2019, un grupo de abogados interpusieron un recurso para que el TCP deje sin efecto la sentencia constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. La acción fue rechaza aproximadamente dos años después, el 1 de septiembre de 2021, y fue notificada a los juristas el 29 de ese mes.
Otro caso irregular ocurrió en mayo de 2021, cuando fue publicada la Sentencia Constitucional 012/2021, resuelta el 11 de marzo de 2021. La resolución declara inconstitucional los procesos en rebeldía y ausencia. Sin embargo, el presidente del TCP, Paúl Franco, negó la existencia del fallo.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia Arturo Yáñez manifestó que existe una falta de transparencia en el TCP. Sostuvo que hay retardación en casos que son interpuestos por ciudadanos o que afectan al gobierno de turno, pero, en cambio, hay celeridad en los procesos que benefician al partido gobernante.
“El sistema (para seguir los procesos) hay, el problema es que no muestra toda la información. Puedes ver tu caso y puedes ver la sentencia mucho tiempo después de ser resuelto el fallo. No trabajan de manera transparente. Hay retardación en los procesos y su publicación, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, de 1.000 casos, 995 son resueltos fuera de plazo, pero hacen ver la sentencia con una fecha falsa para hacer creer que ha sido resuelta en el plazo”, detalló.
Yáñez dijo que los magistrados del TCP deberían dar ejemplo de transparencia y celeridad a los procesos al ser garantes de la Constitución. “Claramente hay retardación de justicia y falsificación de fechas”, complementó.
La titular del ente colegiado de juristas, Silvia Padilla, señaló que desde que rigen las elecciones judiciales, los magistrados hacen públicos los fallos mucho tiempo después de la fecha que son resueltos.
“No es normal y no es correcto esta demora de plazos. Desde hace un tiempo las autoridades que dicen ser transparentes hacen todo lo contrario (…). Hay un excesivo secretismo en el Tribunal Constitucional y es contrario a toda lógica procesal y la Constitución. El Tribunal Constitucional es más ‘seguro’ que un banco. No puedes ingresar a sus premisas, necesitas autorizaciones especiales”, enfatizó la jurista.
“Incumplimiento de deberes”
El abogado constitucionalista Williams Bascopé afirmó que los magistrados del “Tribunal Constitucional incurren en incumplimiento de deberes”. Ello porque no cumplen con los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional para resolver causas.
“Hay muchos recursos y acciones de amparo constitucional, acciones de defensa y de inconstitucionalidad que tienen plazos. El TCP resuelve estos procesos hasta con más de un año de demora, no hay seguridad jurídica, que el artículo 179 de la Constitución le demanda. Cuando los litigantes se apersonan a Sucre, les responden que sus casos están en revisión y que tiene demasiada carga procesal”, sostuvo.
Página Siete se contactó con la unidad de comunicación del Tribunal Constitucional en busca de una contraparte sobre este tema. Desde ese despacho señalaron que consultarían quién daría la versión de la institución judicial. Sin embargo, hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//