En una semana clave para el plenario, el gobierno de Javier Milei se encamina a obtener dictamen favorable en comisiones para avanzar con la reducción de la edad de imputabilidad penal, una reforma largamente demorada y necesaria para adecuar el sistema de justicia a las realidades actuales de inseguridad. Tras una serie de reuniones postergadas por cuestiones de fuerza mayor —incluyendo feriados nacionales y el reciente fallecimiento del Papa Francisco—, el plenario de comisiones se reunirá finalmente el próximo martes.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, originalmente proponía bajar la edad mínima de imputabilidad de 16 a 13 años. Sin embargo, en una muestra de madurez política y apertura al diálogo, La Libertad Avanza acordó con sectores del PRO, la UCR, el MID y otros bloques dialoguistas una modificación clave: fijar el nuevo umbral en 14 años. Este gesto estratégico permite consolidar una mayoría legislativa para avanzar con el dictamen.
Actualmente, existen 14 proyectos de ley en discusión que proponen rangos que van desde los 12 a los 16 años. El oficialismo buscará que su versión sea la que obtenga el dictamen de mayoría. Más allá del umbral etario, los textos en debate incorporan una batería de sanciones alternativas a la prisión —como amonestaciones, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento o reparación a las víctimas—, lo que demuestra un enfoque integral que no solo busca castigar, sino también reinsertar socialmente al menor infractor.
Uno de los puntos cruciales que se debatirá será el de los límites a las penas privativas de la libertad. Mientras que el proyecto oficialista establece un tope de 20 años de reclusión, otros textos proponen reducirlo a 15. No obstante, existe consenso transversal respecto a la prohibición de aplicar penas perpetuas a menores de edad, lo que garantiza el respeto a los derechos humanos y los estándares internacionales de protección infantil.
El debate no está exento de desafíos estructurales. Algunos legisladores de distintos bloques han expresado su preocupación respecto a la capacidad del sistema penitenciario juvenil para alojar a una mayor cantidad de imputados. Si bien el proyecto del Ejecutivo no prevé en esta etapa partidas presupuestarias específicas para nuevos centros de detención, se espera que en instancias posteriores se articule una planificación de infraestructura acorde al nuevo marco legal.
- ///FUENTE: LA DERECHA DIARIO///
