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La Fiscalía prosigue las investigaciones contra los periodistas y comunicadores que trabajaron en el canal estatal BTV durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Esta vez apunta contra la gerencia, jefaturas y presentadores de la segunda etapa de canal 7, que cumplió funciones hasta noviembre de 2020.
Anteriormente, la viceministra de Comunicación del régimen de Luis Arce, Gabriela Alcón, había señalado que durante la gestión de Áñez se produjo un daño económico a los medios estatales por Bs 8.965.988, entre “desmantelamiento de equipos, incumplimiento de contratos comerciales y contratación irregular de personal”.
Sobre ese punto, en noviembre de 2021, la funcionaria explicaba que el entonces gerente general de BTV, Andrés Rojas, había contratado al presentador Pablo Llano con un sueldo que no correspondía e incluso que el conocido locutor no había acreditado su título en provisión nacional.
Hoy, el Ministerio Público, a través del fiscal Eddy Junior formalizó la imputación y pedido de detención contra ambos, además de la exgerente de informaciones Adriana Gutiérrez y otros cuatro exfuncionarios, por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, pues afirma que el presentador recibió un salario de Bs 11.498 cuando el ítem para esa labor solo aprobaba Bs 6.000, y que durante siete meses, de marzo a octubre, Llano no firmó el libro de asistencia.
El informe del Viceministerio de Comunicación de 2021 también apuntó contra los panelistas Humberto Vacaflor y Diego Ayo por recibir contratos con altos montos sin cubrir todas las especificaciones técnicas. También se señaló al gerente regional de Cochabamba, Edward Ayma porque supuestamente no presentó su libreta de servicio militar ni certificado de idioma nativo.
Vacaflor y Ayo, analistas y férreos opositores a Evo Morales y al Movimiento Al Socialismo (MAS) manifestaron que aquel era otro montaje del Gobierno para criminalizar a todos los protagonistas de 2020 y lo que el masismo llama “gobierno de facto”. En tanto, Ayma negó las sindicaciones y aclaró que dejó las fotocopias de sus documentos en los mismos archivos del canal estatal en el valle.
Ayma fue contratado por el primer gerente general de BTV durante la transición, el periodista Gonzalo Rivera, quien negó haber incurrido en alguna falta e incluso recordó que durante su corto tiempo a cargo del canal estatal se mantuvo a todo el personal.
La presentadora de noticias que contrató Rivera, Mariel Rivero, luego fue convocada por una productora independiente para trabajar en un programa comercial de la red privada ATB; sin embargo, días antes del estreno del espacio de fin de semana, fue despedida y vulnerada en su derecho a trabajar, por instrucción directa del dueño del canal, Jaime Iturri, conocido por su militancia con el llamado “proceso de cambio” del MAS.
Consultados por medios digitales, Rojas y Gutiérrez manifestaron que no emitirían declaraciones sobre este caso. Rojas es uno de los comunicadores más reconocidos del país, mientras Gutiérrez es una experimentada periodista que tiene varios premios por su labor en reportajes de investigación en televisión.
Sectores de la prensa advierten que más allá de las investigaciones, existe un claro sesgo político para tratar de judicializar a todos los periodistas, reporteros, administradores y trabajadores que cumplieron labores en los medios estatales durante 2020.
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