La historia económica enseña —con una crudeza que ningún decreto logra maquillar— que las decisiones macroeconómicas no se miden por la solemnidad del anuncio presidencial, sino por el impacto real que generan en la vida cotidiana de quienes sobreviven al día. El reciente anuncio del presidente Ricardo Paz sobre la subida del precio de la gasolina, acompañado del incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos, se inscribe en esa larga tradición latinoamericana de políticas bien intencionadas en el discurso, pero profundamente desconectadas de la realidad social que dicen proteger.
Desde la comodidad del gabinete presidencial, donde los almuerzos no se pagan con monedas contadas ni los traslados se hacen en minibús, resulta relativamente sencillo firmar decretos y hablar de “ajustes necesarios” o “medidas responsables”. La historia política está llena de gobernantes que, como monarcas de épocas pretéritas, tomaban decisiones rodeados de mármol, escoltas y automóviles negros, mientras la plebe absorbía los costos. Cambian los nombres, cambian los contextos, pero el patrón se repite con inquietante precisión.
El incremento del precio de la gasolina no es una cifra abstracta: es el aumento inmediato del transporte, del alimento, de la leche que consumen los bebés, del pan que llega a la mesa, del gas que calienta una olla en hogares donde el ingreso ya era insuficiente. En economías frágiles como la boliviana, donde la inflación no siempre se mide con honestidad estadística, el combustible funciona como un multiplicador silencioso de la pobreza. Todo sube, excepto los márgenes de resistencia de la gente.
A ello se suma el aumento del salario mínimo. En el papel, 3.300 bolivianos pueden parecer un avance social. En la práctica, para miles de pequeñas y medianas empresas, ya era difícil sostener el salario mínimo anterior. Este nuevo ajuste no golpea a los grandes sectores rentables ni a las estructuras empresariales consolidadas; golpea, sobre todo, a los emprendimientos frágiles, a los empleadores que generan empleo real sin subsidios ni privilegios estatales. El resultado es previsible y ya conocido por la historia económica: más informalidad, más contratos precarios, más trabajadores sin salario mínimo, sin seguridad social y sin derechos efectivos.
Aquí se produce la paradoja más perversa del discurso oficial: una medida que dice proteger al trabajador termina expulsándolo hacia la informalidad. Jóvenes que aceptan sueldos menores al mínimo porque no hay otra opción, madres que trabajan sin contratos, padres que encadenan empleos temporales para sobrevivir. El salario mínimo elevado, sin un tejido productivo sólido que lo respalde, no es justicia social: es retórica.
Como historiador, no puedo dejar de advertir que las crisis económicas no suelen estallar por un solo decreto, sino por la acumulación de decisiones desconectadas de la realidad social. Como periodista, no puedo aceptar que se nos pida comprensión desde un poder que no comparte las consecuencias de sus propias políticas. Y como ciudadano, me resulta imposible no señalar la distancia obscena entre quienes gobiernan y quienes pagan.
¿Se ha puesto el presidente Ricardo Paz en el lugar del joven que busca su primer empleo y encuentra puertas cerradas porque “ya no alcanza para pagar el mínimo”? ¿En el lugar de la madre que ve subir la leche mientras su ingreso real se reduce? ¿En el lugar del pequeño comerciante que, entre impuestos, salarios y combustible, se pregunta cuánto tiempo más podrá resistir antes de cerrar?
Gobernar no es solo administrar cifras ni equilibrar hojas de Excel. Gobernar es comprender la vida concreta de la gente. Es reconocer que no todos llegan al trabajo en camionetas oficiales ni comen en mesas de gabinete. Es aceptar que decretar desde arriba es fácil cuando el costo siempre lo pagan otros.
Esta columna no es un ataque personal, sino una interpelación histórica y ética. Invito —y sí, sanciono desde la palabra crítica— al presidente a revisar su mirada, a abandonar la lógica del decreto cómodo y a construir políticas económicas que nazcan desde abajo, desde la calle, desde el mercado, desde el hogar que cuenta cada moneda antes de llegar a fin de mes.
Porque cuando la “paz” económica se impone por decreto, suele ser solo para quienes nunca sienten el temblor del hambre. Y la historia, tarde o temprano, siempre cobra factura.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Historiador, periodista, escritor y docente universitario
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
