Propuesta: Creación del Sistema de Fiscalización y Control de Custodia “Marco Antonio Aramayo”
Entre 2016 y 2024, las celdas policiales de Bolivia se convirtieron en recintos de una tragedia silenciosa documentada por la investigación periodística “Muertes bajo custodia estatal: el silencioso circuito de la impunidad” (impulsada por ANF, IPYS, AECID, Brújula, Erbol y Acceso Investigativo): 58 personas perdieron la vida en recintos policiales y más de 500 en las cárceles entre 2019 y 2024. No hablamos de simples estadísticas ni de accidentes fortuitos; nos enfrentamos a un circuito institucional de impunidad donde ingresar a un calabozo equivale, en demasiadas ocasiones, a una condena de muerte sin juicio previo (https://accesoinvestigativo.com/muertes-bajo-custodia-estatal/).
Casos aberrantes como el de Martín Poma o el de Luis Fernando Benítez en Bermejo, torturado hasta la muerte por una deuda familiar, desnudan una realidad insostenible y una quiebra absoluta del deber de garante del Estado.
Señor fiscal general: La Justicia no puede seguir firmando coartadas
Asumir el mando de la fiscalía general del Estado exige un cambio de paradigma con un enfoque político y técnico (politécnico). Político, porque requiere la firmeza del Estado para erradicar las zonas grises de detención y los abusos de poder; y técnico, porque exige rigor científico en las autopsias, sistemas de trazabilidad digital y cumplimiento de estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota.
Durante años, la respuesta fiscal ha sido la complacencia corporativa, convalidando pericias deficientes del IDIF y tildando de «suicidio» muertes físicamente imposibles. Señor fiscal general: el Ministerio Público ha funcionado como el notario de la impunidad. La sociedad exige saber: ¿Cuántas muertes más esperará la Fiscalía para aplicar una persecución penal implacable contra los custodios infractores?
Propuesta: Creación del Sistema de Fiscalización y Control de Custodia “Marco Antonio Aramayo”
Esta propuesta representa un mecanismo inédito en el ordenamiento jurídico boliviano al unificar la auditoría civil independiente con la coacción penal fiscal automatizada. Este sistema es plenamente viable porque no requiere la creación de una nueva macroestructura burocrática, sino la reingeniería y asignación de fiscales especializados de turno con apoyo técnico multidisciplinario.
Para honrar la memoria institucional de las víctimas del sistema y visibilizar la gravedad de la indefensión ciudadana, proponemos que esta iniciativa lleve el nombre de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien sufrió una prolongada y abusiva detención preventiva plagada de vulneraciones sistemáticas, negación del debido proceso y un grave deterioro de salud que terminó provocando su fallecimiento bajo custodia estatal sin haber recibido una sola sentencia ejecutoriada.
El “Sistema de Fiscalización «Marco Antonio Aramayo» se estructurará sobre tres pilares:
1. Auditorías Sorpresivas e Interconexión Biométrica en Tiempo Real: Desplazamiento obligatorio de fiscales anticorrupción y de derechos humanos —dotados de sistemas de registro digital independientes— para auditar las condiciones físicas y el estatus procesal de los aprehendidos cada 12 horas en carceletas y celdas policiales, eliminando la «zona gris» de incomunicación.
2. Desmonopolización Técnica de Peritajes Forenses: Ante una muerte bajo custodia, se prohíbe el monopolio investigativo exclusivo de la policía. Se establece por norma fiscal la participación obligatoria de una junta médica o pericial independiente (con veeduría universitaria y de la Defensoría del Pueblo) para aplicar rigurosamente el Protocolo de Minnesota.
3. Tipo Penal Específico de Tortura y Homicidio por Omisión de Garante: Modificación de los protocolos de imputación formal para que cualquier director de recinto o custodio donde ocurra un deceso bajo custodia sea procesado automáticamente bajo la figura agravada de omisión de garante, bloqueando el velo de reserva institucional.
La democracia boliviana está herida de muerte cada vez que un ciudadano ingresa vivo a una celda y sale en un cajón. Señor fiscal general, que el legado de Marco Antonio Aramayo y las decenas de víctimas invisibles sirva para demoler los cimientos de este circuito de impunidad. Usted tiene poco tiempo, 90 días, pero el suficiente como sembrar las bases de la transformación de la fiscalía como entidad encargada de perseguir el delito y evitar que los crímenes queden en la impunidad, bajo los principios de defender la legalidad, los intereses de la sociedad y velar por que se cumplan las leyes.
Bienvenido doctor Jose Armando Urioste Viera, fiscal general del Estado interino.
