«Aprovechando esta ausencia, las redes criminales sustituyen al Estado»
No somos Haití, Somalia, Yemen o Siria, a los que se considera países débiles o Estados fallidos, pero tenemos problemas por falta de gobernabilidad o ausencia plena del Estado.
El Gobierno boliviano no puede negar que Guayaramerín se ha convertido en punto de avance de las dos grandes organizaciones criminales de Brasil: el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho. En este suelo boliviano operan y se refugian estas organizaciones criminales internacionales. El jefe policial de la zona, Jhonny Rivas, admite que el narcotráfico y el contrabando son pan de cada día; la muerte de 755 personas el año pasado es una muestra de ello. Estas organizaciones se disputan un corredor por donde los narcotraficantes transportan drogas al extranjero, según versión del ministro Marco Antonio Oviedo.
El trópico de Cochabamba se ha convertido no solo en el bastión de Evo Morales, sino la región, donde el control lo ejercen las organizaciones sindicales y sectores vinculados a la producción de coca. En diversos periodos, el ingreso de efectivos policiales y fiscales ha sido bloqueado o condicionado por grupos locales. Políticos y analistas han catalogado a esa región como un foco de alta conflictividad y un punto crítico por el posible tráfico de sustancias controladas, que cuentan además con un aeropuerto. El dirigente campesino Vicente Choque, opinó que en caso de que el Gobierno decida intervenir en el Trópico de Cochabamba para aprehender a Morales, serían necesarias más de mil muertes en la región.
Los políticos y sectores de la población piden la intervención militar en El Chapare y que el expresidente responda ante la justicia. “Evo Morales debe responder por todo el daño económico y social que ha ocasionado al país. Hay que recuperar El Chapare; debe cumplirse la Ley, esta región se ha convertido en una zona de exclusión judicial”, apuntó el diputado Leonardo Roca (Libre), señalando a Morales, por haber propiciado los 53 días de bloqueo, con un saldo de 25 muertos.
Envalentonados por la tolerante actitud del gobierno, un dirigente del Chapare se animó a amenazar. “Vamos a hacer el rastrillaje correspondiente a todos los alojamientos y hoteles donde pueden estar ellos. Los agentes que se haga pillar se lo entregamos a la justicia del pueblo. Si el gobierno quiere jugar al amedrentamiento, nosotros vamos a seguir el mismo juego”.
Un elemento más en esta torta de regiones sin control. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) admite la pérdida de gobernanza y la presencia de grupos armados en enclaves mineros ilegales como en Mapiri, Guanay, Teoponte, la cuenca del río Madre de Dios y cerca de Misicuni, Cochabamba, donde los mineros colocan trancas ilegales y resistencia violenta frente a inspecciones estatales. Los ingresos por la exportación del oro en este año han llegado a los 1.735 millones de dólares, aunque los especialistas aseguran que supera ampliamente los 2.000 millones de dólares, pero la falta de control estatal, limitan el conocimiento de datos certeros.
Un dato más, reportes de seguridad identificaron corredores en Oruro y Potosí como Sabaya y Pisiga, cercanos al salar de Uyuni, donde redes transnacionales de contrabando y narcotráfico ejercen control territorial, superando frecuentemente a un número limitado de puestos militares y aduaneros.
El Ejército se ve imposibilitado de controlar los 7.013 kilómetros de frontera con Brasil (3.423), Argentina (775), Paraguay (742), Chile (861) y Perú (2.212). Los puestos fronterizos son escasos, el control es permanentemente superado y parece imponerse el adagio: si no puedes con tu enemigo, únete a él; tal vez así se explique porque algunos policías y exmilitares forman parte del contrabando y el narcotráfico; mientras el resto no puede frenar la delincuencia al verse superado en número, logística y armamento.
Esto ocurre por la debilidad institucional y corrupción, de manera que el gobierno se siente incapaz de mantener presencia policial, judicial o administrativa en las zonas citadas. Aprovechando esta ausencia, las redes criminales sustituyen al Estado, imponiendo sus propias reglas, cobrando impuestos ilegales y controlando a los ciudadanos de dichas regiones, hasta convertirlos en centinelas del jefe.
Esta tarea gigantesca de control de fronteras y presencia estatal en regiones donde imperan “reyes chiquitos” compete al gobierno y a la oposición, porque nadie quiere que el Estado vaya perdiendo gradualmente presencia en regiones, por ahora vulnerables.
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